Feijóo deja sola a Ayuso: solo Madrid recurrirá el currículo de Bachillerato ante el Supremo
El PP apoya el recurso porque «el adoctrinamiento debe quedar al margen de las aulas». Otras regiones gobernadas por los ‘populares’ optan por «corregirlo»
Isabel Díaz Ayuso durante la rueda de prensa de este lunes. | Atilano García (Zuma Press)
La Comunidad de Madrid vuelve a dar la batalla ideológica. Esta vez, a costa del currículo de Bachillerato elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo porque «conlleva una gran carga ideológica». En esa empresa no le acompañarán otras regiones gobernadas por el PP, que han optado por desarrollar la parte del currículo que les compete para «corregir» una norma educativa, la conocida como Ley Celaá, «mala». El partido ha respaldado la ofensiva de Ayuso porque «el adoctrinamiento debe quedar al margen de las aulas».
Ayuso ha anunciado este lunes, último día de plazo para su presentación, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Un portavoz de la Comunidad de Madrid especifica a THE OBJECTIVE que lo que se ha presentado es un recurso de interposición, que es el paso previo para recurrir el currículo de Bachillerato aprobado por la Lomloe y su suspensión cautelar. Ahora, el Alto Tribunal debe recopilar toda la información y, una vez remitida, el Gobierno regional dispondrá de 20 días para presentar la pertinente denuncia.
Las regiones del PP
«Este currículo forma parte de un rediseño de España entera», ha sostenido Ayuso, que no descarta buscar el amparo del Tribunal Constitucional. Para la presidenta regional, «el Gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la educación de todos los españoles», ni silenciar «el debate sobre algo tan importante». La decisión de acudir a los tribunales ha sido respaldada por la dirección nacional del partido, que considera que las comunidades autónomas están «legitimadas para dar este paso».
Solo Madrid presentará recurso. Los demás territorios gobernados por los populares, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia, han declinado seguir los pasos de Ayuso. Previamente, la dirigente regional trasladó la decisión al líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. «Soy presidenta de Madrid por encima de presidenta del PP», ha insistido en la rueda de prensa en la que ha avanzado su estrategia. Los expertos consultados sostienen que la demanda tiene pocos visos de prosperar, ya que las regiones pueden desarrollar parte del currículo; un 40%, que se convierte en un 50% cuando son comunidades con lengua propia, caso de Galicia.
Castilla y León también presentará batalla, solo que lo hará de una forma «más efectiva». Esta pasa por abordar las carencias que se han encontrado en el currículo y adaptarlos con las herramientas a su alcance, explica a este diario una portavoz regional. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asegurado que durante el periodo de tramitación no se modificará la esencia de los currículos educativos, por lo que las editoriales pueden trabajar en la confección de los libros de texto, que en última instancia debe aprobar el Gobierno regional. Además, ha recordado que ya pidieron que la aplicación de los nuevos currículos se retrasara un curso y lamentado que el ministerio enviara los borradores con meses de retraso.
Andalucía, inmersa en un proceso electoral, tampoco recurrirá los currículos, aunque los ha adaptado. Murcia no ha aclarado su posición, aunque no ha registrado ningún recurso por el momento a pocas horas de que acabe el plazo para hacerlo. Galicia también ha desestimado presentar una queja ante el Tribunal Supremo. «Como llevamos defendiendo meses, la nueva ley educativa es una mala ley que se está desarrollando de un modo aún peor, aprovechando una pandemia, sin diálogo con las comunidades autónomas y como moneda de cambio con el independentismo», explica un portavoz de la Xunta.
«Minimizar el impacto de la ley»
En el caso concreto de los currículos, asegura que Galicia comparte «la inquietud» de otras comunidades «ante un Gobierno que pretende usar la Educación en su beneficio». Afirman que van a tratar de corregir la situación a través de una fórmula propia, que consiste en desarrollar el 50% de los currículos. «Trabajamos desde hace tiempo para hacerlo con 27 grupos de trabajo formados por 120 expertos». Entre ellos se encuentran inspectores, profesores, maestros y asesores docentes.
Un portavoz de la Xunta afirma que, de esa manera, logran «minimizar» el impacto de esta ley, ya que cuentan con «un modelo de éxito» avalado por los resultados del informe PISA y la reducción del abandono escolar (está actualmente en un 8,1% frente al 25,6% de 2009). «Por eso haremos los mínimos cambios posibles», insisten. Las principales correcciones afectan a materias como Historia y Filosofía. Además, reforzarán competencias básicas lingüísticas, humanísticas, matemáticas y científicas. «Preservamos la cultura del esfuerzo con la que el Gobierno pretende acabar, eliminando las notas numéricas, que en Galicia vamos a mantener».
La Comunidad de Madrid asegura que se ha visto obligada a llevar el currículo aprobado por el Gobierno central ante el Supremo porque está «repleto de mantras de la izquierda». Señalan diversos ejemplos de «adoctrinamiento» en los libros de texto. En Historia de España afirma que se han omitido expresiones como que la dinastía Borbón implantó el centralismo administrativo. Sí se recogen conceptos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, emergencia climática y algunos relacionados con la ideología de género. Un portavoz regional afirma que los están eliminando o reduciendo en la medida de sus posibilidades.
Los partidos de izquierda en la Asamblea de Madrid han mostrado su disconformidad con el camino emprendido por Ayuso. Juan Lobato, del PSOE, ha asegurado que la presidenta «no tiene capacidad de pasar una semana sin montar una pelea». El líder de los socialistas madrileños sostiene que esta decisión «no es buena para los madrileños. Ha tenido varios rapapolvos judiciales. Está empeñada en recurrir todo lo que sea que se apruebe». La portavoz de Más Madrid, Mónica García, sostiene que «a Ayuso se le está poniendo cara de inquisidora» y afirma que recurrir el currículo forma parte de «una polémica artificial».
«Política de confrontación»
La portavoz de Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, se ha mostrado sorprendida de que «la región que menos invierte en Educación Pública se permita estos anuncios» y lamenta que la presidenta regional vuelva «otra vez a su política de confrontación». Desde que Ayuso accedió al poder, en verano de 2019, los enfrentamientos con el Ejecutivo de Sánchez han sido constantes. Han chocado en cuestiones de fiscalidad, gestión de la pandemia y política internacional. Tampoco se ha salvado la Educación. La dirigente madrileña ya intentó detener los recursos de ESO y Bachillerato y ahora estudia recurrir la nueva ley de universidades.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afeado a Ayuso que esté «generando continuamente ruido» en lugar de «hacer sus deberes» en materia educativa. Alegría ha asegurado que «no es propio de una alumna aventajada» anunciar recurso contra un decreto «que lleva dos meses aprobado y publicado» en el BOE. E insistió: «Madrid no ha aprobado ninguno de los decretos que le corresponden, lo que significa que, hoy, las familias madrileñas no saben cuáles serán los que regirán cuando se inicie el curso dentro de dos meses».
