El Gobierno aplaza el primer trámite de los Presupuestos por la elevada incertidumbre
Hacienda retrasa la aprobación del techo de gasto por la inestabilidad de las cifras económicas y una previsión de inflación de hasta el 15% para el mes de octubre
El Ejecutivo se ve obligado a cambiar de planes ante el empeoramiento de la crisis económica, que augura un otoño caliente. Y el primer paso ha sido retrasar la aprobación del techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado, previsto para el mes de julio, según adelantan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE. El Ministerio de Hacienda ha tenido que tirar la toalla y desistir de la voluntad de María Jesús Montero de dar luz verde a esta iniciativa en el pleno del 14 de julio. El plan previsto por Moncloa, en coordinación con Hacienda, era aprobar el techo de gasto en el Congreso precisamente ese día para poder pasar el trámite del Senado el miércoles 20 de julio, pero la realidad ha terminado por imponerse.
En el orden del día fijado este miércoles por la Junta de Portavoces, el Gobierno ha excluido el techo de gasto de las medidas urgentes a aprobar antes del verano y fuentes de Moncloa confirman el cambio de planes ante el rápido empeoramiento de las previsiones macroeconómicas que se atisba en el horizonte. Desde el departamento de María Jesús Montero aseguran que «se han parado las máquinas» y pospuesto la aprobación del techo de gasto hasta después del verano, ante la imposibilidad de hacer previsiones certeras en un escenario cambiante y en el que la escalada de los precios supera las capacidades de cualquier país.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno trabaja con un escenario de subida de la inflación de entre el 12% y el 15% para el mes octubre. Fuentes socialistas y gubernamentales creen que no llegará al peor de esos pronósticos, pero descuentan una subida de dos puntos más sobre el récord histórico del 10,2% del IPC en junio. Pero el momento clave llegará en cualquier caso en otoño, coincidiendo con el escenario de incertidumbre y con la decisión de Rusia de cortar o no el gas a los países europeos más expuestos al suministro ruso como Alemania.
Un auténtico terremoto que encaja con las advertencias de los últimos días de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, que es consciente de que la principal repercusión serán los precios de los combustibles. La previsión del Gobierno es que en el otoño la gasolina toque el umbral psicológico de los 3 euros el litro. Sin embargo, el consuelo del Ejecutivo es que octubre sea el pico de las tensiones inflacionistas y, a partir de ahí, «empiece a bajar en el último trimestre del año» hasta lograr que el IPC quede por debajo del 10% en diciembre.
Baño de realidad de Calviño
Es por este motivo que se han intensificado las últimas llamadas a la responsabilidad por parte de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Este miércoles, la número dos de Sánchez acudió al Congreso de los Diputados a una reunión interparlamentaria con diputados y senadores adelantada por THE OBJECTIVE. Allí sacó pecho porque España sea la gran economía del euro que más recursos ha destinado para combatir la inflación, el 1% de su PIB, pero también admitió haberse quedado corta en sus previsiones porque «el escenario ha cambiado» y el Gobierno se verá obligado a asumir un IPC «más alto y durante más tiempo».
La vicepresidenta confió en poder contener la inflación 3,5 puntos, después de que en junio superase el 10,2% en nuestro país, para lo cual el Gobierno pone el acento en aprobar el segundo decreto con la medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania el próximo jueves 14 en el Congreso. Pero tampoco eso será suficiente. Mientras negocia con Bruselas la adopción de medidas en la zona euro, el Ejecutivo retoma el fracasado pacto de rentas. «Vamos a apoyar y ayudar para que se produzca», señaló Calviño este miércoles en el Congreso justo antes de confirmar el Ministerio de Economía una reunión con los agentes sociales a ultima hora de la tarde.
Temor al fracaso de los Presupuestos
La alarma paraliza por tanto la máquina presupuestaria del Ejecutivo y se suceden las conversaciones a nivel europeo. Según fuentes socialistas, el Gobierno multiplica los contactos con las autoridades comunitarias y no se descarta la adopción de nuevas medidas ante la principal preocupación a la vuelta del verano: «inflación, inflación e inflación. No hay un problema más acuciante».
El Gobierno comienza a temer por las consecuencias que esto pueda tener en la ciudadanía: «se pueden quemar las calles». Y, por ello, intensifica la interlocución con Bruselas ante la llegada de un IPC inasumible para la ciudadanía que pueda provocar la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez en su acción legislativa. De hecho, el temor del Ejecutivo es que no se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado porque no se pueda disponer de fondos para contentar a sus socios, o que estos se nieguen a asumir el coste de hacerse corresponsables de unas precarias cuentas públicas.
