Un informe pericial concluye que Vivanta falseó sus cuentas antes de ser rescatada por la SEPI

Grupo Vivanta ocultó los niveles reales de facturación en la contabilidad de la compañía en el año 2019. Así lo acreditan dos expertos en economía forense que han realizado un informe pericial entregado recientemente al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, tras analizar pruebas de la presunta doble contabilidad denunciada en una de sus clínicas dentales. Una acusación que Grupo Vivanta niega.

El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha sido aportado junto al recurso presentado hace poco más de un mes por el antiguo dueño la clínica, que acusa de presuntos delitos de estafa y falsedad documental al Grupo Vivanta, al que el Gobierno ha concedido un rescate de 40 millones de euros con fondos públicos, y a varios directivos del fondo Portobello Capital. Un caso que fue sobreseído provisionalmente, pero que podría reabrirse si la juez acepta esta nueva prueba pericial.

En el informe remitido al juzgado, los expertos recomiendan la realización de una auditoría independiente para explicar una serie de partidas que podrían arrojar una doble contabilidad con la que Grupo Vivanta habría intentado inflar los gastos contables y eludir pagos a los antiguos propietarios de las clínicas que el fondo Portobello Capital adquirió a partir de 2017 con la intención de conformar el grupo líder de clínicas dentales y estéticas de España. «Entendemos que ha habido ocultación de facturación en la contabilidad de la compañía entregada a Tagalo Consulting», indican los peritos en su informe.

El documento pericial ha sido elaborado por encargo del administrador de Tagalo Consulting, propietario de una de las clínicas de Madrid que el fondo Portobello Capital adquirió para conformar Grupo Vivanta. Una firma que ha acabado siendo rescatada por el Gobierno a pesar de que ya atravesaba por problemas económicos antes de la pandemia. A través del fondo puesto en marcha por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ayudar a las empresas «estratégicas» y que fueran «solventes» antes del estallido de la covid-19, el Consejo de Ministros concedió el pasado 27 de junio un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones a Grupo Vivanta.

Y esto, a pesar de que la compañía acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia. Una cuestión que ha llevado a la oposición a pedir explicaciones por el rescate a esta compañía a la que el Gobierno considera «estratégica» a pesar de contar con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en toda España.

Acusan a Vivanta de llevar una doble contabilidad

La querella que dio origen al caso en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, se basaba en un documento de excel que fue enviado por error por un trabajador de la compañía al demandante. Un archivo informático que, según el querellante, reflejaría la presunta existencia de una doble contabilidad con la que Vivanta pretendería inflar gastos para evitar el pago de unos 110.000 euros pendientes de abonar al antiguo propietario de la clínica. Una causa por la que estuvieron imputados y citados a declarar Grupo Vivanta y varios consejeros de Portobello Capital, pero que la juez acordó en mayo el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que no existían indicios suficientes para continuar investigando.

El documento aportado como prueba de la presunta doble contabilidad, que ahora ha sido analizado por los peritos para intentar reabrir la causa, contenía una hoja de cálculo distinta a la declarada oficialmente por el Grupo Vivanta. Esta última reflejaba que la clínica había registrado 163.290 euros en pérdidas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2019. La enviada por error por un gerente de Vivanta, por el contrario, arrojaba un beneficio de 6.747,82 euros en las mismas fechas y en la misma clínica.

Tras analizar el documento de excel, los peritos concluyen en su informe aportado recientemente al juzgado que se ha producido una «ocultación de la facturación en la facturación contable entregada a Tagalo Consulting de 170.037,84 euros». La juez, sin embargo, sobreseyó el caso en un auto fechado el pasado 31 de mayo. En ese escrito, la magistrada rechazaba el delito de falsedad documental «al basarse en unas hojas de cálculo que nada acreditan y que se ignora si están o no reflejadas en los libros oficiales». Durante la instrucción, según el querellante, la juez no solicitó a Vivanta los libros oficiales y las auditorías para comprobar qué cuentas había declarado la compañía.

Irregularidades en las nóminas

En contra del criterio de la juez, en el nuevo informe aportado al juzgado, los peritos destacan otras posibles irregularidades en varias de las partidas de gastos reflejadas en las cuentas oficiales enviadas por Vivanta a Tagalo Consulting. En particular, les «llama poderosamente la atención» la partida de gastos en salarios. Comienzan explicando que desde que la firma asumió la gestión, la clínica pasó de tener cinco empleados a tener entre siete y once trabajadores asalariados. Algunos de ellos con salarios poco habituales.

En concreto, dos de ellos cobraron hasta 14.853 euros y 17.222,39 euros mensuales durante los primeros meses del año 2019 a pesar de que la facturación total de la clínica fue de 40.339,71 euros en enero, 34.574 euros en febrero y 44.515,39 euros en marzo. «No resulta habitual nóminas de 14.853 euros y 17.222,39 euros», subrayan los peritos.

Los expertos destacan que «no hay partida de sueldos equivalentes» a la facturación y destacan que mientras dos empleados cobraban esas cantidades mensuales desorbitadas, más de la mitad de lo que facturaba la clínica, el resto de sueldos de los empleados no sobrepasaba los 4.700 euros. También ponen el foco en la «existencia de nóminas con saldo negativo, al igual que en la seguridad social».

En su recurso, además de remitir el informe de los peritos, el querellante reclama la auditoría de las cuentas que, según su versión, por contrato debería haber recibido por parte de la compañía. También vuelve a aportar el mail que un gerente le envió por error el 16 de diciembre de 2019. Ese correo, que adjuntaba el documento de excel con la presunta contabilidad real y no la oficial, está verificado y corroborado ante notario, según los escritos aportados al juzgado y a los que ha tenido acceso este diario.

El antiguo dueño de Tagalo Consulting también ha vuelto a entregar otro mail, de julio de 2021, donde el mismo gerente que le envío el excel admitía su «error» al mandarle el correo: «Por favor, te pido que no digas nada, está en juego mi trabajo y sobre todo el futuro de mi familia (…) te lo suplico».

¿Alteraba sus cuentas para eludir pagos?

Junto al recurso presentado al juzgado, el querellante también añade una carta en la que insiste en que «las hojas de cálculo demuestran una doble contabilidad para no cumplir con los acuerdos de compra de las clínicas». «No solo la mía sino todas las clínicas que ha comprado y no ha pagado», añade en referencia a Grupo Vivanta y Portobello Capital. Y es que, como el dueño de Tagalo Consulting indica, son varios los antiguos dueños de clínicas que se han querellado por idénticos motivos desde 2019 contra Portobello Capital y Vivanta. La mayoría de casos han quedado sobreseídos o archivados.

Al comprarles sus clínicas, Grupo Vivanta dejaba condicionado el último pago a que un año después de la compra los resultados de Ebitda y facturación de las clínicas adquiridas fuesen iguales o mejores a los que registraban con sus anteriores dueños. De lo contrario, Portobello eludiría el pago de la parte restante. En el caso de Tagalo Consulting, según la querella y el recurso interpuestos por su antiguo propietario, quedaba pendiente un pago de 110.000 euros sujeto a esas condiciones.

El año anterior a a su venta, la clínica facturó 430.000 euros. Según la contabilidad oficial de Portobello, esa cifra se redujo un año más tarde a 320.000 euros y habría registrado 163.000 euros en pérdidas. Sin embargo, de acuerdo a las conclusiones de los peritos tras el análisis del excel enviado por error que reflejaría la contabilidad real (no la declarada), Vivanta ocultó 170.037,84 euros en la facturación de la clínica, que en realidad habría obtenido 6.747,82 euros de beneficio y casi 500.000 euros de facturación. Unas cifras que habrían obligado a Vivanta a pagar los 110.000 euros restantes a Tagalo Consulting.

Estafa y administración desleal

Un modus operandi similar al denunciado por el dueño de Grupo Healthgestion. Un empresario que vendió 17 clínicas a Vivanta, y que también denunció por estafa y administración desleal a la firma dental, a Portobello Capital y a varios consejeros del fondo de capital dirigido por Íñigo Sánchez Asiaín. En su querella, que fue admitida a trámite inicialmente, el dueño de Grupo Health gestión acreditó que sus clínicas registraron beneficios los diez años anteriores a su adquisición por parte de Vivanta.

Al año siguiente, pasaron a facturar un 40% menos y sus gastos aumentaron entorno a un 40%. Resultados por los que el grupo de clínicas dentales ahora rescatado por el Gobierno se vio eximido de pagarle cerca de 7 millones de euros. Este querellante también denunciaba alteración de las partidas contables, contabilidad doble y fraudulenta. Ese caso también recayó en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. Con la misma juez y la misma fiscal, que se negaron a citar a declarar a los peritos de la parte querellante, que habían coincidido en el análisis de la falsedad documental.

Por el contrario, la juez y la fiscal dieron por bueno un informe pericial de KPMG que avaló las cuentas de Vivanta. La causa terminó siendo archivado este año por la Audiencia Provincial, a pesar de que para entonces ya había sido aportada por Tagalo Consulting la hoja de Excel que, según el informe pericial ahora aportado, demostraría la presunta doble contabilidad de Vivanta para eludir pagos.

Expediente Vivanta

No obstante, otro caso continúa abierto en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid . El juez Juan Ramón Reig citó a declarar el pasado 8 de noviembre a los consejeros de Portobello Sánchez-Asiaín, Carlos Dolz Espejo, Juan Luis Ramírez Belaustegui y Ramón Cedeira por la querella penal presentada por un dentista de Valencia y socio minoritario de Vivanta que acusa a los mencionados consejeros y a la propia firma de un presunto delito de estafa.

El querellante, según la demanda a la que ha tenido acceso este diario, cifra en 261.740,37 euros el supuesto perjuicio patrimonial sufrido por el deterioro del valor de las acciones que adquirió de Grupo Hospitalario Europeo -antigua matriz de Vivanta- tras vender cuatro clínicas odontológicas en la Comunidad Valenciana a la firma rescatada ahora por el Gobierno. Una acusación que los directivos de la firma de capital riesgo negaron ante el magistrado cuando les tomó declaración, según fuentes jurídicas.

Muchos de estos casos y documentos están incluidos en un expediente que consta de cerca de 400 folios en el que se denuncian presuntas irregularidades en la última empresa rescatada por el Gobierno. Un dossier elaborado por exaccionistas de esa empresa que ha sido entregado en los últimos días a la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros organismos públicos y partidos políticos. En él se denuncia, entre otras irregularidades, una operación «acordeón» con la que supuestamente el fondo Portobello Capital habría dejado fuera a los socios minoritarios.

Ese dossier de los exaccionistas minoritarios de Vivanta, como adelantó este diario, ha encendido la mecha de la polémica esta semana en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que el Partido Popular (PP) ha registrado una pregunta parlamentaria al Ejecutivo pidiendo explicaciones por la concesión del rescate de 40 millones de euros a Grupo Vivanta. Una ayuda otorgada sólo tres días antes de que expirara el plazo del Fasee y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse.