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Las víctimas acusan a Interior de trasladar a 11 etarras al País Vasco: «Es el pago a EH Bildu»

Ninguno de los terroristas que serán trasladados a la comunidad autónoma ha pedido perdón o se ha arrepentido de sus crímenes

Las víctimas acusan a Interior de trasladar a 11 etarras al País Vasco: «Es el pago a EH Bildu»

El ministro de Interior. | Europa Press

Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido acercar a los terroristas de ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra. Esta vez ha trasladado a once etarras que suman hasta 40 asesinatos, uno de ellos ha cometido la friolera de nueve homicidios, en lo que, de nuevo, parece el paso previo para que se les conceda el tercer grado, ahora competencia del Gobierno vasco.

Más del 60% de los etarras ya han sido trasladados al País Vasco para que cumplan condena. Este último grupo de presos que se ha acercado, se produce una semana después de que el Gobierno de Sánchez aprobase la Ley de Memoria Histórica con el apoyo indispensable de EH Bildu. Además, ninguno de los presos de ETA que será trasladado al País Vasco ha pedido perdón o se ha arrepentido de sus crímenes.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado el traslado a cárceles del País Vasco y Navarra a seis exjefes de la banda terrorista ETA, a un condenado por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez y a otro por el asesinato del socialista Fernando Buesa.

En total, Instituciones Penitenciarias ha coordinado el traslado de once internos de la organización terrorista, nueve a prisiones vascas y dos a la de Pamplona.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se han interpretado estos traslados como «el pago de Sánchez a Bildu por aprobar su ley de Memoria Democrática: 11 etarras con cerca de 40 asesinatos dormirán en el País Vasco y Navarra».

A esta última comunidad irán Luis Mariñelarena, uno de los asesinos del dirigente socialista Fernando Buesa; y Juan Ramón Carasatorre, condenado por el crimen de Gregorio Ordóñez.

Entre los exdirigentes de ETA trasladados están Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi, ambos exjefes del aparato militar de la banda en los 2000 y que el año pasado ya fueron trasladados a Logroño.

Ambos fueron detenidos en Talence, en las proximidades de Burdeos, en septiembre de 2002 y tras cumplir condena en Francia fueron entregados a España. Cumplen condena acumulada de 30 años por delitos de homicidio, atentado, estragos, lesiones, depósito de armas y explosivos.

También engrosa la lista de exjefes Juan Carlos Iglesias Chouzas, que será trasladado desde Dueñas (Palencia), donde cumple una larga condena por diferentes delitos de atentado, asesinatos y homicidio que llegará a sus tres cuartas partes en enero de 2029.

Eneko Gogeaskoetxea, otro de máximos dirigentes del aparato militar y logístico de ETA, será trasladado desde El Dueso (Cantabria) hasta el País Vasco para cumplir la condena máxima de 30 años que pesa contra él por hechos como un atentado frustrado contra un cuartel de la Guardia Civil en Comillas en agosto de 1997.

La exjefa de ETA Ainhoa García Montero, que acumula una condena acumulada de 30 años, será trasladada desde el centro penitenciario de Asturias, donde llegó en 2020 procedente de la cárcel de Salamanca.

Entre sus condenas figura la de 22 años de prisión por acceder a armas y explosivos que se usaron en atentados como en el que murieron el ertzaintza Mikel Uribe y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jauregi.

El exdirigente Gorka Palacios, contra quien un juez admitió recientemente una querella por el crimen del magistrado José Francisco Querol, será trasladado desde la cárcel de Estremera y Francisco Javier Makazaga, condenado por el asesinato del concejal del PP en Zumárraga (Guipúzcoa) Manuel Indiano en agosto de 2000 de la de El Dueso (Cantabria).

José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Fanecas, fue condenado a 81 años de prisión por el asesinato en 1980 de tres guardias civiles en la localidad alavesa de Salvatierra el 4 de octubre de 1980 y a 27 años por matar al jefe de la Policía Municipal de Vitoria ese mismo año. El año pasado ya había sido trasladado desde Alicante a Soria y ahora pasará al País Vasco.

Ibai Ayensa Laborda también será trasladado al País Vasco tras pasar el año pasado de Lugo a Logroño. Fue miembro del comando Ekaitza y está condenado a 31 años por atentado, asociación ilícita, depósito de armas y tenencia de explosivos. En tres años cumplirá tres cuartas partes de su condena.

En un comunicado, la AVT ha vuelto a acusar al Gobierno de «ignorar a las víctimas del terrorismo y premiando a sus verdugos». «Terroristas sanguinarios que dormirán más cerca de sus domicilios, y a los que sus familiares prácticamente podrán visitar dando un paseo mientras nosotros tenemos que hacer miles de kilómetros para visitar las tumbas de nuestros seres queridos», ha denunciado. 

Marlaska ha autorizado 300 acercamientos de presos etarras

En los tres años y medio que Fernando Grande-Marlaska lleva al frente del Ministerio del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 302 acercamientos de presos etarras a centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios. Esta cifra se ha alcanzado esta semana, después de que este departamento diese el visto bueno al traslado de cinco internos a prisiones en País Vasco y Navarra, según informó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Con estos movimientos, sostiene esta organización, solo quedan 77 reclusos de ETA fuera de las comunidades autónomas vasca y navarra. De este modo, de los 181 etarras que cumplen pena, 104 lo hacen en prisiones de estas regiones, por lo que más del 57% ya están cerca de su lugar de residencia.

Por otro lado, de los más de 300 acercamientos que el departamento dirigido por Grande-Marlaska ha concedido se ha beneficiado a 202 presos etarras —teniendo en cuenta que algunos reos acumulan distintos acercamientos—, en los que se han ido trasladando entre distintas cárceles hasta llegar a las más próximas a su casa. No obstante, otros han sido directos. En concreto, 120 presos fueron directamente a centros penitenciarios del País Vasco (102) y Navarra (18).

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