El PSOE crea un curso para 'educar' en memoria histórica a los concejales extremeños
La Junta de Extremadura impartirá lecciones sobre represión franquista a los más de 3.000 ediles repartidos por toda la región. La oposición no asistirá.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. | EFE
Los más de 3.000 concejales electos en Extremadura tendrán que volver a la escuela a partir del próximo mes de septiembre. El Gobierno presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara, a través de la Consejería de Cultura, ha ideado un curso para educar a sus representantes públicos en memoria histórica, poniendo especial énfasis en la represión franquista que sufrió la región.
Las lecciones serán impartidas por profesores universitarios expertos en la materia y versarán, más concretamente, sobre los campos de concentración, la represión que sufrían las mujeres en particular, la situación de los presos en las cárceles o los bebés robados. También contarán con el testimonio presencial de extremeños cuyos familiares han sido víctimas del franquismo.
La iniciativa ha sido anunciada este lunes en la Comisión de Cultura celebrada en la Asamblea de Extremadura por el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, a pregunta de la diputada de Podemos Lorena Rodríguez. «Concluiré refiriéndome a un proyecto concreto que, sin duda, su señoría conoce bien, que se ha trabajado directamente con representantes de su grupo que se corresponde, además, a una iniciativa suya sobre la ley de presupuestos de 2022 que son las escuelas de memoria histórica para concejales, cuyo programa está muy avanzado. Puedo confirmarle aquí que para el segundo semestre de este año. Es decir, a la vuelta del verano, podremos poner en marcha».
Estas lecciones impartidas a las ediles no serán de carácter obligatorio, sino meramente recomendado, y tendrán como objetivo «sensibilizar y dar a conocer el papel de los ayuntamientos en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática» a todos los concejales esparcidos por los 388 ayuntamientos que componen la región, la mayoría de liderazgo socialista, aunque comenzará implementándose en cuatro (por concretar). Así, los políticos serán capaces de «informar sobre las herramientas existentes para acceder a los recursos para la puesta en marcha de proyectos de memoria democrática a nivel local».
Unidas Podemos ha sido el impulsor de la medida, y ésta ha sido adoptada por el PSOE motu proprio, pues tiene la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura. Pero no ha contado con una buena recepción por parte de la oposición. Según ha podido saber este medio, la mayoría de concejales de PP y Ciudadanos son partidarios de no asistir. Uno de ellos es José Ángel Sánchez, edil de Cáceres, que denuncia que «a mis 37 años no necesito que los socialistas vengan a explicarme la historia de mi región».
THE OBJECTIVE ha intentado en vano ponerse en contacto con la Consejería de Cultura para preguntar por el presupuesto que irá destinado a esta suerte de escuela, pero fuentes de la Junta de Extremadura arguyen que esa cifra aún no está disponible porque aún se están «elaborando los pliegos». No obstante, las cifras que la Administración socialista destina desde 2019 (cuando fue aprobada la ley de memoria histórica) a esta materia permiten barruntar el dispendio.
646.000 euros en Memoria Histórica
La memoria histórica es una obsesión monolítica del barón socialista Guillermo Fernández Vara, que en 2022 ha destinado 646.000 euros del erario público a esta materia; el triple de los 179.000 empleados en 2020. Además, el Ejecutivo extremeño habilitó hace escasos meses un mapa virtual con las 207 fosas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista halladas en la región, así como de otras dos en Ciudad Rodrigo y Burgohondo (ambas en Castilla y León).
Por si fuera poco, la consejería de Cultura ultima la creación de un instituto de memoria histórica, y ya trabaja en la elaboración de un archivo con testimonios orales de las víctimas. También se creará un censo de las mismas. Todo esto se unirá al proceso de localización y sondeo de fosas, para el cual se han destinado 90.000 euros. Una cifra que palidece en comparación con la partida de 340.000 euros (200.000 facilitados por el Gobierno de Pedro Sánchez) que Vara destina a su exhumación. Una preocupación y un dispendio que desde la oposición entienden que no procede ante la crisis económica que atenaza nuestro país.
Y que llega, además, en medio de la polémica Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de España gracias a un acuerdo con EH Bildu. Esta no se conformará con revisar las supuestas violaciones de Derechos Humanos que hubieran quedado impunes durante el régimen predemocrático de Franco, sino que supondrá la creación de una comisión técnica que elaborará un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas «por su lucha por los valores democráticos» hasta 1983. Así, los miembros de ETA perseguidos en democracia podrán ser considerados víctimas indemnizarles, equiparándolos a las víctimas del franquismo.
