El Partido Popular impulsará iniciativas para evitar que prescriban 379 crímenes de ETA
El presidente del Partido Popular adquirió este compromiso en una reunión que mantuvo con 19 asociaciones del terrorismo en el Congreso de los Diputados
Alberto Núñez Feijóo impulsará iniciativas parlamentarias durante lo que resta de legislatura para evitar que los 379 crímenes de ETA por resolver prescriban. Ese fue el compromiso que el presidente del Partido Popular, según ha podido saber THE OBJECTIVE, adquirió ante las casi 20 asociaciones de víctimas con las que se reunió este jueves en el Congreso de los Diputados.
En una conversación que duró una hora y media, Feijóo se comprometió a hacer suyas las recomendaciones expresadas por la Unión Europea sobre los crímenes de ETA sin juzgar: agotar todas las posibilidades interpretativas del Derecho Penal español para que los asesinatos de la banda terrorista puedan ser juzgados como crímenes de lesa humanidad. También los perpetrados antes de 2004, cuando España incorporó el ése tipo de delito -lesa humanidad- al Código Penal. Para ello podría ampararse en el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad (1974), según explican fuentes judiciales.
También, a petición de las 19 entidades, que fueron convocadas el pasado martes, accedió a que se aplique la Ley de Víctimas para castigar con dureza los ongi etorri (recibimientos con honores a los etarras que salen de prisión en sus localidades natales del País Vasco) o a que solo puedan acceder al tercer grado aquellos terroristas que expresen su arrepentimiento y se comprometan a colaborar con autoridades policiales y/o judiciales para esclarecer los asesinatos que aún no han sido juzgados (379). Aunque tal y como admiten fuentes de Génova, muchas de estas propuestas solo podrán ser ejecutadas si Feijóo alcanza la Moncloa en 2023.
Así es como el líder popular pretende acercarse a las víctimas de ETA después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya pactado con EH Bildu, formación heredera de Herri Batasuna (brazo político de ETA), una Ley de Memoria Democrática que, entre otras medidas polémicas, y ampliando las violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, creará una comisión en el Congreso en la que se estudiará considerar a los etarras como víctimas indemnizarles por «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos».
Según ha podido saber este medio, el presidente del PP se mostró «cercano» con los representantes de las víctimas del terrorismo, arremetió duramente contra la norma aprobada en la misma semana en la que se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal popular de Ermua. Una actitud que choca con la exhibida con Pedro Sánchez, que desde que es presidente del Gobierno ha rechazado mantener un encuentro con las principales asociaciones de víctimas.
Entre las presentes en la reunión de este jueves destacaron la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Dignidad y Justicia, Víctimas del 11-M, la Fundación Villacisneros o Fundación Miguel Ángel Blanco. «Por primera vez todas las asociaciones estuvimos de acuerdo en todo», celebra uno de los asistentes.
Pero el compromiso más importante que Alberto Núñez Feijóo adquirió ante las principales entidades memorialísticas del terrorismo fue el de derogar la Ley de Memoria Democrática «en cuanto llegue al Gobierno». Una promesa que fue aplaudida por todas las asociaciones, que se sienten agraviadas por una norma que equipara, en su opinión, a víctimas con verdugos.
Informe de Bruselas
El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril un informe que recomienda investigar los 379 asesinatos sin resolver de ETA como crímenes de lesa humanidad, y así evitar que los asesinatos anteriores a 2004 prescriban y queden impunes. Lo hizo con el apoyo del PSOE, a pesar de que en un principio los socialistas intentaron eliminar la lesa humanidad del documento redactado por la misión de eurodiputados que visitó España en noviembre de 2021. Estos se reunieron con víctimas, así como con responsables judiciales y policiales para investigar los crímenes impunes de la banda terrorista.
El informe sobre el que se basará la actuación del PP insta «a que las autoridades competentes agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004, por lo que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía». «Ya se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», recuerda el documento aprobado por el Parlamento Europeo con 27 votos a favor (grupos socialdemócrata, popular y liberal), tres en contra(Los Verdes) y tres abstenciones (entre ellas las de Sira Rego, de Izquierda Unida) .
Además, en el informe definitivo elaborado por la misión de eurodiputados que visitó España, se cifra en 379 los crímenes de ETA sin resolver y se avala la utilización de la figura de la «autoría mediata por dominio de la organización» -contemplada en el artículo 28 de Código Penal español- «para así poder enjuiciar como autores intelectuales e instigadores de la orden a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los atentados no resueltos».