Dolores Delgado: no hay mal que por bien no venga
La ex Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. | Europa Press
El tan popular y crudo dicho «no hay mal que por bien no venga» se le escuchó afirmar al general Franco tras el asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973 a manos de ETA para dar un giro más radical al régimen dictatorial que ya agonizaba, Tal vez esa frase la haya pensado Pedro Sánchez tras la dimisión de la fiscal general del Estado, Dolores, Lola, Delgado (Madrid, 1962) por razones de salud: «Me da igual lo que piensen. Tengo la espalda rota». Su salida se ha producido un día después de la de la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra (Ribadesella, 1979), también por razones médicas. En el caso de Lastra debido a un embarazo de riesgo. Las dos, muy desgastadas en sus funciones, empezaban a ser un fastidio para el jefe del Gobierno. Especialmente la última, pese a ser uno de los pocos apoyos que aún tiene Sánchez y a la que de alguna manera culpa de los desastres electorales en Castilla y León y últimamente en Andalucía.
Lola Delgado fue desde su nombramiento como fiscal general una figura pública conflictiva. Su designación fue contestada por la oposición -el PP la reprobó- y por parte del ámbito judicial. Se advirtió, cuando la puso en el cargo el primer ministro en enero de 2020, el riesgo de una eventual falta de independencia pues pasó de ser directamente diputada y ministra de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Aún debe arrepentirse Sánchez de sus malhadadas declaraciones en vísperas de las elecciones de 2019: «¿De quién depende la Fiscalía General?». A la respuesta del periodista que del Gobierno, Sánchez replicó: «Pues ya está». Se refería a su promesa, incumplida luego, de posibilitar urgentemente la detención de Carles Puigdemont.
Ya anteriormente, como ministra, Delgado batió todos los registros reprobatorios en el Parlamento por parte del Partido Popular (dos en el Congreso y uno en el Senado). El PP criticó su poco respaldo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belgas en el caso de la petición de entrega a España del fugado presidente de la Generalitat. Ahora hay sospechas de que en el encuentro la semana pasada con Pere Aragonés, Sánchez le haya prometido al dirigente catalán de «pastelear» en el caso a fin de que el huido Puigdemont regrese a España y sea puesto en libertad casi inmediatamente recibiendo el mismo tratamiento de indulto que los cabecillas del proceso separatista.
Delgado también fue objeto de crítica por su intento de persuadir a la Abogacía del Estado y al Ministerio Público para que retiraran el delito de rebelión a los líderes separatistas catalanes en el juicio del Procés. La abogacía retiró ese cargo. Finalmente fueron condenados por sedición y malversación. Con los fiscales no obtuvo tanta suerte.
Y tuvo otra reprobación de los populares en el Senado por sus relaciones poco claras –ella y su actual pareja, el ex juez Baltasar Garzón– con el turbio comisario José Manuel Villarejo, actualmente procesado. El ex policía, un individuo que ha grabado hasta a su propia sombra, lo hizo en una ocasión en un almuerzo con Delgado y Garzón. En ese encuentro, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional para asuntos de terrorismo yihadista, afirmó que algunos de sus colegas iban a países latinoamericanos con el deseo de tener aventuras sexuales con menores. Y de su colega Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, declaró que era «un maricón». Estando aún en el primer gobierno de Sánchez ella pidió disculpas a Marlaska.
La fiscal general ha tenido durante este último periodo conflictos no sólo políticos sino también en la carrera judicial. Se le ha acusado de haberse dedicado a nombrar miembros de la Unión Progresista de Fiscales, a la que ella pertenecía, para puestos en detrimento de colegas con mejor currículo. En sus actuaciones destacan su papel como notaria del Reino en la exhumación y traslado del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, así como el final de la investigación sobre los presuntos delitos fiscales del Rey Emérito. La Fiscalía, dijo, realizó la investigación con rigor y profesionalidad, «sin cortapisas y sin limitaciones». La oposición la criticó por haber demorado en exceso el cierre de las pesquisas.
Delgado sostiene que ha sido sometida a un enorme hostigamiento desde el primer día que ejerció el cargo. Le gusta rodearse de compañeros que la elogien. Ha propuesto a quien hasta ahora era su mano derecha, Álvaro García Ortiz, como sucesor. El nombramiento debe ser oficializado por el Consejo de Ministros y luego refrendado por el Parlamento. Antes, el Consejo General del Poder Judicial, órgano que lleva tres años y medio en funciones ante la falta de acuerdo de socialistas y populares, aprobó el miércoles la propuesta pero con un resultado conflictivo: 12 a favor y 7 en contra. El mismo resultado que obtuvo Lola Delgado cuando fue designada para tal cargo. Esto da idea de la polarización existente en la carrera judicial, polarización que viene del mundo político. La justicia española pasa por momentos delicados y de desprestigio en la opinión pública ante las presiones a las que le somete la política. A diario se observa. Un clarísimo ejemplo de todo ello fue el juicio contra los líderes separatistas catalanes, la sentencia y el posterior indulto por parte del Gobierno. Indulto que no ha satisfecho a los independentistas, que piden la amnistía y lo que ellos llaman «desjudicialización» de la política. Lo que en roman paladino se traduce como «no nos apliquen el código penal por actuaciones que aunque violen la ley tenemos derecho de llevar a cabo, porque forma parte de nuestro derecho de autodeterminación».
Nadie duda de que la hasta ahora fiscal general tenga fundadas razones médicas para dimitir. De hecho, apenas podía acudir a su despacho tras una operación de columna esta primavera. Tendrá que someterse en las próximas semanas a una segunda intervención. Pero sí llama la atención el detallado comunicado clínico que la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, hizo para explicar la dimisión. Más parecía una médica que una política, Delgado, una abogada cuyos méritos profesionales no son discutidos -es experta en asuntos de terrorismo islámico y narcotráfico- se ha adelantado quizá a lo que muchos socialistas temen: una derrota del partido en las elecciones de finales de 2023. La última encuesta del CIS así lo apunta. Y ha preparado lo que parece va a obtener: fiscal de sala de Memoria Democrática, cargo de nueva creación a raíz de la aprobación de la polémica ley del mismo nombre, que pretende esclarecer los crímenes del franquismo y los que llegan hasta 1983, con la restauración plena de la democracia y un año después de la llegada del PSOE al Gobierno. La ley fue aprobada con el apoyo de los independentistas de Bildu, que insistieron que se extendiera más allá de la dictadura y con el voto contrario del PP, Vox y Ciudadanos.
