El mexicano Del Valle se une a Ron y pide investigar la liquidación del Banco Popular

Durante años se les consideró enemigos acérrimos. Al empresario mexicano Antonio del Valle se le llegó a señalar en los medios como instigador de la rebelión interna que provocó la salida de Ángel Ron de la presidencia del Banco Popular en diciembre de 2016, tras doce años en el cargo. Del otro lado, y en sede judicial, el expresidente de la entidad señaló a Del Valle y a su sucesor, Emilio Saracho, como presuntos responsables de la caída de la firma. Sin embargo, el destino ha vuelto a unir en la Audiencia Nacional a quienes fueron durante años máximo accionista y presidente del Banco Popular.

Ambos quieren que el juez José Luis Calama investigue las presuntas irregularidades cometidas durante la reunión extraordinaria del Consejo de Administración, celebrada en junio de 2017 y presidida por Saracho, en la que se acordó la declaración de inviabilidad de la entidad. En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 y a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Antonio del Valle ha solicitado adherirse al recurso de apelación interpuesto por los abogados de Ángel Ron para intentar demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho.

El magnate mexicano pide que «se esclarezcan las circunstancias en que los consejeros declararon la inviabilidad del Banco Popular», que acabaría siendo adquirida meses después por el Banco Santander a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de más de 11.000 millones. El que fuese máximo accionista del Popular coincide en calificar como necesarias, útiles y pertinentes las diligencias solicitadas por la defensa de Ángel Ron. Considera que en las actuaciones practicadas hasta el momento «constan indicios suficientes para sostener que los consejeros del Banco Popular pudieron no haber dispuesto de la información y el asesoramiento necesario a la hora de declarar la inviabilidad» de la entidad, «no siendo verdaderamente conscientes de las consecuencias que ello implicaba».

Del Valle pide investigar las mismas actas y correos

Como reveló este diario, la defensa de Ángel Ron solicitó el pasado 11 de mayo a la Sala de lo Penal que inste al juez instructor del caso Banco Popular, José Luis Calama, a investigar las actas de manifestaciones entregadas ante notario por seis exconsejeros denunciando presuntas irregularidades en la reunión extraordinaria del Consejo, así como una serie de correos electrónicos intercambiados entre responsables de la entidad presidida entonces por Saracho y asesores legales externos, pertenecientes al despacho Uría Menéndez. Esos documentos acreditarían, según Ron, que al menos desde el 1 de junio de ese año, y presuntamente a espaldas de varios consejeros de la entidad, «ya se estaba preparando el posible escenario de una resolución (de la entidad), elaborando una ‘concreta propuesta de actuación’ y una ‘Nota’ sobre el concepto de inviabilidad».

Uno de los consejeros que manifestaron irregularidades ante notario es el fallecido Jaime Ruiz Sacristán. En un acta aportada al juzgado en 2020, manifestó que en la citada reunión del Consejo «únicamente se discutió acerca de los problemas de liquidez por los que estaba atravesando el Banco con motivo de la retirada masiva de depósitos en las semanas anteriores» y añadió que en ningún momento se planteó a los consejeros el escenario de la resolución del banco, sino la declaración de inviabilidad mediante una carta al BCE para intentar solventar los problemas de liquidez de la entidad.

En el escrito en el que solicita adherirse al recurso de Ron, el empresario mexicano también pone el foco en la figura de Ruiz Sacristán. En concreto, Del Valle añade y reproduce parte de la declaración que ese exconsejero prestó el 6 de febrero de 2020 ante el juez Calama, el Ministerio Fiscal y su letrada. En aquella testifical, Ruiz Sacristán afirmó que a los consejeros convocados de urgencia para el Consejo de Administración el 6 de junio de 2016 solo se les envió, semanas después y tras varias peticiones por e-mail, un «acta parcial» de aquella reunión extraordinaria.

La polémica carta al BCE

En su declaración, transcrita parcialmente en el escrito interpuesto por Del Valle, Ruiz Sacristán aseguró que el acta remitida a los consejeros no reflejaba los comentarios que él había expresado durante su intervención. Tampoco lo dicho por uno de los abogados de Uría que participaron en la reunión y que leyó una carta que iba a ser enviada al BCE para declarar la inviabilidad o iliquidez del banco. «Esa carta no dice inviable, dice ‘likely to fail‘ porque está hecha en inglés», afirmó Sacristán durante su testifical. «Se discutió el contenido de esa palabra y por eso yo pedía que se incluyese en la comunicación ‘likely to fail‘ en relación a la iliquidez de la institución, Pero esa carta, el final de esa carta, no lo vimos… ya se redactó y lo envió Saracho», añadió.

«El envío de la carta al BCE, según refirieron tanto el presidente del Consejo de Administración del Banco como los abogados externos que intervinieron en dicha reunión, era una obligación legal de todos los consejeros en términos meramente informativos, pero ello no implicaba, en modo alguno, que se estuviese solicitando la resolución del Banco», señalaba el acta notarial aportada por Ruiz Sacristán al juzgado en 2020 y que la defensa de Ángel Ron pide ahora investigar. Ese escrito del difunto exconsejero iba acompañado de diversos e-mails que presuntamente demostrarían irregularidades en la celebración del Consejo que finalmente habría servido para acordar la resolución del banco a espaldas de los consejeros de la entidad.

«Dicha iliquidez (sic) estaba generando una situación potencial de riesgo de que el día 7 de junio de 2017 y siguientes el Banco no pudiera hacer frente a sus principales obligaciones y se explicó que era necesaria la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco Español para tratar de frenar la fuga masiva de depósitos», indicaba Sacristán en el acta denunciada ante notario.

Además de adherirse a la batería de diligencias solicitadas por Ron para intentar demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho, el magnate mexicano Antonio Del Valle pide a la Sala de lo Penal que además del recurso del expresidente del Banco Popular analice el contenido de la declaración como investigado de Jaime Ruiz Sacristán el 6 de febrero de 2020.

Según Ron, otros cinco exconsejeros de la entidad (José María Arias, Reyes Calderón, José Ramón Estévez, Helena Revoredo y Vicente Tardío) depositaron ante la notaría Luis Pérez–Escolar Hernando un acta de manifestaciones en «idéntico sentido» a la aportada por Ruiz Sacristán. Es decir, alegaban que durante el Consejo celebrado el 6 de junio no se planteó a los consejeros el escenario de la resolución del banco, sino la declaración de inviabilidad mediante una carta al BCE para intentar solventar los problemas de liquidez de la entidad. Esto a pesar de que, siempre según la versión de la defensa de Ángel Ron, la resolución del banco «ya se llevaba preparando en los días previos y era una consecuencia con la que contaban el señor Saracho y su equipo gestor, lo que parece que no fue transmitido claramente a los consejeros, sino solo un problema coyuntural de liquidez».

Los abogados de Ángel Ron pidieron en marzo al juez José Luis Calama que investigue las circunstancias expuestas en el acta de manifestaciones de Ruiz Sacristán y, en particular, la de que «ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el Presidente (…) explicaron, advirtieron o aclararon a los señores consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al BCE podían tener». Ese escrito del difunto exconsejero iba acompañado de diversos e-mails que presuntamente demostrarían irregularidades en la celebración del Consejo que sirvió para acordar la resolución del banco.