El Gobierno dilata su batalla contra Rubiales (RFEF) por miedo a los chats con Sánchez
Fuentes socialistas apuntan a que Iceta se abrió a denunciar las grabaciones de Rubiales, pero La Moncloa lo desaconsejó. José Manuel Franco guarda silencio
Miquel Iceta, en una imagen de archivo. | Europa Press
El caso que afecta al Presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sacude al ministerio de Cultura y Deportes, liderado por Miquel Iceta, y pone en la diana al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco. Tras conocerse las grabaciones de Rubiales al exministro del ramo José Guirao y la presentación ante dicho organismo del Gobierno de al menos tres denuncias, queda por ver cuál será la actuación del Ejecutivo. Las fuentes consultadas apuntan a que Franco debería haber trasladado ya ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dichas demandas, pero el CSD guarda silencio y algunos temen que intente tapar el caso para proteger a Rubiales.
El caso Rubiales tiene dos derivadas. La primera afecta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas apuntan a la «preocupación» que hay en la Moncloa de que Rubiales guarde grabaciones de conversaciones con el presidente del Ejecutivo. Esta es la razón por la que, creen, el ministro Iceta haya de momento evitado trasladar a los tribunales el asunto, a pesar de que Rubiales grabó a José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, entre junio de 2018 y enero de 2020.
La publicación de este lunes de El Confidencial confirmaría la tesis del miedo a las grabaciones de Rubiales. En varias conversaciones privadas, se pueden leer mensajes en los que Rubiales se quejó a Pedro Sánchez de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y pidió reunirse a solas con él para hablar de la organización del mundial de fútbol.
Miedo a la «guerra de filtraciones»
Cuando se supo de las primeras grabaciones de Rubiales, según apuntan fuentes tanto jurídicas como socialistas, Iceta abrió internamente la posibilidad de denunciar al presidente de la RFEF ante la Justicia. Pero evitó hacerlo por una orden de Moncloa. El pasado 20 de abril, el ministro pidió públicamente a Rubiales que aclarase el tema de las comisiones y calificó de «inaceptable» las grabaciones a miembros del Gobierno. Afirmó, en plena polémica por el caso Pegasus, que en España «no se puede ni se debe espiar». Pero después guardó silencio.
Los asesores y estrategas del presidente estarían desaconsejado intervenir a nivel judicial para evitar entrar en una «guerra de filtraciones«, explican las fuentes consultadas. Es por esto que, al menos de momento, el ministerio de Deporte se ha puesto de perfil. El CSD tampoco quiera aclarar, tras una petición de información registrada por este diario, si ya ha elevado todas las denuncias al TAD.
Se trata, en primer lugar, de una denuncia interpuesta ante el CSD por la Asociación Española de Futbolistas (AFE), por el presunto espionaje a su presidente David Aganzo; otra de la SAD Villaverde por la polémica sobre los descensos que afectan a ese y a otra cuarentena de equipos; y una tercera denuncia del presidente de CENAFE y excandidato a la presidencia de la RFEF, Miguel Galán, que pide investigar las comisiones y contratos de la Supercopa, el alquiler del piso de Rubiales con fondos de la Federación, el viaje de este último a Nueva York junto a su pareja y las presuntas grabaciones a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.
Uno de los protagonistas de este muro de silencio es el presidente del Consejo Superior de Deportes, según afirman las fuentes consultadas. José Manuel Franco, que ejerce también de secretario de Estado, antes fue un importante dirigente del PSOE de Madrid. Ocupa el cargo desde el pasado 31 de marzo de 2021, a propuesta del entonces ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
Derivada judicial
Fuentes conocedoras del caso señalan a este diario que el Consejo Superior de Deporte está obligado a dar traslado al TAD de las tres denuncias. Pero se desconoce si a día de hoy esto ha ocurrido. El problema es que, de no haber sido así, el actual presidente del Consejo de Deporte podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa, explican las fuentes consultadas.
La segunda derivada del caso es la judicial. Tal y como contó este diario, Miguel Galán interpuso una querella contra Rubiales y Gerard Piqué ante los juzgados de primera instancia e instrucción de Majadahonda pidiendo que sea uno de sus jueces quien investigue un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal.
El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) pide que se investiguen los contratos y presuntas comisiones por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, el pago del alquiler de la vivienda de Rubiales en Madrid con fondos de la RFEF, el viaje a Nueva York junto a su novia y, por último, el presunto espionaje o grabaciones efectuadas a varios altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, que desveló El Confidencial.
Batalla judicial
Es en este ámbito donde, según las fuentes consultadas, se ha registrado una división entre Iceta, abierto a elevar a los tribunales el asunto de Rubiales y Piqué, y José Manuel Franco. El presidente del Consejo Superior de Deporte ha preferido esperar y ganar tiempo ante un asunto que podría acabar afectando directamente a Sánchez. Y estaría actuando con el visto bueno de la Moncloa, según afirman las fuentes consultadas.
El Gobierno no sería la única institución interesada en enterrar el asunto para evitar que se extienda en una polémica nacional que salpique a Sánchez. Otra entidad, Manos Limpias, ha presentado una denuncia ante los juzgados de plaza Castilla contra Rubiales y Piqué, además de contra otro directivo de la RFEF y dos abogados. De ser admitidas a trámite por un juez alguna de las denuncias o querellas presentadas por Galán o por Manos Limpias, la Fiscalía Anticorrupción debería entregar al magistrado todas las diligencias practicadas hasta el momento, según fuentes jurídicas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explican que la querella de Galán en Majadahona y la denuncia de Manos Limpias en Plaza Castilla aún no han sido repartidas a ningún juez. Este será un momento clave porque, de ser admitidas a trámite por algún juzgado madrileño, Anticorrupción perderá las riendas de la investigación. Galán cree que el órgano competente en la materia son los juzgados de Majadahonda, ya que los presuntos delitos se habrían cometido en el vecino municipio madrileño de Las Rozas, donde tiene sede la RFEF.
