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Cataluña

El Consejo de Garantías avala por unanimidad la ley del catalán de PSC, ERC, Junts y comunes

Señala que los artículos cuestionados «no vulneran» ni la Constitución ni el Estatut

El Consejo de Garantías avala por unanimidad la ley del catalán de PSC, ERC, Junts y comunes

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se dirige al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès en el Parlament. | David Zorrakino (Europa Press)

El Consejo de Garantias Estatutarias (CGE) ha avalado por unanimidad la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron PSC-Units, ERC, Junts y comuns tras la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano, han informado fuentes parlamentarias.

El CGE, órgano consultivo de la Generalitat que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, ha emitido su dictamen sobre la proposición de ley a petición de Vox, Cs y PP, que la consideraban inconstitucional y contraria al Estatut, lo que paralizó la votación sobre la ley por lectura única y urgente, prevista para el viernes 27 de mayo.

El CGE ha agotado el plazo para emitir su dictamen, que era de siete días hábiles, y ha llegado después del plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al Govern para ejecutar su sentencia, según informa Europa Press.

No se vulnera la Constitución ni el Estatut

En su dictamen, al que ha tenido acceso Efe, el Consejo de Garantías Estatutarias señala que los artículos cuestionados «no vulneran» ni la Constitución ni el Estatut. 

El informe esgrime que el apartado 2 del artículo 1, que omite al castellano como lengua vehicular, no vulnera los artículos 3 (relativo a a que el castellano es la lengua oficial en toda España) ni el referente a la libertad de enseñanza de la Constitución (artículo 27).

Tampoco los artículos 6 que estipulo que el catalán lengua preferente y normalmente utilizada en el aprendizaje. Ni el artículo 37 sobre garantías de los derechos estatutarios del Estatuto. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sostiene que la no inclusión de los porcentajes tampoco infringe los cuatro artículos citados.

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