El juez de Pegasus envía a Bolaños el pliego de preguntas y le da tres días para responder
Requiere al Centro Criptológico Nacional que presente los informes definitivos sobre los móviles de Pedro Sánchez y los ministros
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños. | David Zorrakino (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigar el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con el programa Pegasus a través de sus teléfonos móviles, ha remitido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pliego de preguntas al que deberá dar respuesta en el plazo de tres días.
En una providencia de este mismo miércoles, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, apunta que, una vez «analizadas las respuestas» a las cuestiones formuladas por el propio magistrado y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, «se abrirá plazo para poder formular nuevas preguntas».
La Abogacía del Estado, que representa a Sánchez y sus ministros en estas pesquisas, también tenía la opción de enviar al juez sus propias preguntas pero, tal y como habían avanzado las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, ha renunciado a hacerlo. Tampoco estarán las preguntas que pudieran formular APEDANICA y Prolege, porque aunque se les ha admitido como acusaciones populares no han podido reunir todavía los 10.000 euros necesarios para personarse.
Calama explica en su resolución que, «analizadas las respuestas a las referidas preguntas, se abrirá plazo para poder formular nuevas preguntas». Las citadas fuentes señalaban que la posibilidad de repreguntar se usará en el caso de que las respuestas de Bolaños no sean lo suficientemente clarificadoras.
El instructor citó a Bolaños para que declarase como testigo el pasado 5 de julio, pero el ministro optó por responder por escrito a pesar de que el propio magistrado le instase a contemplar la posibilidad de hacerlo por videoconferencia. El ministro, con todo, decidió optar por la vía escrita, una potestad contemplada para los miembros del Ejecutivo.
Por otro lado, el juez también ha acordado requerir al Centro Criptológico Nacional (CCN) para que en el plazo de siete días presente los informes definitivos sobre los análisis de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y de los titulares de las carteras de Interior y Agricultura.
Los informes del CNI
Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo exfiltración de información», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».
En plena crisis con Marruecos
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.
