Martín Pallín: «Bloquear los nombramientos constitucionales es un golpe de Estado blando»

El exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, acaba de publicar un nuevo libro, La guerra de los jueces, en el que critica con dureza determinados aspectos del sistema judicial español y de las prácticas de algunos de los jueces que, en su opinión, «consideran que son el poder sumo del Estado».

Martín Pallín se basa en su experiencia de más de veinte años en el Alto Tribunal para advertir de que en España los partidos políticos abusan de las querellas criminales como arma de lucha política y señala a Vox, como el que ha convertido dicha práctica en un instrumento mecánico de oposición. El magistrado ya retirado de la judicatura asegura que la Justicia española está siendo vista con preocupación en Europa. En su opinión, las condenas de los independentistas del 1-O serán anuladas por el Tribunal de Estrasburgo y será el Estado español quien tenga que resarcir a los condenados. Martín Pallín no tiene duda de que las sentencias tienen que ser cumplidas, pero se siente tan libre para criticarlas como para animar al Gobierno de Pedro Sánchez a que renueve por su cuenta las dos vacantes del Tribunal Constitucional, con o sin acuerdo con el PP, para evitar que le den un «golpe de Estado blando».

PREGUNTA.- La lectura de su último libro La guerra de los jueces es francamente inquietante… transmite una impresión muy negativa del funcionamiento de la Justicia…

RESPUESTA.- Creo que habría que matizar. Una cosa es lo que sucede en el funcionamiento de la Justicia, que son unos 5.600 jueces y juezas que atienden el día a día de los Juzgados y que resuelven con mayor o menor acierto cuestiones de la vida diaria, como divorcios, herencias, etc. Pero después hay un núcleo que es el que nos preocupa a muchos ahora. Es un debate que está abierto en todo el mundo: la utilización de la Justicia para obtener fines políticos.

P.- En su libro menciona usted muchos casos a modo de ejemplo…

Hay dos casos muy emblemáticos, el de Lula Da Silva o Dilma Roussef, en Brasil, o el de Bolivia, con Evo Morales, donde afortunadamente esa golpista, bastante impresentable, ha terminado en la cárcel, con una condena de 10 años, porque eso que protagonizó fue un golpe, pero no dado por los militares, sino por los jueces. Este es el problema, que los jueces están dando golpes. Eso no ha pasado en España, que conste.

«En la Convención Internacional de Juristas están preocupados por algunas actuaciones de jueces españoles»

P.- ¿Y no puede pasar?

R.- Creo que no, por una razón: porque estamos en la UE y no lo toleraría, como ya ha puesto el foco sobre Polonia y Hungría. En España es difícil que pase, pero sí van minando poco a poco la credibilidad del sistema de partidos, de los sindicatos, de la libertad de expresión, la memoria democrática, o memoria histórica, las cuestiones como el aborto, en las que algunos tribunales van recortando o limitando esos derechos, porque contribuyen a minar a un gobierno progresista (no sé si la palabra me gusta), en el sentido de contrario a sus ideas. Pero aquí están pasando cosas que, traspasadas nuestras fronteras, en Europa se echan las manos a la cabeza. Yo formo parte de la Convención Internacional de Juristas de Ginebra, donde estamos 59 magistrados y abogados de EE.UU, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, etc. y en las reuniones en las que tenemos -la última fue antes de la pandemia- estaban francamente preocupados con algunas actuaciones de  de algunos de los jueces españoles.

P.- ¿A qué casos se refiere?

R.- Si uno ve la estadística puede comprobar que, preferentemente, las condenas han sido a dirigentes del independentismo vasco, catalán o a dirigentes de partidos situados a la izquierda del PSOE, tratando inhabilitarlos, a través de una resolución judicial, para el cargo para el que fueron elegidos por la voluntad popular. Este es el problema y es la prueba de que los jueces participan en una guerra – los norteamericanos acuñaron el término law faire, para referirse a aquellos que hacen la guerra con el derecho- y esto es lo que trato de reflejar en mi libro.

P.- Usted se refiere en profundidad a la sentencia de inhabilitación contra Juan María Atutxa, a los independentistas de la consulta del 9-N y a los del procés, o al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y a todas esas sentencias las pone en el lado del lawfare…

R.- Sobre todo a partir de la sentencia contra Atutxa, el que elabora la doctrina de una voladura controlada de los Parlamentos es el señor Marchena (Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo). Él da un vuelco sensacional cuando Atutxa, como es lógico en un país democrático y de la UE, tanto los letrados del Parlamento Vasco, como el TSJ del País Vasco, como el ponente originario de la sentencia, Carlos Granados, opinaban que aquello no era delito, que podía ser una interpretación diferente de la norma, pero no delito. Entonces se quedó en minoría, Marchena se hizo con la ponencia y le dio la vuelta a la doctrina Botín. A partir de ahí se produce un fenómeno que en el sistema democrático europeo no entiende nadie: ¿cómo un juez se puede permitir condenar e inhabilitar al presidente de un parlamento, elegido por la soberanía popular? ¡Eso no pasa en ningún Estado de Derecho del mundo! Solamente pasa en España.

P.- ¿Todos esos casos no han terminado recalando en la Justicia Europea, en el Tribunal de Estrasburgo?

R.- Efectivamente, aunque el Tribunal Constitucional también ha intervenido en algún caso… pero la sentencia contra Atutxa la ha anulado el Tribunal de Estrasburgo, con un gran bochorno para nuestro sistema judicial. Deberíamos reflexionar sobre por qué está pasando esto…

«Los 13 años de prisión para los independentistas no los entiende nadie en Europa»

P.- ¿Por qué?

R.- Por dos motivos: porque hay jueces que consideran que son el poder sumo del Estado y no se dan cuenta de que son unas personas que han estado cinco años estudiando una carrera en la Facultad de Derecho y otros cuatro o cinco años embotellándose unos textos absurdos y que o tiene más poder. Su único poder es la razonabilidad y la justificación y la motivación de sus decisiones por los principios democráticos. Ningún poder del Estado debe entrar en el Parlamento, eso es la esencia del parlamentarismo británico, por ejemplo. Las cuestiones parlamentarias las resuelve el Parlamento, bien o mal, pero si no están de acuerdo con ellas, se va a la moción de censura, de reprobación, pero no a una inhabilitación o, en el caso de los parlamentarios catalanes independentistas, a 13 años de prisión. Se pongan como se pongan, esto no lo entiende nadie en Europa.

P.- ¿Cree que el Tribunal de Estrasburgo anulará las condenas de los ‘procesistas’?

R.- Yo ya he comentado anteriormente en el libro El Gobierno de los jueces que hay varios agujeros negros en esa sentencia, en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que ha firmado España.

En España hay mucha gente que cree que los Tratados se firman para no ser cumplidos. Cualquier Estado es libre de firmar un Tratado o no, pero si lo firma, tiene que cumplirlo. Tiene la facultad de salirse, como acaba de hacer Rusia, del Convenio Europeo, pero en España se cree que se puede actuar al margen de los Tratados firmados y al margen del Artículo 10 de la Constitución Española, que dice las normas hay que interpretarlas con arreglo a los Convenios Internacionales de Derechos Humanos firmados por España. Creo que cualquier juez, antes de redactar una sentencia, debería leerse el artículo 10.

P.- ¿Cree que el señor Marchena y el resto de magistrados del Tribunal no se leyeron ese artículo 10 antes de hacer pública la sentencia condenatoria a los independentistas del procés?

R.- Creo que muy poca gente se ha leído la sentencia, salvo yo y algún otro. Esa sentencia es desconcertante, porque funda la sedición en dos hechos: la concentración ante la Conselleria de Economía y Hacienda, en la que dice que participaron 40.000 personas -ahí no caben 40.000 personas ni con sacacorchos- pero es lo de menos… Lo que dice la sentencia es que el acto transcurrió «entre gritos reivindicativos y actos lúdicos y musicales programados por los convocantes»… ¡Hombre! Considerar unas sedición con actos lúdicos… Lo dice el señor Marchena, que conste, que no soy yo el que lo dice… y después la secretaria judicial salió por su pie, se llevó los ordenadores, etc… En fin, que en Europa nadie ve la sedición. 

El otro fundamento de la sentencia es la votación del 1 de octubre, en la que, a las 12 del mediodía, todas las cancillerías europeas estaban llamando a España para preguntar cómo se podía estar aporreando a unos señores que iban a votar en un referéndum nulo, que conste, absolutamente nulo e inconstitucional. Y ¿qué dice la sentencia del señor Marchena? Tampoco se la ha leído nadie… dice «a las dos de la tarde, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciben la orden de retirarse, porque su actuación podría resultar desproporcionada…» Pero ¿en qué quedamos? Y luego concluye que todo esto desaparece al aplicar la sentencia del 155. Pues yo le diría «¡señor Marchena, haber empezado usted por ahí!»

P.- En definitiva, ¿usted cree que Europa va a fallar en contra de nuestra justicia y a favor de los independentistas?

R.- Hay varias posibilidades. En primer lugar, por el juez natural, por si era o no competencia del Tribunal Supremo o del TSJC. En segundo lugar, porque cualquiera tiene derecho a un juicio justo y equitativo y cualquiera que tenga la paciencia de ver la larguísima grabación podrá observar, sin un ápice de sectarismo, que su comportamiento con los testigos de la acusación y la defensa fue escandaloso, radicalmente escandaloso.

P.- ¿Puede explicar por qué?

R.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal, de Alonso Martínez, que data de 1882 dice que los jueces deben permanecer distantes e impasibles como los jueces de un torneo y no descender a la arena. Si alguien al ver eso piensa que el señor Marchena no descendió a la arena…pues a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo creo que el Señor Marchena sí descendió a la arena y eso es artículo 6 del Convenio. Y, en tercer lugar y con el apoyo de tres votos particulares del Tribunal Constitucional, la tesis de que la pena es desproporcionada, por lo que el diagnóstico me parece bastante desafortunado para el prestigio de un Tribunal (Tribunal Supremo) al que yo he dedicado más de 20 años de mi vida.

P.- Si, como usted sostiene, Estrasburgo anula la condena contra los independentistas del procés por habérseles impuesto una pena excesiva, por ejemplo, ¿el Estado español tendrá que compensarles económicamente?

R.- Por supuesto. Nosotros, a partir del Caso Bultó, el Tribunal dijo que no había habido un juicio justo por haber sido trasladado de Barcelona a Madrid, con escala en Zaragoza, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana y el tribunal entendió que no estaban en condiciones de defenderse. Fue una cosa muy formalista, lo reconozco. Si la sentencia se anula, Estrasburgo tiene dos vías: algunas veces lo marca el propio tribunal de Estrasburgo y otras veces deja que el Estado (en este caso España) se ponga de acuerdo con la víctima para resarcirla.

«En España hay un abuso de las querellas por parte de los partidos políticos»

P.- Los políticos hablan de no judicializar la política y usted de no politizar la justicia. ¿Es la misma cosa o es el pez que se muerde la cola?

R. – Lo que sucede en España es llamativo. Llama la atención el intervencionismo de algunos jueces en asuntos políticos. Los americanos, en época de Roosevelt, le llamaban el «activismo judicial». Los jueces «activistas» se cargaron 42 leyes de la nueva frontera de Roosevelt. En España se producen dos fenómenos. Por un lado, un abuso por parte de los partidos políticos de las querellas, demandas, etc. En el extranjero llama mucho la atención una práctica que es común en España: el Gobierno anuncia que va a presentar una Ley y, sin esperar a verla, la oposición dice que la va a recurrir al Tribunal Constitucional… sin esperar a leerla, verla publicada y debatirla… Eso es un exceso de activismo…

P.- Frente a estas prácticas, usted propone una fórmula de defensa…

R.- Sí. Lo digo en La guerra de los jueces. El Poder Judicial tiene que utilizar los mecanismos de rechazo. Desde 1882, en materia penal, tenemos instrumentos suficientes para rechazar aquellas querellas o denuncias que no tengan contenido penal y sean evidentemente injustificadas. Pero eso no se hace. En España, se recibe el papel, se tramita y en un porcentaje que no soy capaz de decir ahora terminan archivadas, pero hasta que son archivadas abren telediarios, tertulias, editoriales, etc. por lo que ,por mucho que se archiven, han hecho su efecto. En esos casos, la culpa la tenemos los jueces, por no rechazarlo de plano.

«En España se practica el ‘prevarica que algo queda’»

P.- Pero si se rechazan de plano quizás también el juez en cuestión se arriesgaría a una demanda por prevaricación…

R.- Depende del caso. En materia de corrupción mi criterio es más amplio: cada juez que entienda lo que entienda, pero en materia de prevaricación… En un Estado como España, está el gobierno central, están las autonomías, los ayuntamientos dictando miles o casi millones de resoluciones. Esas resoluciones pueden estar o no ajustadas a derecho, pero el campo normal es que, si son contrarias a derecho, para eso está el Derecho Contencioso-Administrativo. El Derecho Penal es la última instancia. A mí me lo enseñaron en Segundo de Derecho. En España se aplica el «prevarica que algo queda» y es el gran problema que tenemos. Si vamos a las estadísticas, veremos que la mayor parte de las prevaricaciones que se han admitido tienen un sesgo político muy determinado: contra partidos independentistas y de izquierdas, a la izquierda del espectro político…

P.- ¿Debería ser el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, el que marque la pauta de actuación de los tribunales en este sentido?

R.- En ese aspecto también hay un error craso, en relación con lo que significa el CGPJ, porque, dicho en términos mercantilistas, es un consejo de Administración. No tiene poder ninguno y sería una temeridad por su parte establecer directrices sobre cómo deben actuar los jueces; sería un atentado contra su independencia. Pero lo que sí tiene el CGPJ es la capacidad de seleccionar a aquellos jueces que ellos creen que pueden optar por una u otra decisión en materias muy concretas, relativas a partidos políticos, gobiernos, etc. Le pongo un ejemplo que está muy de actualidad: cuando el Gobierno de España – y me da igual que sea de derechas, izquierdas o de centro- toma una decisión política, de política exterior, como es traer al presidente saharaui a España, es un acto de política exterior, equivocado o acertado, pero no puede ser un delito que tenga a la ministra de Exteriores y a un juez de Zaragoza, hijo y nieto de jueces, persiguiéndola, hasta que al final llega a la Audiencia de Zaragoza y dicen algo muy razonable: que los jueces no estamos para juzgar los actos políticos del Gobierno. Para eso, vaya usted al Parlamento, presente una moción, una reprobación de la ministra o del Gobierno en pleno, pero que un juez la condene…¡La gente debe estar muy aburrida!

«Ponerse del lado de Argelia en esta crisis es una felonía política»

P.- Veo que le ha sorprendido el recorrido del Caso Ghali…

R.- Bueno… muchas cosas… Estoy maravillado de que en Génova 13 sean los paladines de los saharauis. Hombre…yo he estado en la Comisión Pro Derechos Humanos muchos años y no he visto a ninguno del PP en el Sáhara… pero ¡ahora se han convertido en saharauis! Pero lo más peligroso, porque es una felonía política es ponerse del lado de Argelia y decirle a Argelia que la culpa la tiene el Gobierno que nos está dirigiendo. Eso sería posible en la época de Franco… porque era como decir ¡Apóyennos contra la Dictadura! …pero que en una democracia el partido de la oposición se ponga a favor de un Gobierno que se ha pasado tres pueblos en sus medidas…Entiendo que no le hayan gustado las cosas, pero que la oposición española se ponga del lado de Argelia…Hablan de buenos y malos…Escuché a la señora Olona decir que iba a echar de Canal Sur a los malos profesionales…Desde luego, el panorama no es muy alentador, pero uno ya ha estado en mil batallas…no nos vamos a deprimir…¡Me niego!

P.- ¿Llegó a sus manos algún caso durante su ejercicio como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, similar o equiparable al que llevó a poner frente a la Justicia a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya?

R.- Pues sí…Yo estaba en todas las manifestaciones contra la guerra de Irak y me tocó una querella contra José María Aznar, por habernos metido en la guerra de Irak ¡Tardé 15 minutos en redactar una decisión de archivo! ¡Pero quiénes somos nosotros para juzgar una decisión política! Y yo repruebo totalmente, como ciudadano, esa decisión, pero el Derecho Penal no tiene nada que hacer aquí. Si los jueces no entienden cuál es su función el Estado de Derecho corre mucho peligro.

P.- ¿Cree que hay muchos jueces que no lo entienden?

R.- Afortunadamente, parece que la Audiencia de Zaragoza lo ha entendido muy bien y ha estado muy acertadamente. El TSJ de Aragón ha entendido algo y, por fin, el Tribunal Constitucional lo ha solucionado, que fue el disparate – y ahí la culpa la tiene el ministerio de Justicia del PSOE- de someter a control previo las medidas sanitarias. Eso es aberrante. Las medidas sanitarias, las toma el Gobierno con sus técnicos y si afectan a derechos fundamentales, el Tribunal actúa, pero no puede ser que el Gobierno diga que hay que cerrar a las doce de la noche y un señorito o señorita, que ha estudiado unos temas, dice que a las doce ni, que a las once y media. Esto ocurrió en el País Vasco. No hay nada que objetar al recurso de los hosteleros del País Vasco, porque estaban en su derecho, pero sí al juez redactor de la sentencia, que llegó a decir algo tan «profundamente jurídico» como que cerrar el ocio nocturno afecta al derecho a la libertad de expresión y creación artística, porque impide acceder al karaoke. ¡Eso está en la sentencia! Si alguien piensa que la Justicia puede funcionar así…¡allá él! Y pueden pensar que lo que digo aquí y escribo en mi libro es subversivo, pero -insisto- esa expresión que le menciono está en una sentencia del TSJ País Vasco.

P.- En un Estado de Derecho, hay que acatar las decisiones judiciales, pero usted reivindica y ejerce el derecho de criticarlas… y a fondo…

R.- Uno tiene ya muchos años y ha vivido 40 bajo el nacionalcatolicismo… ¡Esto es la herencia de la iglesia católica! Las resoluciones de la Iglesia se acatan, pero los jueces no son la Iglesia, ni dictan dogmas. Por tanto, yo critico sentencias a fondo. Ahora bien, una vez que la sentencia es firme, por mucho que la haya criticado, la tengo que cumplir y ejecutarla, porque si no salta el Sistema y el Estado de Derecho…pero ¿cómo acatar lo de la resolución del karaoke? Salvo que uno esté con unos gin tónics de más…o bajo la influencia de otras sustancias alcohólicas…Pero esto son cosas de una cultura jurídica que a mí me llama la atención.

En mi época, el juez que salía fuera de España era una rara avis. Yo empecé a salir y a hablar con jueces italianos, franceses, ingleses y alemanes y este contacto, todos los jóvenes que están en la carrera judicial hablan idiomas y tienen muchas oportunidades de viajar y relacionarse… El problema es que esa corriente de Law Faire se ha extendido también internacionalmente… Aun así, soy optimista, creo que los jueces tienen oportunidades de expresarse y los ciudadanos aceptan o no sus explicaciones.

P.- El CGPJ lleva años sin renovarse y eso es el foco principal de una guerra en la que el principal partido de la oposición bloquea la renovación y el Gobierno limita por Ley las funciones del CGPJ, en un movimiento muy cuestionable también…

R.- Esa respuesta del Gobierno es muy discutible, pero es una norma casi de defensa, porque si ellos están conculcando la Constitución … Hablo también de los jueces ¿Por qué no dimiten? ¿Qué diferencia habría entre un Consejo vacío o uno que no pueda hacer nombramientos? Ninguna… Aquí hay una anomalía constitucional.

P.- Y, llegados a este punto ¿Cómo resolverla?

La Constitución solo dice que los 12 jueces y magistrados serán nombrados según una Ley Orgánica: la primera (1980) dijo que los nombrarían los jueces y magistrados, la segunda, de 1985, dice que 6 nombramientos por el Senado y 6 por el Congreso. A la vista de lo que está pasando, la solución intermedia sería mantener, de momento sin perjuicio de que en el futuro se pueda adaptar al sistema europeo, siga habiendo una votación que exija una mayoría de 3/5 de la Cámara, en la segunda votación, a las 48 horas una repetición con idénticas reglas y, en tercera votación ya con mayoría simple. No creo que Europa reprobase absolutamente nada, pese a lo que dicen algunos corifeos de la derecha e incluso del PSOE…¿Merece mayor consideración un vocal del CGPJ que el presidente del Gobierno? Léanse ustedes cómo se nombra al presidente del Gobierno… De no alcanzarse la mayoría suficiente, en la segunda votación basta la mayoría simple ¿Es un vocal del CGPJ de superior condición que el presidente del Gobierno? Lo dudo…

P.- En su libro, usted señala a Vox y dice que «participa activamente en las guerras judiciales, utilizando el Derecho Penal como arma de oposición al Gobierno ¿Solo Vox o hay más partidos que lo hacen?

R.- Es que Vox ha convertido en instrumento mecánico de oposición al Gobierno la guerra judicial…

«La sentencia contra el Estado de Alarma no la entiende nadie que tenga dos dedos de racionalidad jurídica»

P.- Pues le funciona, porque sus querellas son estimadas y en varias le han dado la razón…

R.- Sin duda… Pero la sentencia del Estado de Alarma no la entiende nadie que tenga dos dedos de racionalidad jurídica. ¿El Gobierno debió decretar el Estado de Excepción? ¡Pero qué está diciendo! ¿Sabe usted lo que está diciendo? ¿Qué tiene que ver una pandemia con una grave alteración del orden Público que permite toques de queda? Aquí no ha habido toques de queda…son confinamientos nocturnos y no toques de queda. La culpa la ha tenido la prensa por confundir con la terminología… Pero una pandemia no tiene nada que ver con el Estado de Excepción.

Con respecto al Estado de las Autonomías… supongo que el Tribunal Constitucional tendrá que hacer frente algún día a esto, porque el Consejo Interterritorial fue aprobado por todos y ahora viene usted soste4niendo la tesis de Vox, subliminalmente, de que no puede haber autonomías…los señores del Constitucional tendrán que pensárselo antes de dictar estas resoluciones…

Yo espero que vaya bajando un poco la intensidad sobre esto… Estamos al final de la Legislatura y, dependiendo del resultado de Andalucía, la presión sobre el Gobierno va a ser asfixiante. Les presionarán día y noche para que convoquen elecciones y la segunda parte es que, si las convocan, podrán impedir que se renueven los miembros del Tribunal Constitucional.

P.- Recientemente el PP, a través de Esteban González Pons, ha anunciado que están dispuestos a sentarse a negociar esa renovación, entre otras, pero después de las elecciones andaluzas. En este punto, no parece que ayude que el Gobierno, por su cuenta, renueve los dos miembros que a él le competen, porque siempre se han renovado en el mismo paquete y el PP podría suspender la negociación …

«El Gobierno tiene que nombrar sus dos miembros en el TC»

R.- Pues eso debería explicarlo el señor González Pons, porque si la Constitución dice que se nombran 4 por el Congreso y 4 por el Senado, dos por el Gobierno… ¿De dónde sacan que eso tiene que ser un bloque sólido? El Gobierno tiene que nombrar sus dos miembros del TC, el CGPJ, que ahora no puede nombrar, o el que venga, puede tardar tiempo en nombrar los dos que le corresponden. Es más, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que si los seis nombramientos del Senado tardan más que los del Congreso, los que se propongan antes entran a formar parte del Consejo…no entiendo por qué no se puede ir nombrando… Bloquearlo es un golpe de Estado Blando. Yo, si fuese el Gobierno, sin esperar a resultados electorales en Andalucía hacía los nombramientos del TC.

P.- ¿No hubiera sido una interferencia en la campaña electoral?

R.- Si una persona de Andalucía vota a favor de una determinada opción política, sea Vox o la que sea, porque han nombrado a este o aquel magistrado …ya no entiendo nada. Ustedes perdonen, me retiro a un convento a reflexionar, porque no puedo entender que un agricultor de Andalucía vote de una determinada manera porque han elegido a tal o cual magistrado para el Tribunal Constitucional…

P.- ¿Sospecha que no quieren que se hagan los nombramientos para poder frenar leyes que están recurridas, como el aborto, o la muerte digna o eutanasia, sobre las que tendrán que dictaminar?

R.- Mire, en julio y agosto no pasa nada y el Gobierno no nombra a los magistrados del TC, a la vuelta de vacaciones, la presión es insoportable y el Gobierno sigue sin los nombramientos y llega un momento en que ya sacarán, entre Europa, Marruecos y lo que haga falta, motivos para seguir sin nombramientos… así hasta que el Gobierno, cuando esté en funciones, ya no pueda nombrar. Y así ya los nombrarán ellos cuando lleguen, si llegan… Esa es la táctica que van a seguir