La oposición cerca a García Ortiz: «Es un fiscal al servicio del proyecto socialista»
El candidato a sustituir a Dolores Delgado se compromete a reforzar la autonomía de los fiscales y a desarrollar mecanismos para mejorar la toma de decisiones
El candidato a Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. | Alberto Ortega (Europa Press)
Nueva prueba de fuego para Álvaro García Ortiz. Los diputados han examinado este jueves la idoneidad de la candidatura del nuevo Fiscal General del Estado. Un mero trámite, ya que la decisión definitiva pertenece al Gobierno. El aspirante ha aprovechado para reivindicar el trabajo de Dolores Delgado, de quien fue número dos en la institución. Ha avanzado que su mandato será «una continuación». La oposición le ha acusado de ser «lo mismo» que su predecesora y de estar «al servicio del proyecto socialista». García Ortiz se ha comprometido a reforzar la autonomía de los fiscales y a desarrollar mecanismos para mejorar la toma de decisiones.
La comparecencia del candidato en la Comisión de Justicia del Congreso se introdujo en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en 2007. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya avaló a García Ortiz la semana pasada por 12 votos a favor frente a siete en contra, procedentes del sector conservador. El aspirante ha cargado contra ellos por intentar bloquear su nombramiento. Incluso les ha acusado de montar «un tribunal de honor» contra él. No obstante, ninguno de esos trámites es vinculante. La decisión final depende del Gobierno, que designará al nuevo fiscal general en el Consejo de Ministros de este lunes.
Los retos de García Ortiz
García Ortiz ha tenido la posibilidad de presentar su programa antes los parlamentarios. Su intención es mejorar el régimen de toma de decisiones y formación de criterio en la fiscalía para «garantizar la autonomía» de los fiscales, que tienen «el derecho a discrepar». El aspirante se ha comprometido a elaborar una nueva circular. Además, sostiene que ha llegado el momento de «redefinir las competencias» de la Audiencia Nacional «para convertirla en una institución judicial aún más especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también en la delincuencia organizada de todo tipo».
Los portavoces de los grupos políticos han recibido al candidato de manera desigual. Los más beligerantes han sido los representantes de Ciudadanos, Vox y PP, que ha acusado a García Ortiz de ser «responsable del descrédito de la institución» como número dos de la fiscal general dimitida. «No debería ocupar la tribuna. Ha sido mano derecha, izquierda y álter ego de Dolores Delgado. La laudatio (alabanza) a su antecesora es la peor de sus presentaciones», le ha criticado el popular Luis Santamaría. Le ha pedido que asuma «un firme compromiso» con la imparcialidad y la neutralidad de la institución.
«Pedro Sánchez ha preferido un Fiscal General del Gobierno en lugar de un Fiscal General del Estado», ha insistido Santamaría. El diputado del PP sostiene que García Ortiz es «un fiscal al servicio del proyecto socialista, encargado de rebajar la presión del Ministerio Fiscal en los procesos que afectan al independentismo para que la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez no se tambalee».
Santamaría ha acusado al candidato a fiscal general de ser «lo mismo» que su predecesora. El presidente de la Comisión le ha exhortado varias veces a acabar su turno de palabra. Antes de hacerlo ha dejado una batería de preguntas para García Ortiz. Entre ellas, si va a imponer la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA hace 25 años. El aspirante le ha respondido que «no se han dado directrices, y mucho menos políticas». El diputado del PP también le ha requerido que Delgado «no se salte 467 puestos en el escalafón» cuando vuelva a la carrera política y que siga una política de nombramientos basada en criterios de mérito y capacidad.
«Un ataque al Gobierno»
García Ortiz comenzó su comparecencia anunciando que había solicitado la baja de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que llegó a presidir. «Para mí tiene un alto contenido simbólico. Quiero ser el fiscal general de todos, independientemente de cuál sea su adscripción», ha reconocido. Algunas asociaciones de fiscales critican que durante el mandato de su predecesora el 70% de los nombramientos que se realizaron eran miembros de UPF, algo que sus representantes niegan. Sobre la asistencia a un acto del PSOE en Galicia, García Ortiz ha reconocido que estuvo «para hablar sobre incendios».
«También he estado en actos de CCOO, de la paz, de la eutanasia. Los fiscales tenemos ideas y derechos», ha sostenido García Ortiz. No obstante, ha afirmado que no perteneció nunca al PSOE ni que tiene vínculos con dicho partido. Eso, a pesar de la acalorada defensa de su candidatura que ha realizado el representante socialista. Francisco Aranda ha afeado al diputado del PP de convertir la Cámara Baja en «un lodazal argumentario». En su opinión, las acusaciones contra el aspirante son «un ataque al Gobierno, por eso ha nombrado más al presidente que al propio fiscal».
Los representantes de Vox, Javier Ortega Smith, y de Ciudadanos, Edmundo Bal, que tuvo que ausentarse de la sala antes de que finalizara la comparecencia, se han sumado las incriminaciones contra el futuro fiscal general. «Pedro Sánchez y Dolores Delgado. Vaya carta de presentación», ha afeado Ortega Smith. El secretario general de la formación verde a recordado a García Ortiz que debe promover la justicia, velar por la independencia de los tribunales y defender los principios de imparcialidad y de independencia.
«Suena bien, pero posiblemente le entre por un oído y le salga por otro», ha perseverado Ortega Smith. Entre sus principales preocupaciones, y así se lo ha hecho saber al aspirante a liderar el Ministerio Fiscal, está si va a promover los indultos a los políticos catalanes que protagonizaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de si va a promover que «los fugados comparezcan». Bal, de Ciudadanos, ha cuestionado a García Ortiz por su papel en el asunto Stampa, una maniobra de Delgado para apartar al fiscal del caso Tándem. El portavoz de la formación naranja, como su colega del PP, también le ha apelado por sus directrices para declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El caso Villarejo
Los parlamentarios catalanes han estado más centrados en las cuitas nacionalistas. Josep Pagés, de Junts per Catalunya, ha dado un paso más. Ha pedido a García Ortiz que aclare su relación con las cloacas del Estado y los poderes mediáticos. Se ha referido concretamente al papel que tuvo en la reunión que mantuvo con los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán el mismo día que abandonó la cárcel el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Como informó THE OBJECTIVE, en ese encuentro acompañó a Dolores Delgado, que tuvo que explicar su relación con el antiguo dirigente policial tras publicarse unos audios grabados en 2009.
El candidato a fiscal general ha asegurado que Delgado no tiene ninguna relación con Villarejo. «Nunca hubo intención de favorecerle», ha insistido García Ortiz. Ha afirmado que, durante el mandato de su predecesora, se realizaron tres escritos de acusación que sumaban una petición de 103 años de prisión, aunque ha reconocido que también se realizó una solicitud para su puesta en libertad porque en pocos meses expiraba el máximo de tiempo legal de prisión preventiva permitida en España: cuatro años. Sin embargo, no ha aclarado el motivo por el que estuvo en la reunión, que se produjo en un inmueble del exjuez Baltasar Garzón, pareja sentimental de Delgado.
Jon Iñarritu, de Bildu, le ha solicitado que no dé carpetazo a la tragedia de hace un mes en la valla de Melilla, en la que perdieron la vida decenas de personas. «Hay algunas investigaciones que se cierran de repente, como hemos visto con el Rey emérito», ha subrayado el representante vasco. Otros parlamentarios se han sumado a su petición. Entre ellos, Jaume Assens, de Podemos, que ha denunciado «la vulneración derechos» por retirarle el acta de diputado al canario Alberto Rodríguez. En su opinión, se trata de «una decisión arbitraria» avalada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
