Mandos policiales amenazaron a Banca Privada d'Andorra para obtener información sobre Pujol
Cargos policiales trataron de conseguir datos sobre dirigentes catalanes en su «guerra contra el nacionalismo»
La investigación de la Justicia andorrana al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz refleja presiones por parte de los mandos policiales de la época a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener datos sobre las presuntas irregularidades financieras del clan de los Pujol.
«Me han dicho que le comunique lo siguiente, que el Banco de España está haciendo una inspección a Banco de Madrid y se lo van a cargar», fue la presunta amenaza que recibió en 2014 el consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, por parte de Celestino Barroso, que se identificó como el agregado de Interior en la embajada española en Andorra.
Así se desprende de la conversación telefónica contenida en sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluye todo lo investigado por la Justicia de ese país desde que se iniciaron las pesquisas. La intención de Barroso sería, supuestamente, obtener información sobre las cuentas que la familia del expresidente de la Generalitat catalana tenía en el banco andorrano.
En el encuentro Barroso comunica a Miquel que trae «un mensaje de Madrid». El mismo no era otro que una amenaza fundamentada una inspección a la entidad. «Hay una empresa americana dispuesta» a hacerse con el banco, le avisó, ofreciéndole una alternativa: «Depende de ustedes el que se quede en nada, que se pare la inspección y que todo siga como está en la actualidad, siempre y cuando ustedes accedan a algo».
En ese momento Miquel repreguntó a Barroso cuál era su cargo. «Y usted es el inspector de la embajada de España. Es policía», le espetó. «Sí, inspector jefe de policía… estoy aquí de encargado de Interior. Esto no es una misión muy mía, pero bueno», reconoció. «Pero entiendo que tiene un carácter oficial», le abordó el CEO. «Vamos a dejarlo entrecomillado», le aclaró Barroso.
Acceder «a su juego»
Durante la conversación el policía explica que antes de que el Banco de España «dé el hachazo» y los americanos se hagan «cargo» del banco la propia entidad puede acceder a un trato. «Se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, que está en su mano pararlo. Qué se les va a pedir, no lo sé», reconoció, añadiendo que, si se mostraba de acuerdo, transmitiría al emisor de esta propuesta la información para que se pusieran en contacto.
En su declaración en sede judicial el propio Miquel explicó que el único «objetivo o mandato» de Barroso era dejar muy claro que si no se procedía «a su juego» y a mantener «fluidamente los contactos que proponían la situación se deterioraría mucho hasta el hecho de que el banco desaparecería».
Así las cosas, y según el relato del CEO del banco, finalmente mantuvo hasta tres reuniones distintas con un hombre que se presentó como Félix Rodríguez en el Hotel Villamagna de Madrid. Según se recoge en los documentos del sumario, éste sería el nombre utilizado por el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas.
En ese primer encuentro, de apenas quince minutos, Martín Blas le facilita una hoja escrita a mano a Miquel en la que puede leerse: «El Estado español está en guerra, luchamos contra el nacionalismo y queremos todo tipo de información que usted tenga en relación a Mas, Junqueras y Pujol».
A pesar de que el CEO aclaró que no tenían «esa información» y que no había «ningún motivo para pensar» que el banco dispusiera de ella, el comisario insistía. Dos semanas después, en un encuentro ulterior, Miquel insistió a Martín Blas que estaba encantando de colaborar con él, pero que «no tenía constancia de las personas» a las que se refería.
«Lo van a hacer sí o sí»
Conforme a lo explicado por el consejero delegado del banco en sede judicial Martín Blas no solo pidió información de BPA sino también de otras entidades. En total se celebraron otros dos encuentros, elevando el total a cuatro diferentes, y siempre versaron sobre el mismo tema: las cuentas de varios dirigentes catalanes.
«En ningún momento se puso sobre la mesa, en estas entrevistas y llamadas telefónicas, que todo esto se hiciera para buscar una contraprestación económica sino, vamos, todo lo contrario, que ‘ustedes lo van a hacer sí o sí, porque es que sino nos vamos a cargar el banco, o sea, nos lo vamos a cargar, y sabemos perfectamente como hacerlo y los americanos están», explicó Miquel al juez.
Pero Barroso no se reunió únicamente con Miquel. Según el sumario también lo hizo con el presidente de la entidad, Higinio Cierco, a quien aseguró que «sería conveniente» que hablara con «unas personas en Madrid para el tema del banco». «De lo contrario morirá, y los americanos están al corriente de cómo hacerlo», le avisó.
El propio Cierco, que también se querelló ante la justicia andorrana contra Barroso y Martín Blas por delitos de coacciones y chantaje, relataba en su escrito que dos años después de se encuentro recibió una serie de notas con información relativa a los encuentros con los dos policías.
Las notas anónimas de Villarejo
Esa suerte de informes, que no contenían firma ni membrete de ningún tipo, relataban que los responsables del banco, forzados por la amenaza recibida, accedieron a colaborar aportando información sobre los Pujol. En concreto, según lo contenido en esos documentos, un Excel con movimientos bancarios del clan entre diciembre de 2010 y enero de 2011 por un total de 3,4 millones.
El autor de esos documentos cuestionaba «el comportamiento de Martín Blas» como «conocedor» de los movimientos bancarios al negarse a investigarlo. «Se estarían realizando actividades en modo alguno compatibles con la función policial que la Constitución española tiene asignada al Cuerpo Nacional de Policía», advertía.
El autopresentado como «denunciante» de estos hechos, según la defensa del presidente de BPA, podría ser el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que mantendría «una confrontación» con Martín Blas, lo que habría llevado a que le señalara de esta forma. El propio Villarejo, según se recoge en la querella, reconoció en 2016 ser el autor de esas notas que envió en un inicio de forma anónima.
Estos hechos son, entre otros, en los que indaga la juez de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia. La magistrada investiga a Rajoy y sus exministros Montoro y Fernández Díaz por su presunta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como ‘Operación Cataluña’.
Esta misma semana se dio a conocer que la jueza ha instado a los investigados a designar un abogado o, en su defecto, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de las querellas, se les asignará uno de oficio.
En la comisión rogatoria, del 20 de mayo de 2022, constan como querellados Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.
