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Los pediatras denuncian que Madrid deja sin sanidad a cientos de niños inmigrantes

Desde la Consejería de Sanidad de la comunidad aseguran que la asistencia en recién nacidos «está garantizada». Los expertos lo niegan

Los pediatras denuncian que Madrid deja sin sanidad a cientos de niños inmigrantes

EP

Cientos de niños en la Comunidad de Madrid se han quedado sin atención médica al haber desaparecido del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Se trata de menores de padres inmigrantes en situación irregular –aunque no en todos los casos, según ha podido saber THE OBJECTIVE–, que no son atendidos en los centros de salud ni hospitales al haber sido dados de baja del sistema sanitario «sin importar su situación o enfermedad». Lo denuncia así siete sociedades y asociaciones de pediatría, como la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que mediante varios escritos han reivindicado estar «extremadamente preocupados» por la exclusión sanitaria que están sufriendo algunos menores.

Es el caso de un menor con anemia de Fanconi al cual se le ha denegado un transplante de médula. Esta cuestión ya está en los tribunales, pero el pequeño ve su situación empeorar cada día al no poder ser atendido por un sistema de salud universal «que lo ha dejado excluido por temas administrativos». Y como él, cientos de niños en la Comunidad de Madrid y varios casos en Galicia que, por ejemplo, no han podido cumplir su calendario vacunal «porque han sufrido una exclusión sanitaria de facto», denuncian estas asociaciones en un comunicado conjunto. Una situación que lleva produciéndose «de forma descarada» desde el 10 de noviembre de 2021 y que afecta a 25.000 personas, según confirman a este diario fuentes del sector que prefieren preservar el anonimato. 

Trabas administrativas

El motivo de esta exclusión, que va en contra de la Convención de los Derechos del Niño que en su artículo 24 establece que cualquier menor debe tener asegurada la prestación de la asistencia médica y sanitaria independientemente de su situación administrativa, se debe a la puesta en marcha del RDL 16/2012 por el cual para que un inmigrante sea atendido en el sistema sanitario español tiene que estar «correctamente identificado» y tener «cierto arraigo», es decir, una estancia superior a 90 días. De esta forma, se están cruzando las bases de datos de extranjería con las del Instituto Nacional de Salud y se está procediendo a la baja de toda persona que no cumpla con uno de los dos requisitos mencionados anteriormente: correcta identificación mediante pasaporte y demostrar que lleva más de tres meses en la Comunidad mediante padrón. De esta forma, niños que en su día sí recibieron una atención sanitaria adecuada, ahora, «sin previo aviso», se han quedado sin asistencia médica. Así lo aseguran a THE OBJECTIVE las fuentes expertas consultadas que se encuentran en conversaciones con la Comunidad de Madrid con el objetivo de abordar esta situación.

«Esta condición se aplica sin excepciones, ya se trate de menores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades graves cuya atención no debería demorarse», señalan, asegurando que cada vez son más las mujeres embarazas las que van a dar a luz al hospital «sin ningún tipo de control previo, sin haber sido vacunadas y sin ninguna ecografía realizada». Un hecho que también ha sido denunciado por estas cinco asociaciones y sociedades de médicos en su escrito: «Tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria se han incrementado los casos de recién nacidos de madres que no han podido tener ninguna cita prenatal a pesar de llevar varios meses en Madrid o de niños migrantes que no han podido ser vacunados en sus centros de salud», se lee en el escrito.

«Yo llevo tres años y medio tratando a un niño que tiene mucha asma. El otro día vino de nuevo a consulta y no pude entrar en su historial. Efectivamente, había sido dado de bajo del Sistema», cuenta a este periódico una pediatra que prefiere guardar el anonimato y que asegura que semanalmente se encuentra «cinco o seis» casos similares, como el de dos hermanos de cuatro y nueve años a los que lleva tratando «toda la vida» y «el otro día» en la farmacia le comunicaron a los padres –madre española y padre argentino– que sus hijos no tenían derecho a receta médica al haber sido dados de baja.

Unidades de tramitación, «un cuello de botella»

El pasado 11 de noviembre, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid anunciaba la creación de siete Unidades de Tramitación para extranjeros. Anteriormente a estas unidades, según las fuentes consultadas, los inmigrantes eran dados de alta en el Sistema Nacional de Salud presentando el padrón y el pasaporte en el propio centro de salud, sin embargo, desde la creación de éstas, esto solo es posible en ellas.

«Las UT son un cuello de botella y se están erigiendo como centros de segregación», aseguran los expertos consultados, que denuncian las largas listas de espera que se están generando para conseguir una cita y que hace que muchas personas no tengan atención y si acuden a urgencias serán facturados. Así una decenas de sociedades y asociaciones de pediatría, como la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), han reinvindicado mediante varios escritos estar «extremadamente preocupados» por la exclusión sanitaria que están sufriendo algunos menores.

La respuesta de la Consejería de Sanidad de Madrid

Preguntados por THE OBJECTIVE, la Consejería de Sanidad de la comunidad de Madrid asegura que ha mantenido «una jornada de trabajo» con las asociaciones y sociedades científicas de Pediatría para responder a todas las dudas de carácter administrativo y normativo que plantean. «Se ha abierto un canal de comunicación con ellas para que remitan los casos que hayan detectado de problemas de acceso al sistema por no ser dados de alta correctamente», explican a este periódico, asegurando que «la atención sanitaria para recién nacidos, pautas de vacunación en menores, asistencia en Urgencias o la continuidad de tratamientos están garantizadas independientemente de su situación administrativa». Un hecho, hacen hincapié los pediatras afectados, «es totalmente falso».

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