El contrato a la pareja de un vocal conservador clave para Lesmes crea malestar en el CGPJ
El Pleno elige entre 16 candidato a Felisa Herrero, hasta ahora juez de enlace en Francia
EP
Felisa Herrero, juez de enlace con Francia desde el 8 de octubre de 2017, ha sido nombrada letrada del Consejo General del Poder Judicial. Un nombramiento que ha pasado desapercibido y que ha creado malestar en el sector conservador del CGPJ que ven cuanto menos llamativo que precisamente Herrero, pareja del vocal Vicente Guilarte, haya sido la elegida entre otros dieciséis candidatos, entre ellos el juez de apoyo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, informa ABC.
De esta forma, la nueva letrada salió con doce votos en segunda votación –Guilarte se abstuvo–, después de que en la primera ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría necesaria. El apoyo de Guilarte es esencial para conseguir que Lesmes desembarque como magistrado del Tribunal Constitucional. De hecho, Guilarte fue uno de los 12 votos necesarios para validar el nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado.
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«Se da la circunstancia de que el voto de Guilarte fue clave para que el CGPJ diera ayer su aval a Álvaro García como fiscal general del Estado. Lo hizo con una ajustada mayoría de 12 votos (frente a los 19 posibles), en la que se limitó a constatar que el sustituto de Delgado cumplía los requisitos para el cargo (ser jurista español con más de quince años de ejercicio)», informa ABC, que apunta que siete vocales del sector conservador del Consejo «consideraron que la apariencia de imparcialidad del fiscal-jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Delgado– está comprometida por haber acudido a un acto público de una formación política» (el PSOE) durante una precampaña electoral, imagen que fue portada de este diario». De esta forma, relata el medio, «entre estos siete vocales no estaba Guilarte, como tampoco lo estuvo cuando la semana pasada votó en blanco el acuerdo que sí apoyaron el resto de consejeros propuestos por el PP y que consistía en pedir al Congreso que en la tramitación de la reforma del CGPJ que levantaba el veto para nombrar a dos magistrados del TC se les escuchara».
