Anticorrupción pide apartar a Esperanza Aguirre de la investigación del 'caso Púnica'
Considera que no existen indicios para sentar en el banquillo a la expresidenta
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga el ‘caso Púnica’ que aparte a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Alejandro Luzón, al frente de la causa, no ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a la política por la presunta financiación irregular del PP madrileño.
No ocurre lo mismo, añaden las fuentes consultadas por Efe, con el exconsejero Francisco Granados, a quien la Fiscalía sí ha pedido procesar en el caso Púnica, que se abrió hace casi 8 años con su detención y la de varios exalcaldes de la Comunidad de Madrid.
De atender el juez Manuel García Castellón a su petición, Esperanza Aguirre e Ignacio González correrían en esta causa la misma suerte que la también expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que también fue investigada por la presunta financiación ilegal de la formación hasta que finalmente quedó fuera de la causa.
Tras ver cómo sus dos principales colaboradores —a quienes lamentó públicamente no haber vigilado «todo lo que debía»— entraban en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional (Granados por el caso Púnica y González por el caso Lezo, una trama en torno al Canal de Isabel II), Aguirre fue formalmente imputada en septiembre de 2019 a petición de la propia Fiscalía.
Aguirre no controlaba las responsabilidades de Púnica
El 18 de octubre, Aguirre declaraba ante el juez que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque no eran las funciones del presidente, y que si bien ella era la que nombraba a sus cargos en la Comunidad, siempre lo consultaba con Mariano Rajoy.
Según la versión de Aguirre, era el exgerente Beltrán Gutiérrez -con quien apenas tenía relación- quien se encargaba de todo, y dijo no saber nada de la cláusula del 1 % para publicidad que se incluyó en numerosas adjudicaciones de consejerías madrileñas y que supuestamente servía para financiar irregularmente al partido.
Durante la investigación, el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas declaró al juez de Púnica que él y su predecesor en ese cargo, Álvaro Lapuerta, dieron a Aguirre un sobre con 60.000 euros procedente una donación de un empresario en la sede de la calle Génova en presencia de Granados, extremo que este último negó y pidió un carearse con Bárcenas.
Finalmente fue llamado a declarar el empresario en cuestión, Luis Gálvez, quien negó todos los hechos que relató Bárcenas; rechazó haber entregado esa cantidad ni ninguna a nadie del PP y dijo que nunca había estado en la sede de la calle Génova de Madrid.
Aguirre por su parte, a través de su abogado, acusó al extesorero de «enfangar» el caso Púnica con mentiras para incriminarla y finalmente el juez archivó esta cuestión por falta de indicios y porque, en todo caso, los hechos estarían prescritos.