La paradoja de la cooficialidad: el Senado lleva una década sin plantilla de intérpretes
La Cámara Alta, que utiliza las lenguas cooficiales desde 2011, sigue tirando de una bolsa de profesionales externos. El PSOE rechaza la medida en el Congreso
La ministra Teresa Ribera en una sesión del Senado. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Jaque mate al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. El PSOE votará este jueves en contra de la propuesta nacionalista tras semanas de titubeos. Los socios de investidura de Pedro Sánchez se habían unido para reclamar un cambio en el reglamento con el fin de que se pudiese hablar en catalán, vasco o gallego en la Cámara Baja. No será posible de momento. Donde sí se pueden utilizar estos idiomas es en el Senado, que aprobó su uso a partir de 2011. A pesar de que ha pasado más de una década, la Cámara territorial sigue sin contar con una plantilla de intérpretes y traductores. Tira de una bolsa de profesionales externos.
El Senado convocó un proceso para seleccionar especialistas en 2005, cuando se decidió usar las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Fueron elegidos un total de 25 intérpretes y traductores que, desde entonces, son reclamados por la Cámara Alta cuando esta necesita de sus servicios. Una portavoz institucional explica que se sigue utilizando esa lista, aunque se han caído algunos profesionales. El uso generalizado de los idiomas que se hablan en las regiones de España no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2011.
El Reglamento del Senado
El pleno de la Cámara Alta lo aprobó unos meses antes con el rechazo de PP y UPN. No en todos los casos, sino en aquellos seis que determina la Disposición Adicional Quinta del Reglamento del Senado, entre ellas la primera intervención de su presidente ante el pleno, las intervenciones en el debate de mociones, la publicación de iniciativas, la presentación de escritos en el Registro y los textos que los ciudadanos dirijan a la institución.
En septiembre, el PSOE se unió a las fuerzas nacionalistas para iniciar la reforma del reglamento. El objetivo era modificar dicha disposición adicional y el artículo 84.5 para integrar plenamente el uso del catalán, el vasco o el gallego en cualquier actividad parlamentaria, aunque por el momento no se ha llevado a cabo. La medida, propuesta por Junts per Catalunya, triplicaría el gasto actual para traducciones y transcripciones, que el año pasado estuvo dotado con 355.000 euros.
La mayor parte de esa cuantía, 280.000 euros, se reservó para traducciones y transcripciones, mientras a la Comisión General de las Comunidades Autónomas se dedicaron otros 75.000 euros. Sin embargo, los profesionales que realizan estos trabajos no forman parte de una plantilla con salarios fijos. Se recurre a los integrantes de una bolsa que se cerró hace más de 16 años. Su remuneración varía según el trabajo que desarrollan.
No es el único gasto del Senado en esta materia. La Cámara territorial gasta cantidades superiores en traducir reuniones, actos y correspondencia con altos cargos extranjeros. Solo para pasar al inglés y al alemán lo abordado en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE celebrada en mayo del año pasado se destinaron 4,2 millones de euros. La Administración pública, en cambio, sí cuenta con un Cuerpo de Traductores e Intérpretes propio, adscrito al Ministerio de Exteriores, aunque no todos sus miembros trabajan en ese organismo.
Cuerpo de traductores
La Oficina de Interpretación de Lenguas de Exteriores emplea a 22 intérpretes. El resto de profesionales se reparten por otros ministerios y organismos públicos, aunque los portavoces gubernamentales consultados por THE OBJECTIVE no han podido precisar el número. La intérprete Lola Guindal pone el foco en el crecimiento de plazas que requiere el Estado. «Mientras que hasta 2018 se convocaban entre dos y seis al año, en 2019 se alcanzaron 24 y en 2020 y el año pasado fueron 20». No obstante, se reservan para profesionales que dominan el inglés y el francés fundamentalmente, nunca para las lenguas cooficiales.
Guindal, que también es profesora en la Universidad Pontificia Comillas, sostiene que todo el mundo debería poder expresarse en su lengua materna. No obstante, reconoce que si se puede hacer en castellano, que dominan todos los ciudadanos, no hay necesidad de traducir y convertirlo en una información de segunda mano, que puede perder fiabilidad. «Es como el teléfono estropeado». En su opinión, el gasto económico en un escenario de recesión puede justificar la decisión de no aprobar la medida en el Congreso.
La experta explica que el Parlamento Europeo cuenta con 300 intérpretes y traductores con sueldos que oscilan entre los 4.000 y los 6.000 euros al mes. Además, se recurre a otros 1.50o profesionales freelance que llegan a embolsarse hasta 500 euros por media jornada de trabajo. «Es un servicio caro», insiste. Una opinión que comparte José Manuel Sabio, miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), donde asegura que no existe consenso sobre la necesidad de utilizar las lenguas cooficiales en los parlamentos nacionales.
«En términos laborales a nosotros nos vendría bien. No se puede primar una lengua sobre otra». Sabio reconoce que abrir el melón de los traductores en las cámaras de representación no pone de acuerdo a sus colegas. «En Suiza los representantes públicos hablan italiano, francés o alemán en la Cámara y nadie pone en duda que tengan que ser traducidos. Hay una plantilla destinada a ello, aunque aquí entiendo que no sea un gasto indispensable porque todos hablan y entienden el castellano».
