La Audiencia Nacional rechaza investigar los correos y actas sobre la liquidación del Popular
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron pedía analizar los mails y actas depositadas ante notario por seis exconsejeros que denunciaron irregularidades
Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. | Europa Press
Portazo de la Audiencia Nacional a investigar las circunstancias en las que se produjo la liquidación del Banco Popular. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de apelación presentado por el expresidente de la entidad Ángel Ron. Entre una larga batería de diligencias, el exresponsable del Banco Popular pedía investigar los correos electrónicos y las actas depositadas notario en las que seis exconsejeros denunciaban presuntas irregularidades durante la reunión del Consejo de Administración en la que se acordó la resolución de la entidad, en junio de 2017, bajo la presidencia de Emilio Saracho. Una petición a la que se había adherido quien fuese el máximo accionista del banco, el magnate mexicano Antonio del Valle.
En un auto fechado el 15 de junio, los jueces de la Sección Cuarta señalan que las diligencias solicitadas por Ron son «netamente impertinentes, en el sentido de que carecen de toda relación con el objeto del proceso» y «supondrían un obstáculo para la causa» que instruye el instructor del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama. El magistrado de la Audiencia Nacional investiga en dos piezas separadas si, por un lado, el equipo de Ron cometió irregularidades en la ampliación de capital de 2016 por importe de 2.500 millones de euros. Por el otro, intenta dilucidar si durante los 108 días de mandato de Saracho al frente de la entidad se cometió un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización de la entidad.
Como adelantó THE OBJECTIVE, la defensa de Ángel Ron solicitó en mayo a la Sala de lo Penal que instase al juez instructor del caso Popular a investigar las actas de manifestaciones entregadas ante notario por seis exconsejeros, así como una serie de correos electrónicos intercambiados entre responsables de la entidad presidida entonces por Saracho y asesores legales externos, pertenecientes al despacho Uría Menéndez. Según la versión de Ron, esos documentos acreditarían que al menos desde el 1 de junio de ese año, y presuntamente a espaldas de varios consejeros de la entidad, «ya se estaba preparando el posible escenario de una resolución (de la entidad), elaborando una ‘concreta propuesta de actuación’ y una ‘Nota’ sobre el «concepto de inviabilidad» .
«Se aparta del objeto de la investigación»
En línea con lo que defendían el magistrado instructor y la Fiscalía, la Sala de lo Penal considera que la defensa de Ron, quien consta como querellado en este procedimiento, «pretende con su propuesta introducir en la causa un nuevo hecho como objeto de investigación». «Lo cual no procede», indican los magistrados de la Sección Cuarta. «Si su pretensión es investigar el acto de formación de la voluntad de los consejeros para la votación del acuerdo sobre la declaración de inviabilidad del banco, adoptado en el consejo de administración del 7 de junio de 2017, debe rechazarse igualmente pues las diligencias se apartan de los hechos que son objeto de investigación», añaden los jueces de la Audiencia Nacional en su auto, contra el que no cabe recurso.
Según Ron, la práctica de esas diligencias resultaría relevante para determinar la imputación del daño sufrido por los accionistas. A su juicio, los consejeros pudieron haber adoptado la decisión sin que previamente hubieran sido advertidos de las consecuencias de sus actos.
Además de investigar los correos electrónicos previos al consejo en el que se resolvió el banco y las actas de manifestaciones depositadas ante notario por seis consejeros, Ron solicitaba que por parte del despacho Uría Menéndez se aportase información en la que se identifique a los abogados que prestaron asesoramiento al Banco Popular desde el 17 de febrero al 7 de junio de 2017, durante la presidencia de Saracho. Ese despacho también asesoraba al Banco Santander, entidad que acabó comprando el Popular a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de más de 11.000 millones.
Ron señalaba que, en contra de lo que defiende Saracho, la causa de la resolución del Popular no fue un problema de solvencia del banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos, y responsabilizaba a Uría Menéndez de incitar a la entidad a declarar su inviabilidad.
La Audiencia considera extemporánea la petición
La Sala de lo Penal, en línea con el instructor y la Fiscalía, y basándose en doctrina nacional y europea, rechaza la pretensión de Ron y concluye la decisión adoptada fue tomada de manera libre y consciente por los integrantes del Consejo de Administración de una entidad bancaria. Entiende que todos ellos contaban «con una sólida e indiscutible formación financiera y empresarial que adoptaron un acuerdo esencial para viabilidad de la entidad y, además, debidamente asesorados por uno de los despachos más especializados en materia mercantil y bancaria de este país».
Los magistrados añaden que si los consejeros hubieran albergado alguna duda acerca de la calidad del asesoramiento jurídico-financiero, debieron haberlo expresado así en el momento de la aprobación del mismo. «No pudiendo venir años después, como consecuencia de los pleitos y denuncias formuladas a esta cuestión, poner en duda su aprobación, acuerdo respecto del que, por otro lado, no consta voto alguno en contra, ni menos aún que el mismo hubiere sido combatido por medio de los recursos y remedios adecuados a tal efecto», indican los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en su auto, contra el que no cabe recurso.
Uno de los consejeros que manifestaron irregularidades ante notario es el fallecido Jaime Ruiz Sacristán. En un acta aportada al juzgado en 2020, manifestó que en la citada reunión del Consejo «únicamente se discutió acerca de los problemas de liquidez por los que estaba atravesando el Banco con motivo de la retirada masiva de depósitos en las semanas anteriores». Añadió que en ningún momento se planteó a los consejeros el escenario de la resolución del banco, sino la declaración de inviabilidad mediante una carta al BCE para intentar solventar los problemas de liquidez de la entidad.
En el escrito en el que solicita adherirse al recurso de Ron, el empresario mexicano también ponía el foco en la figura de Ruiz Sacristán. En concreto, Del Valle añadía y reproducía parte de la declaración que ese exconsejero prestó el 6 de febrero de 2020 ante el juez Calama, el Ministerio Fiscal y su letrada. En aquella testifical, Ruiz Sacristán afirmó que a los consejeros convocados de urgencia para el Consejo de Administración el 6 de junio de 2016 solo se les envió, semanas después y tras varias peticiones por e-mail, un «acta parcial» de aquella reunión extraordinaria.
