La nueva ley para limitar la privatización de la Sanidad abre otra brecha en el Gobierno
Podemos acusa al PSOE de permitir la colaboración público-privada en los servicios de salud y amenazan con tumbarla en el Congreso
La ministra de Sanidad, Carolina Darias. | Jesús Hellín (EP)
Con cada nueva norma que presenta el Ejecutivo, las divisiones entre los socios de Gobierno parecen hacerse más evidentes. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia sanitaria universal. Una normativa con la que claramente se quiere poner trabas a cualquier tipo de privatización de la sanidad por parte de las comunidades autónomas, pero que no contenta del todo a Podemos.
En concreto, lo que no gusta a los ‘morados’ y su posición maximalista es que se siga manteniendo la puerta abierta a la colaboración público-privada en materia de salud, por mucho que con la redacción actual esta se convierta en un recurso «excepcional». «Es verdad que hay un avance retórico según el cual se define al sistema público de gestión directa como prioritario y se circunscribe la privatización de servicios solamente a situaciones excepcionales, pero los expertos nos dicen que la redacción actual no tendrá efectos», ha asegurado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.
«Esto es así porque la definición de ‘excepcionalidad’ que lleva a cabo la ley es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana», continua Echenique. «Y la mejor prueba de que no se está poniendo ningún tipo de límite material a la privatización de la sanidad es esta gráfica. El fin de semana, el presidente anuncia la ley y, el lunes, el mayor operador de la sanidad privada en España ni se inmuta en la bolsa alemana», apunta.
En este sentido, los ‘morados’ han dejado claro que la normativa, tal y como la ha presentado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tiene que ser modificada en el trámite parlamentario para derogar así la ley 15/1997 de José María Aznar, el verdadero objetivo de Podemos. «Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el Congreso», han amenazado tanto Echenique como el diputado Juan Antonio Delgado.
En cualquier caso, y a pesar de que esta posición de los socios de Gobierno es conocida por Sanidad desde que se publicó el borrador de la misma a finales de 2021, Darias no ha querido hablar de discrepancias a la hora de presentar la ley tras el Consejo de Ministros y ha asegurado que la redacción actual supone un paso adelante contra la privatización de la salud pública.
«Es una Ley que mana del Consejo de Ministros, ha sido tremendamente enriquecida y participada. Del texto aprobado en primer vuelta al de hoy hay cambios sustanciales, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar«, ha reivindicado al respecto la ministra.
Blindar la sanidad y limitar los copagos
A pesar de que las críticas de Podemos van precisamente en este sentido, una de las medidas más importantes del Anteproyecto es, según Darias, «blindar» la sanidad pública, de forma que el modelo de gestión «preferente» a partir de ahora será el «directo», es decir, el realizado directamente por las administraciones públicas.
El problema para los ‘morados’ es que también se establecen «excepciones» para que la gestión de los centros sanitarios sea «indirecta», es decir, a través de modelos privados, pero solo como «complementaria y de apoyo». De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria «cuando no se a posible la gestión directa» y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como «la optimización de recursos sanitarios» o la «insuficiencia de medios propios para prestar los servicios».
Será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el que determine las pautas para decidir si las CCAA que quieran privatizar un servicio sanitario cumplen los requisitos o no. Por todo ello, Darias ha defendido que el Anteproyecto «requisita exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas», a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías.
El Anteproyecto también contempla la posibilidad de realizar una «modificación legislativa y normativa» a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios «en las mejores condiciones posibles». En este sentido, según ha resaltado Darias, también tiene como objetivo «establecer la eliminación de los copagos sanitarios», especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos.
Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios «única», evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia. En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.
También se persigue que esté garantizado el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.
