Los sindicatos responden a Vox: «La democracia en Castilla y León está en peligro»
Los representantes de los trabajadores piden reconducir el diálogo social tras el anuncio de eliminar las subvenciones. Descartan movilizaciones por el momento
Los representantes de los sindicatos mayoritarios en Castilla y León. | CCOO
«La democracia en Castilla y León está en peligro». Los sindicatos han aplicado este viernes la tercera ley de Newton, la que dice que cada acción va acompañada de una reacción. Su respuesta al anuncio realizado por Vox de suprimir subvenciones al diálogo social, al que atisban «herido de muerte», ha sido dura. De momento no realizarán movilizaciones, pero solicitan que se convoque a los agentes sociales. El PP afirma que lo hará, pero no precisa cuándo. Urgen al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, a cumplir el plan anual de empleo para no tener que devolver 300 millones de euros en ayudas.
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, ambos de Vox, desvelaron el lunes una decena de medidas para reducir el «gasto superfluo» de los agentes sociales. El recorte de 20 millones de euros afecta a las subvenciones que reciben sindicatos y patronal. En ese «hachazo» están incluidos los dos millones de subvenciones nominativas para participación institucional y los 3,6 para diálogo social y prevención de riesgos laborales.
El recorte de Vox
Los 13 millones de euros destinados a orientación profesional y autoempleo también se suprimen. Vox entiende que la Administración «ya cuenta con orientadores». El servicio regional de empleo se encargará de todas esas funciones. «Mienten. No es una subvención. Ese dinero llega a través de concursos finalistas. Son programas de libre concurrencia con un baremo marcado por los técnicos de la Administración. Que digan que no están de acuerdo con ellos», ha precisado Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León.
Los líderes de los principales sindicatos en la región han comparecido este viernes para dar su versión de la polémica suscitada el pasado lunes, tras el anuncio de los dirigentes de Vox. La formación cogobierna gracias a un acuerdo con el PP. «Nos enteramos en la firma para mantener los 1.700 empleos de Siro. Ellos no estaban. Preguntamos a Mañueco si había sido aprobado en Consejo de Gobierno y nos dijo que no», ha reconocido Temprano. El secretario de UGT se queja de que Vox realizara el anuncio para contraprogramar al presidente regional y para influir en la campaña de las elecciones andaluzas.
«El diálogo social está herido de muerte en Castilla y León. Solo lo puede salvar Mañueco, al que hemos solicitado tres reuniones. De momento no tenemos respuesta», ha insistido Temprano. Un portavoz del PP explica a THE OBJECTIVE que el presidente va a convocar a los agentes sociales en las próximas fechas, pero no ha precisado cuándo. De momento, ni las organizaciones sindicales ni la patronal han recibido notificación.
Vox defiende que el anuncio compete a la Consejería de Empleo, una de las tres en su poder. Según un portavoz de la formación, la decisión de suprimir las subvenciones está apoyada por los dos partidos del Ejecutivo. Además, subraya que esos recortes están avalados por el acuerdo de gobierno rubricado el 10 de marzo. Temprano afirma que el diálogo social es una seña de identidad de la región y acusa a los de Santiago Abascal de no estar cumpliendo con la ley. Les recuerda que la intermediación de los sindicatos se aprobó por unanimidad en las Cortes regionales en 2008, siendo presidente el popular Juan Vicente Herrera.
«El modelo de Vox no es el de la Constitución. Si quieren volver al sindicalismo vertical, que lo digan», ha afirmado Temprano, visiblemente molesto. Ha calificado de «deleznable» el pacto entre la formación verde y el PP y advierte de que «la democracia en Castilla y León está en peligro». Una visión que comparte el secretario regional de CCOO, Vicente Andrés. «Esto es muy serio: se quieren cargar el diálogo social, deteriorar la democracia y acabar con los avances sociales. Están permanentemente mintiendo para engañar a la sociedad».
Andrés asegura que los dirigentes de Vox no quieren sindicatos libres: «Aspiran a un modelo franquista sin Franco». El líder de CCOO avanza de que los más de 140.000 afiliados a estas organizaciones en Castilla y León no van a permitirlo. De momento descarta una movilización, algo que afea que dijera Abascal. Si ha avanzado que elevarán lo que está sucediendo en la región a organismos como el Comité de las Regiones de la UE y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra.
La propuesta del PSOE
«Mañueco tiene que tomar una decisión. Yo le pediría que gobierne en minoría, que se base en los partidos locales y en la oposición y que profundice en el diálogo social», ha insistido Andrés. La primera oportunidad para hacerlo la tiene esta misma semana, cuando las Cortes debatirán una Proposición No de Ley presentada por el PSOE para reforzar el papel del diálogo social. Andrés lamenta que el PP gobierne en este momento con una fuerza que ejerce la confrontación. «Hace más de 25 años que gobierna el PP pero ellos ven comunistas por todos lados», ha declarado con sorna.
«Esta comunidad necesita inversores para la creación de empleo y eso necesita paz social. Si la quieren romper, esa será su responsabilidad», ha insistido Temprano, de UGT. En su opinión, a los dirigentes de Vox no les importa la prevención de riesgos laborales, «como tampoco les ha importado las familias de Siro». Un escenario en el que el dirigente sindical no reconoce a Veganzones, que «cuando militaba en el PP nos llamaba para solucionar los problemas de los trabajadores».
Temprano afea «la dejadez» de la Consejería de Empleo, que aún no les ha convocado a ninguna reunión, como es su responsabilidad. Ha solicitado a Mañueco que tome cartas en el asunto. Le reclama que cumpla los 18 acuerdos del diálogo social firmados en 2021. La intención de los sindicatos es verse con el presidente para renovar esos puntos y estudiar la situación económica y social de la región. Están preocupados, dicen, porque «hay 300 millones de euros en el limbo» y si no convocan las ayudas del plan anual con urgencia, habrá que devolver ese dinero al Gobierno central y a las instituciones europeas.
