La Comisión Europea ignora Cataluña en su informe sobre el espionaje con Pegasus
El informe sobre la calidad del estado de derecho en la Unión Europea centra su preocupación por el uso del software israelí en Polonia y Hungría
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. | Marc Puig (ERC)
El informe sobre la calidad del estado de derecho en la Unión Europea, hecho público este miércoles 13 de julio, no menciona las ramificaciones catalanas de Pegasus, bautizado por los independentistas como Catalangate, ni tampoco al estudio de Citizen Lab, de nombre epónimo, con el que basaron el presunto espionaje a 65 líderes y activistas independentistas. El informe incluye por primera vez una «descripción de los problemas» que ha provocado el uso de este software de la empresa israelí NSO Group, que ha afectado a varios países, pero el ejecutivo comunitario destaca la gravedad de los casos particulares de Polonia y Hungría.
En los respectivos capítulos de estos dos países las conclusiones del informe de la Comisión Europea son mucho más severas que las de España o Francia. En el caso español, se limita a afirmar que «fueron objeto de una investigación por parte del Defensor del Pueblo y de procedimientos judiciales» y se centra en el espionaje sufrido por «altos cargos del Gobierno, además de unos cuantos abogados».
En ningún momento hace alusión directa a los políticos catalanes, pese a los intentos de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont de internacionalizar el caso cuando decidieron denunciarlo desde Bruselas. Los independentistas afirmaron que el espionaje sufrido es el de más largo alcance en la Unión Europea, pero la Comisión Europea no le ha conferido la misma trascendencia.
Solo en una nota al pie del informe, citan «al presidente del Gobierno, varios ministros, el presidente de una comunidad autónoma, así como una serie de políticos regionales». Sin rastro de referencias concretas a Cataluña ni al informe elaborado por el laboratorio canadiense de la Universidad de Toronto.
España no preocupa a Europa
El informe, además, hace hincapié en que «según la legislación española, el uso de medidas como las escuchas telefónicas por parte de los servicios de inteligencia requiere una autorización judicial previa y hay garantías legales adicionales que aseguran el derecho a la intimidad».
En el capítulo sobre Hungría, en cambio, la Comisión Europea señala su «preocupación por la falta de supervisión judicial efectiva de medidas de vigilancia secreta fuera de los procedimientos legales».
Cuestión parecida sucede con el apartado dedicado a Polonia. El informe expone cómo el uso de este software «puede comprometer el secreto profesional de los abogados» y reprocha que «los responsables de la Fiscalía se negaron a realizar una investigación sobre estos casos». «Los afectados expresaron una profunda preocupación, avisando sobre la posibilidad de que hubiera más abogados víctima de este tipo de ataques», describe el informe.
En España, tanto Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, como Andreu Van den Eynde, letrado de ERC, denunciaron ante los tribunales la infección de sus móviles con Pegasus. No obstante, la Comisión Europea no ve relevante incluir estos párrafos críticos con Hungría y Polonia en su capítulo sobre España.
La Audiencia Nacional lidera el caso
El informe comunitario denuncia la pasividad con la forma de proceder de las autoridades de Polonia y Hungría (como la inacción de la Fiscalía o el espionaje ilegal a los «opositores políticos»). En España, en cambio, la Audiencia Nacional ha abordado con celeridad la investigación sobre el supuesto espionaje a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska tras la denuncia de la Abogacía del Estado.
Como informó este diario, hubo consternación en el independentismo por el hecho de que la Audiencia mostrara mayor interés con el caso y ya haya tomado declaración como testigos a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre el espionaje al jefe del Ejecutivo y sus ministros. Además, el juez envió una comisión rogatoria a Israel para tomar declaración como testigo al CEO de NSO Group.
En sentido opuesto, los casos denunciados en juzgados ordinarios por los independentistas están en punto muerto. Solo se han admitido a trámite las querellas de algunos de los afectados, pero no se han practicado diligencias. Y precisamente este jueves la Justicia ha cerrado la puerta a investigar a los dueños de Pegasus por espiar a los independentistas.
