El juez admite como acusación a 300 afectados por la ampliación del Banco Popular en 2012

Se acelera la investigación para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en el año 2012. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido la personación en calidad de perjudicados, y como acusación particular, a más de 300 antiguos accionistas minoritarios de la entidad que fue adquirida por el Banco Santander hace cinco años a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de 11.000 millones.

En una providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez admite la personación de un total de 310 minoristas que habían participado en la ampliación de capital de 2012 y que estarán representados por el despacho Durán & Durán Abogados. La Fiscalía había avalado previamente su personación «en calidad de perjudicados y como acusación particular» en esta causa, en la que se investigan posibles irregularidades e indicios de delitos de estafa y falsedad documental.

Una decisión que, según fuentes jurídicas, puede desencadenar en que una avalancha de perjudicados se sumen en los próximos días y semanas a las dos querellas admitidas a trámite por el juez Pedraz para dilucidar un posible delito de estafa en la ampliación de 2012. Una causa en la que se encuentran en condición de querellados el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, su exvicepresidente Roberto Higuera, la compañía Price Waterhouse Coopers (PwC) y el que fuese socio auditor de esta última, José María Sanz. 

Indicios de estafa y falsedad documental

El magistrado admitió a trámite la semana pasada dos querellas presentadas por antiguos accionistas y clientes de la entidad, y ha ordenado investigar posibles irregularidades e indicios de delitos de estafa y falsedad documental. Entre otras cuestiones, el juez Pedraz busca dilucidar si «la información pública suministrada sobre la ampliación de capital de 2012 contenía omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores, pudiendo haberse cometido un delito del Art. 282 Bis del Código Penal».

Para esclarecer estas cuestiones, el juez Pedraz acordó con la Fiscalía una batería de diligencias que serán practicadas durante las próximas semanas. Entre ellas, la toma de declaración de los querellados. Además, el magistrado ha requerido al Banco de España que aporte diversos informes de seguimiento e inspección realizados al Popular entre los años 2010 y 2012, así como que se aporte testimonio de un informe efectuado por los peritos del Banco de España en marzo de 2019 en el que se destacaba la solvencia del Popular en el momento en que se produjo la ampliación de capital y la resolución de la entidad.

La Audiencia Nacional había acordado a finales de abril la incoación de diligencias previas a raíz de una querella presentada contra el Banco Popular (ahora Banco Santander), su expresidente Ángel Ron y el exvicepresidente de la entidad, Roberto Higuera, por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Todo ello a raíz de la querella interpuesta por el despacho Durán & Durán Abogados en representación de clientes que «perdieron todo su dinero invertido» en la mencionada ampliación de capital.

Además de esa querella, el juez Pedraz ha admitido a trámite otra presentada por un grupo de inversores que iba dirigida también contra PwC y su socio auditor, José María Sanz. En 2019, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo ratificaron judicialmente el criterio sostenido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en relación a las irregularidades detectadas en los trabajos de auditoría sobre las cuentas del Popular realizado por PwC en 2012, año en el que la entidad sustanció la absorción del Banco Pastor.

A juicio de ambos tribunales, los auditores de PwC incumplieron la obligación legal de efectuar las pruebas necesarias para verificar la información proporcionada por el banco y a consecuencia de ello falló a la hora de obtener evidencias «adecuadas y suficientes» que sostuvieran su opinión favorable sobre la contabilización de esa operación y, en sentido más amplio, sobre las cuentas de la entidad en dicho ejercicio. El ICAC multó en 2018 por sendas infracciones graves a la firma PwC y a su socio auditor, Jose María Sanz, por importe de 119.908 euros y 149.885 euros, por su responsabilidad sobre estas anomalías.

Portazo del TJUE a reclamar al Santander

Según fuentes jurídicas, la investigación abierta por Pedraz es la única vía que les queda a los afectados por la ampliación del Popular en 2012 para poder recuperar su dinero después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminase que los antiguos accionistas de Banco Popular que adquirieron sus acciones antes de la resolución de la entidad no pueden exigir responsabilidad a Banco Santander por la información contenida en el folleto ni una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, lo que daría lugar a la restitución de las cantidades invertidas y de los intereses devengados.

El juez Pedraz no admitió la petición de incluir al Banco Santander como querellado en la causa, como pretendían los querellantes. En línea con la posición de la Fiscalía, el magistrado considera que no se puede considerar a la entidad presidida por Ana Patricia Botín como responsable penal de los hechos denunciados. Sin embargo, abre la puerta a poder considerarse al Santander «como responsable civil subsidiario» según avance la causa.

Fuentes jurídicas cercanas a los querellados en esta causa destacan que las acusaciones omiten en sus querellas que la operación de ampliación de capital de 2012 fue aprobada por el Banco de España y que el propio Consejo de la entidad invirtió más de 500 millones de euros en ella. Cabe recordar que la ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros se llevó a cabo después de que un test de estrés realizado por Oliver Wyman al conjunto de la banca española desvelara que el Popular registraba un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario macroeconómico muy adverso.

Otros 7.000 afectados contra Saracho

La causa abierta por el juez Pedraz se investiga en paralelo a otra investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. En ella se trata de esclarecer los motivos que llevaron a la resolución del Popular en el año 2017 y su posterior compra por el Banco Santander a cambio de un euro, a pesar de contar con activos valorados en más de 11.000 millones de euros.

Esta investigación se abrió en 2017 a raíz de una querella de la Asociación Española de Entidades Cotizadas (Aemec), en representación de 7.000 antiguos accionistas del Banco Popular que acusan por supuesta gestión «maliciosa» y «desleal» a Emilio Saracho, el hombre que sucedió a Ángel Ron en la presidencia de la entidad en diciembre de 2016 y bajo cuyo mandato se liquidó el banco.

En su último escrito, del pasado mes de abril, Aemec solicitó a la Audiencia Nacional una batería de diligencias relacionadas con el proceso de elección y la posterior llegada a la presidencia del Banco Popular de Emilio Saracho. Entre otras, piden que se aporte la carta de un exdirectivo al consejo de administración del Popular, en la que se denunciaban filtraciones en pleno relevo, así como los términos económicos de la salida de Saracho de su anterior entidad, JP Morgan.

Del Valle y Ron se unen

También en ese juzgado, las defensas de Ángel Ron y del exaccionista mayoritario de la entidad, el magnate mexicano Antonio del Valle, han solicitado recientemente que se realicen una serie de diligencias destinadas a esclarecer las presuntas irregularidades cometidas durante la reunión extraordinaria del Consejo de Administración, celebrada en junio de 2017 y presidida por Saracho, en la que se acordó la declaración de inviabilidad de la entidad.

Piden investigar las actas de manifestaciones entregadas ante notario por seis exconsejeros denunciando presuntas irregularidades en la reunión extraordinaria del Consejo, así como una serie de correos electrónicos intercambiados entre responsables de la entidad presidida entonces por Saracho y asesores legales externos, pertenecientes al despacho Uría Menéndez.

Esos documentos acreditarían, según Ron, que al menos desde el 1 de junio de ese año, y presuntamente a espaldas de varios consejeros de la entidad, «ya se estaba preparando el posible escenario de una resolución (de la entidad), elaborando una ‘concreta propuesta de actuación’ y una ‘Nota’ sobre el concepto de inviabilidad».