El PSOE admite ahora que se equivocó al maniatar al CGPJ: «Puede causar dificultades»

Quince meses después de aprobar la reforma legal con la que pretendía forzar al PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PSOE admite implícitamente que se equivocó e incumplió «el mandato constitucional». «Puede causar dificultades en la renovación de otros órganos constitucionales», señala el Grupo Parlamentario Socialista en la Proposición de Ley Orgánica registrada este viernes en el Congreso de los Diputados para forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Un texto con el que pretende modificar el 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El mismo que modificó en marzo de 2021 para «restringir las facultades atribuidas con carácter general al CGPJ» e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras su mandato esté caducado. «Entre las facultades que el Consejo deja de poder ejercer, se encuentra precisamente el nombramiento de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que por imperativo constitucional debe designar», admite el PSOE en el texto registrado hoy en el Congreso.

En el escrito, los socialistas reconocen que la reforma que maniata al CGPJ desde hace quince meses «no contempla la facultad de nombrar» a los dos magistrados del TC, «lo que abocaría a esperar a la renovación del Consejo para dicha designación». Al PSOE le entran las prisas y no esconde su propósito de forzar el vuelco progresista en el Tribunal Constitucional. «Para evitar esta situación, que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial», indica el PSOE en su Proposición de Ley Orgánica.

El PSOE apela al «imperativo constitucional»

En el documento, los socialistas admiten que «actualmente se da la situación de que el CGPJ carece del supuesto legal habilitante para elegir a los dos magistrados que por mandato constitucional le corresponde proponer». Es decir, implícitamente está reconociendo que su reforma de marzo de 2021 -recurrida ante el TC por el PP y Vox- podría ser inconstitucional. Y reitera en varias ocasiones que el nombramiento de los magistrados del tribunal de garantías por parte del CGPJ es un «imperativo constitucional».

Por esa razón, el PSOE pide ahora al Congreso de los Diputados que se introduzca una enmienda a la modificación de la LOPJ que impulsó hace quince meses. El objetivo, según el texto, es que el CGPJ pueda «proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos» por la ley. El artículo 159 de la Constitución establece, en su apartado primero, la composición del TC, que estará integrado por 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ.

 El artículo 159.3 de la Constitución establece que los 12 magistrados del TC deben ser renovados por grupos de cuatro magistrados cada tres años. El problema es que la reforma impulsada por el Gobierno en marzo de 2021 impide al CGPJ hacer nombramientos con su mandato caducado. Y desde el pasado 12 de junio hay cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Tres conservadores y uno progresista. Como sucede cada nueve años, dos de sus sustitutos deben ser nombrados por designación directa del Gobierno y los otros dos, a propuesta del CGPJ.

Bolaños vs. Feijóo

En contra de lo previsto por el Gobierno, que auguró a THE OBJECTIVE que los nombramientos de forma unilateral eran complementarios con un acuerdo con el PP para renovar al CGPJ, el conocimiento de esta reforma ha volado los puentes de interlocución entre Ejecutivo y oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que esta maniobra «rompe cualquier tipo de puente para seguir negociando» porque el PSOE ha traspasado «cualquier línea roja».

En una entrevista a Telecinco, el líder del PP ha asegurado que «el Gobierno no quiere negociar absolutamente nada con el PP» porque «tiene su propio proyecto político» que no es renovar las instituciones ni desbloquear al órgano de gobierno de los jueces sino únicamente «controlar al Tribunal Constitucional». También ha mostrado su indignación por haberse enterado de la reforma por los medios de comunicación. Lo mismo ha denunciado el socio minoritario de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos. 

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a Feijóo de forma airada reclamándole que «deje de mentir». «No había ninguna negociación», ha aseverado Bolaños. Visiblemente molesto, el ministro ha convocado a los medios de comunicación para quejarse de que el PP lleva «todos los días mareando la perdiz para incumplir la Constitución que es lo que hace cada día con el TC. No es tiempo de excusas, sino de renovar el TC». 

Además, el ministro de Presidencia ha negado que Podemos no estuviera informado: «Sí ha sido hablada y estoy convencido de que todas las fuerzas apoyarán esta proposición». Y se ha mostrado convencido de que «habrá una mayoría más que suficiente» para su aprobación, «se va a hacer en plazo y es impecable desde el punto de vista legal. Nadie puede estar en contra de esta renovación».