La Fiscalía 'cuela' a Podemos en el caso de los chavistas que filtraron datos de Pablo Iglesias
Un juzgado investiga si varios excargos venezolanos fueron estafados por una red policial a la que dieron grandes sumas de dinero e información sobre Podemos
El exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. | Europa Press
La Fiscalía Anticorrupción abre la puerta a que Podemos pueda personarse en calidad de «interesado» en una causa que afecta a algunos de los antiguos jerarcas venezolanos que filtraron a la Policía Nacional información sobre la formación liderada entonces por Pablo Iglesias y varios exlíderes morados como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa. En un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público se muestra a favor de que el partido político pueda «conocer y acceder a la documentación que obre en la causa y que le pudiera afectar de forma directa».
El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid investiga una presunta estafa a varios excargos chavistas por parte de una red conformada por varios agentes y exagentes de diferentes cuerpos policiales, además de abogados y financieros a los que se acusa también de un presunto blanqueo de capitales. Esta presunta red parapolicial habría estafado sumas millonarias al exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Ochoa Alvarado y al exdirector de servicios de Inteligencia en Venezuela Carlos Aguilera, entre otros. Les ofrecían supuestas influencias en la administración pública española y protección a cambio de grandes cantidades de dinero e información sobre Podemos.
Se trata de algunos de los antiguos jerarcas chavistas que habrían entregado información sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada en Venezuela, según fuentes cercanas al caso, al que fuese Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Podemos solicitó en junio su personación en este caso de presunta estafa y extorsión en el que los excargos venezolanos figuran en condición de perjudicados.
Admite el «interés legítimo» de Podemos
En el escrito al que ha tenido acceso este medio, fechado el 4 de julio, Anticorrupción «se opone a la personación del partido político Podemos en calidad de acusación particular, al entender que no goza de la condición de perjudicado en el presente procedimiento». «El objeto del presente procedimiento no versa sobre las posibles informaciones o datos que determinadas personas (que sí tienen relación con el mismo) han podido dar o suministrar sobre el partido», añade el Ministerio en su informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.
No obstante, la Fiscalía admite que Podemos puede tener «un cierto interés» en el procedimiento judicial y por ello considera que podría participar en él «en calidad de ‘interesado’, con el derecho a conocer y acceder a la documentación que obre en la causa y que le pudiera afectar de forma directa». Esta figura está contemplada en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La misma permite facilitar que el «interesado» (aquel que ostente un «interés legítimo y directo») pueda acceder a los documentos incorporados en el que procedimiento que no se encuentren bajo secreto de sumario y que le afecten de forma directa.
En su escrito, Anticorrupción subraya que el objeto de la investigación se centra en las conductas llevadas a cabo por los investigados (entre ellos un agente de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal de Madrid) «con la finalidad de obtener un beneficio económico, mediante la extorsión, engaño u otros medios» contra los excargos venezolanos residentes en España, que sí están siendo investigados en la Audiencia Nacional por el presunto saqueo a la petrolera estatal de Venezuela en el llamado ‘caso PDVSA’.
Estafa parapolicial a excargos chavistas
El caso que investiga la juez Cristina Díaz Márquez se abrió en 2021 con base a un informe elaborado por la Brigada Central de Investigación y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, a raíz de una denuncia interpuesta por el empresario Dimas Antúnez. Las investigaciones se centran en una red conformada por policías nacionales y locales, además de abogados y un exmilitar.
Los investigados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) o la propia Policía Nacional», para «solucionar los problemas» que enfrentaban por estar investigados en el caso PDVSA.
En su informe, al que ha tenido acceso este diario, la Brigada Antiblanqueo acredita que esa trama parapolicial recibió «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas». Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso PDVSA y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España. La magistrada María Tardón decidió dar traslado de ese informe a los juzgados de Madrid para que abriesen una investigación aparte.
Estaba previsto que el exministro venezolano Javier Ochoa Alvarado, el exdirector servicios de Inteligencia en Venezuela Carlos Aguilera y el denunciante Dimas Antúnez declarase el pasado 30 de junio, en calidad de perjudicados, ante la juez Cristina Díaz Márquez. No obstante, según fuentes cercanas al caso, su declaración se suspendió por la cumbre de la OTAN y a la espera de que Anticorrupción se posicionara sobre la personación de Podemos. Sus declaraciones se han aplazado hasta el 26 de septiembre, según las mismas fuentes.
