Los afectados por la abolición de la prostitución preparan un 'verano caliente' contra el Gobierno
La plataforma organiza manifestaciones en Bilbao, Valencia, Barcelona y Málaga para que el Gobierno no prohíba una actividad de la que viven 150.000 familias.
La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución protesta contra la ley impulsada por el PSOE ante la sede de Ferraz. | Europa Press
Prostitutas, recepcionistas y responsables de burdeles, anunciantes, limpiadoras… todas las personas que se van a ver afectadas por la abolición de la prostitución que propone el Gobierno de España, y que cuenta con el apoyo del Partido Popular, se están organizando para tomar las calles del país en julio, agosto y septiembre en una suerte de verano caliente que pondrá a prueba cuán firme es la determinación del Ejecutivo en acabar con esta actividad monolítica. Y es que la presión será, según ha podido saber THE OBJECTIVE, asfixiante.
Por primera vez aglutinado, gracias a la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, el gremio pretende tomar las calles con macromanifestaciones en toda España que comenzarán el próximo miércoles 20 de julio en Bilbao, Valencia, Barcelona y Málaga. «Vamos a ejercer una presión que nunca se ha hecho en España. Han conseguido unirnos a todas», advierte Susana Pastor, presidenta de la plataforma, creada el pasado 18 de junio con motivo del empeño de la izquierda en prohibir la actividad de la que se nutren 150.000 familias en España. Todo esto, denuncian, sin que siquiera haya existido diálogo entre ambas partes.
«Ningún miembro del Gobierno se ha sentado a hablar con nosotras… ¡Ojalá!», señala la portavoz de una plataforma que se constituyó a mediados de junio, una semana después de que se admitiese a trámite en el Congreso la proposición de ley registrada por el PSOE para abolir la prostitución. Tan sólo cuatro días después de su nacimiento ya exhibió poderío frente a Ferraz, sede madrileña de los socialistas, donde centenares de trabajadoras sexuales se manifestaron con lemas como «sois peor que Franco», «nací libre y ahora me quitáis ese derecho» o «¿vais a quitarnos nuestro trabajo?».
Pero eso fue sólo el aperitivo. Desde entonces los grupos de WhatsApp de las prostitutas no han dejado de echar fuego. Están enfadadas por el fondo y por las formas con las que se ha tramitado esta ley, en base a «bulos» y con una voluntad de que «mientras estamos pendientes de la prostitución no se hable de otras cosas más graves». Así lo asevera Pastor, que denuncia que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez «nos está llamando delincuentes» cuando arguye que el 80-90% de las mujeres que practican la prostitución son, en realidad, víctimas de trata.
«Yo habré conocido a más de 2.000 mujeres dedicadas a la prostitución y puedo asegurar que ninguna ha sido obligada. Si no, hubiera llamado a la Policía», relata la líder del movimiento. Frente al argumentario monclovita, Pastor se remite a datos de Médicos del Mundo que cifran en un 15% la cantidad de prostitutas que son víctimas de trata en todo el mundo. En definitiva, la plataforma considera que PSOE y Unidas Podemos (excepto En Comú Podem) están entrando en una deriva «moralista».
«A mí ninguna de estas supuestas feministas me representa ni me va a venir a decir que hacer con mi cuerpo», añade Noelia Mundía, trabajadora sexual que forma parte de la plataforma y de las marchas. «Las invito a que vengan a conocernos, a que nos visiten y vean las condiciones en las que trabajamos. Hay cosas malas, como en todo, pero todas las mujeres que conozco estamos aquí por voluntad propia. Somos una familia», explica a las mujeres socialistas y podemitas impulsoras de la norma.
Mundía, prostituta extranjera, explica que llegó a España «buscando oportunidades» y las encontró en su oficio porque «se vive muy bien, no tengo ninguna persona que me esté obligando y hago lo que me da la gana». «Mi familia depende económicamente de mí: yo pago la medicina de mi madre y la escuela de mi hermana pequeña, ¿qué piensan hacer con ellas?», lamenta. La trabajadora sexual intuye que hay «algún interés oculto» por parte del Gobierno que explique la premura por aprobar la norma.
La norma
La norma socialista para abolir la prostitución modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Esto es, un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta medida no ha generado quejas del gremio.
Pero la polémica estriba en que también se castigará la tercería locativa. Es decir, que se penalizará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución con entre dos y cuatro años de prisión. También se castigará a los puteros. Los clientes o consumidores de sexo pagado serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad. La trabajadora sexual, no obstante, no podrá ser sancionada en ningún caso.
Los portales de anuncios de trabajo sexual también corren el riesgo de ser ilegalizados. Por eso están siendo vehementes en su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución. Pablo C., dueño de SexoMercadoSpain, denuncia que la ley se ha basado «en un bulo desde el principio»: «Hemos colaborado plenamente con las autoridades policiales cuando hemos sido requeridos para alguna investigación. A raíz de dicha experiencia valoramos que en conjunto, la proporción de criminalidad observada sobre el global de la actividad anunciante es ínfima en proporción. Se nos hace difícil creer por nuestro trato directo con las profesionales anunciantes los porcentajes de prostitución coactiva que los impulsores de las nuevas leyes proclaman».
La norma impulsada por el PSOE ha contado con el apoyo de la mitad de Unidas Podemos (exceptuando los diputados de En Común Podem) y del Partido Popular. Por otro lado, el bloque de investidura se ha dividido entre la abstención (PNV y EH Bildu) y el no, una opción que aglutina a ERC, Ciudadanos y la CUP. El debate, en definitiva, enfrenta a quienes sostienen que la prostitución es siempre una forma de violencia contra la mujer y quienes defienden la libertad de las trabajadoras sexuales para realizar su actividad sin intromisiones. Si acaso, son partidarios de regularla para combatir la trata.
Las protestas comenzaron el 22 de junio en Ferraz, continuarán el 20 de julio en Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga (con concentraciones frente al Ayuntamiento, la delegación del Gobierno y las sedes del PSOE, respectivamente) y concluirán con una gran manifestación el próximo 12 de septiembre a las puertas del Congreso de los Diputados. «¡No podrán con nosotras!», anuncian las convocantes. Estas llaman a los partidos políticos, a las entidades sociales y a los particulares que no estén de acuerdo con la «deriva neopuritana» del Gobierno de España a sumarse a este verano caliente.
