La Audiencia Nacional avala la inviabilidad del Banco Popular impugnada por Ángel Ron

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado, como ya hiciera el juez instructor, anular la declaración de inviabilidad del Banco Popular acordada por el consejo de administración de la entidad el 6 de junio de 2017, desestimando así la petición del que fuera presidente del banco, Ángel Ron.

En un auto fechado el pasado 15 de junio, la sala ratifica la decisión adoptada el pasado 12 de mayo por el juez José Luis Calama, que rechazó todas las demandas de un escrito presentado por Ron en marzo de este año, en el que señalaba al bufete Uría y Menéndez y a su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, como responsables directos de la resolución de la entidad.

Según sostenía Ron, dicha declaración de inviabilidad debía anularse, ya que el banco cumplía de sobra las ratios de capital y liquidez, y varios consejeros manifestaron ante notario haber acordado que el banco no era viable sin haber sido previamente advertidos de las consecuencias de sus actos.

Calama destacaba en su auto que el consejo de administración del Popular lo integraban «personas de indiscutible formación financiera y empresarial», por lo que no caben «florituras interpretativas» para hacer recaer la responsabilidad en el despacho de abogados que asesoró durante el proceso.

La sala de lo penal va más allá y señala que si los consejeros hubieran tenido alguna duda debieron haberlas expresado en aquel momento, «no pudiendo venir años después, como consecuencia de los pleitos y denuncias formuladas a esta cuestión, poner en duda su aprobación, acuerdo respecto del que, por otro lado, no consta voto alguno en contra».

En su escrito, Ron afeaba el hecho de que Uría y Menéndez asesorara al consejo del banco durante el proceso de inviabilidad y sea ahora el que defiende los intereses del Santander, que se hizo con el Popular al precio de un euro.

Fue su sucesor al frente del banco, Emilio Saracho, quien acudió a Uría para que, durante los días previos a la resolución del banco, en junio de 2017, asesorara a los consejeros, a los que, según Ángel Ron, facilitó información insuficiente sobre las consecuencias de la declaración de inviabilidad.

Ron aportaba además una nota elaborada por el propio bufete el 2 de junio de 2017 en la que no se especificaba que la declaración de inviabilidad determinaría la resolución inmediata del banco, sino que por el contrario indicaba que «la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato».

Por todo ello, Ángel Ron pedía la nulidad del acta de inviabilidad y que se identificara a los abogados de Uría que trabajaron en el banco y se les citara como testigos, todo lo cual ha sido rechazado por el juez.

Presuntos delitos societarios

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.