El Congreso aprueba el dictamen de la Ley de Memoria Democrática con el apoyo del "brazo político de ETA" y la abstención de ERC

La posición de ERC no será relevante para la votación de la ley el 14 de julio, puesto que el Gobierno ya contaba con los apoyos suficientes para sacar la norma tras pactar con Bildu

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado el dictamen de la ley de Memoria Democrática con el voto a favor de la mayoría de partidos de la izquierda, el voto en contra de PP, Cs y Vox, y la abstención de Junts y ERC, que ha pactado cuatro enmiendas transaccionales con el Gobierno.

Sin embargo, la posición de ERC no será relevante para la votación de la ley en el pleno previsto el 14 de julio, ya que el Gobierno ya contaba con los apoyos suficientes para sacar la norma adelante tras el pacto suscrito con EH Bildu.

En concreto, el dictamen ha salido adelante con 19 votos a favor (entre ellos los del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y el PNV), el voto en contra de PP, Cs, Vox y UPN en representación del grupo mixto, y la abstención de Junts y ERC, cuya portavoz, Carolina Telechea, ha criticado no obstante durante la sesión que siga en pie la ley de amnistía.

«Un país que se las da de una democracia plena continúa sin juzgar crímenes del franquismo», ha dicho.

La Ley de Memoria, que llegará hasta 1978, da su último paso antes del pleno

Fuentes del Gobierno no descartan que la ley sea aprobada por mayoría absoluta, y confían en que ERC se abstenga en el pleno del Congreso, como ha hecho en comisión.

A continuación, la ley se votará en el Senado durante el mes de septiembre, cuando el Gobierno espera poder aprobar de forma definitiva la norma y que ésta entre en vigor con su publicación en el BOE.

El Gobierno ha pactado más de una veintena de enmiendas transaccionales con los grupos durante la fase de los trabajos en ponencia y en comisión.

Entre ellas, destaca una acordada con EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983».

Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.

Fuentes de EH Bildu señalaron que, al ampliar un año este margen temporal, se ampliaba el plazo de aplicación de la ley con el objetivo por parte de su grupo de abordar el inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la ‘guerra sucia’ contra ETA, que comenzó a actuar en diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González.

Sin embargo, fuentes del Gobierno han aclarado este lunes que la vigencia de la ley de Memoria Democrática llegará hasta 1978, no más allá, y que la ampliación temporal hasta finales de 1983 sólo afecta a la comisión recogida en una de las disposiciones adicionales.

Durante la comisión celebrada este lunes, los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos han manifestado su rechazo al pacto suscrito con EH Bildu, así como a la extensión de los trabajos de la comisión hasta 1983.

«Que el PSOE esté dispuesto a apuñalar al gobierno de Felipe González es sorprendente», ha llegado a decir el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Fuentes del Gobierno han señalado que simplemente habrá una constatación y un reconocimiento a personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos entre 1978 y 1983, cuyos casos concretos determinarán los expertos de la comisión que serán nombrados por el Ejecutivo.

Socios parlamentarios del Gobierno como ERC y EH Bildu han criticado en la comisión de este lunes que la ley de Memoria Democrática no acabe con la ley de amnistía de 1977.

Entre las novedades más significativas aprobadas por el Gobierno está la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo. 

Fuente: EFE