El Parlament aprueba la ley del catalán en plena batalla judicial por el 25% de castellano
El independentismo se divide en la cuestión lingüística. La CUP afirma que abre la puerta al «castellano» en las aulas y que no blinda el modelo de inmersión
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. | EP
El Parlament ha aprobado la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y el rechazo de Vox, Cs, PP -que habían presentado enmiendas a la totalidad– y CUP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avalara que no vulnera la Constitución ni el Estatut.
La proposición de ley, que se ha debatido este miércoles al inicio del pleno, recoge que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular, y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes.
La iniciativa llega al pleno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a principios de mayo, ordenara a la Conselleria de Educación la ejecución, en un máximo de 15 días, de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.
Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y comuns estuvieron semanas negociando con la intención de aprobar una ley antes de que terminara el plazo TSJC dio para ejecutar la sentencia, un pacto que finalmente alcanzaron en el último momento. No obstante, y como informó THE OBJECTIVE, no podrá sortear la sentencia ni blindar la inmersión.
La oposición se moviliza
Vox, Cs y PP la llevaron al CGE –el Govern sí aprobó en paralelo un decreto que descarta porcentajes–, después de que socialistas, republicanos, Junts y comuns alcanzaran este acuerdo la semana anterior.
Los cuatro grupos impulsores de la propuesta la acordaron tras reabrir negociaciones después de que Junts se descolgara en marzo de un acuerdo inicial para modificar la Ley de Política Lingüística, que los de Laura Borràs descartaron horas después del anuncio al considerar que había generado rechazo en comunidad educativa y entidades.
El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado que la proposición de ley es «el último engaño de una crónica de engaños y deslealtades tejidas por el nacionalismo en cooperación con el socialismo y la izquierda que representa Podemos», y además de asegurar que su contenido pretende excluir el castellano de las aulas y burlar las órdenes de los tribunales, ha explicado que han presentado una iniciativa alternativa para revertir esta situación
Desde Vox, el diputado Joan Garriga ha reiterado que llevarán la proposición de ley al Tribunal Constitucional (TC) por no reconocer el castellano como lengua vehicular y que presentarán una querella por presunta desobediencia por «incumplir» la sentencia del TSJC, y ha acusado al Govern de usar la inmersión como un objetivo político.
«La inmersión, tal y como se aplica en Cataluña, es ilegal en todo el mundo democrático en el que confluyen dos o más lenguas oficiales», ha lamentado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, tras asegurar que se quiere tratar al castellano como lengua extranjera, y ha reprochado que socialistas y comuns apoyen la proposición de ley.
Independentismo roto
Desde la CUP, Carles Riera ha pedido retirar la ley porque cree que representa un primer paso para introducir el bilingüismo en las escuelas catalanas, y ha preguntado al presidente del Govern, Pere Aragonès, y al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, si darán instrucciones a los centros que ya están aplicando un 25% para que dejen de hacerlo una vez aprobada la ley.
A diferencia del consenso logrado en el pasado entre las fuerzas nacionalistas en todo lo relativo a la cuestión lingüística, esta ley ha roto la unidad del independentismo. La CUP ha denunciado que abre la puerta al bilingüismo en las escuelas, y la autodenominada ONG del catalán, Plataforma per la Llengua, también se opuso por no proteger el modelo monolingüe de inmersión.
La Assemblea Nacional Catalana tampoco considera que este pacto lingüístico de ERC y Junts con PSC y comuns sirva para frenar la injerencia de los tribunales en el sistema educativo catalán. Por su parte, Òmnium Cultural ha mantenido una línea en consonancia con ERC y Junts y busca desde la sociedad civil movilizar a una parte del electorado independentista contra el 25% de horas lectivas en castellano exigido por la Justicia.
