Recurren la polémica adjudicación del Gobierno sobre el control de las mercancías
Un licitador considera que la oferta de Excem es temeraria. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se encargará de resolver la disputa
Contenedores en el puerto de Barcelona. | Jordi Boixareu (Zuma Press)
Frenazo a la compra de furgonetas de retrosdispersión. Los puertos españoles tendrán que esperar para contar con este sistema capaz de detectar elementos prohibidos o restringidos a través de un escáner móvil. Un licitador ha recurrido la adjudicación efectuada a principios de julio para la adquisición de tres equipos a la empresa Excem por 2,69 millones de euros, la mitad del importe licitado. Considera que se trata de una oferta «temeraria» y pone en duda que la compañía pueda cumplir los requisitos exigidos. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, se encargará de resolver la disputa.
La oferta realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat), encargada de las aduanas y dependiente también del departamento que dirige María Jesús Montero, busca dotar de estas furgonetas a los puertos de Canarias, Galicia y Algeciras. La intención es mejorar el control en los puertos, donde llegan contenedores vacíos, estupefacientes y productos restringidos. El contrato fue licitado por 5,4 millones de euros, impuestos incluidos. Se presentaron tres empresas y como requisito fundamental se estimó la oferta económica más ventajosa, esto es, la que tuviese menor coste para las arcas públicas.
Tecnología para tres puertos
Excem rompió las ilusiones de sus competidores al ofrecer una cantidad inusitadamente baja: 2,69 millones de euros. Apenas la mitad del montante con el que estaba dotada la operación. Nadie pudo competir con su oferta y acabó llevándose el gato al agua, tal y como publicó la Plataforma de Contratación del Sector Público el 6 de julio, un día después de la adjudicación. Esta no era definitiva, ya se abría entonces un plazo de alegaciones. Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, una de las firmas en liza ha hecho uso de esa posibilidad.
Las compañías aspirantes coincidieron en que la empresa adjudicataria había irrumpido en la puja con una oferta «temeraria». Así lo creyó también la Agencia Tributaria, que observó «valores que podrían resultar anormales o desproporcionados», por lo que solicitó aclaraciones. Según el documento al que ha tenido acceso este diario en exclusiva, el fisco pidió acreditar «fehacientemente» la viabilidad de la oferta demandando si el ahorro permitía la prestación de los servicios, la innovación y originalidad de las soluciones propuestas, el respeto en materia medioambiental y la posible obtención de una ayuda de Estado.
La subdirección general de logística de la Agencia Tributaria dio por buena las explicaciones de Excem. «Las aclaraciones presentadas son suficientes para admitir la oferta de licitación», resalta el informe de valoración realizado por la Administración. La compañía determinó que la viabilidad del proyecto estaba asegurada ya que los equipos y certificados con los que trabaja pertenecen a Nuctech, empresa líder en sistemas de retrodispersión en China. La firma está presente en diversos países europeos, entre ellos España. Lo hace a través de infraestructuras estratégicas de Adif y Aena, pero también mediante los escáneres que ha vendido a diversos puertos para controlar el flujo de mercancías.
La firma asiática también opera en Bélgica, Holanda y Polonia a pesar de que EEUU la vetó y lleva años presionando para que sus socios europeos no cuenten con ella. La acusan de representar una amenaza para la seguridad nacional. El Departamento de Defensa norteamericano considera que esta empresa creada en 1997 en la Universidad de Qinghua (Pekín) podría permitir el acceso de China a información sensible, tanto personal como comercial. Este diario ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Excem, propiedad de la familia Hatchwell, para conocer qué relación mantiene con Nuctech.
Una empresa china
Un portavoz de la Agencia Tributaria sostiene que la naturaleza de dicha empresa no condiciona su concurso en las licitaciones. Reconoce que no existe una legislación que lo impida y que las adjudicaciones se hacen sobre «causas objetivables». Por eso un licitador ha reabierto el caso al considerar que la oferta realizada por Excem es «temeraria» y podría suponer un riesgo para la Administración. El recurso tendrá que dilucidarlo el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que aunque forma parte del departamento de Montero no tiene relación con la Agencia Tributaria, Administración de la que parte la oferta.
El tribunal tiene un plazo de cinco días hábiles a la interposición del recurso para dar traslado al resto de interesados, entre ellos el afectado, Excem. El órgano tiene que concederle un periodo de cinco días hábiles para formular sus explicaciones. Deberán presentarse necesariamente en el registro del órgano competente. Al tratarse de un trámite de alegaciones dentro de los procedimientos principales, no existe posibilidad de recurso. Este diario no ha podido confirmar en qué situación se encuentra el proceso, aunque la resolución será pública.
No es la primera vez que Excem se enfrenta a un recurso de esta naturaleza. Ya lo ha hecho, al menos, en dos ocasiones. Desde 2019 ha visto como otros competidores recurrían un concurso en el que había resultado vencedor, aunque en ambos casos el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales desestimó el caso y dio la razón al grupo empresarial fundado en 1971 por Mauricio Hatchwell. El empresario de origen israelí fue el primer presidente del Comité Internacional Sefarad y obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. Tras morir, sus hijos dirigen el negocio. Uno de ellos, David, fue el hombre de confianza de Sheldon Adelson en España para su proyecto frustrado de Eurovegas.
Luchar contra el narcotráfico
Excem cuenta con un nutrido y diversificado campo de negocio, desde inmobiliarios a tecnológicos, como demuestra la adjudicación de equipos de retrosdispersión que acaba de ganar. La memoria justificativa redactada por la Agencia Tributaria sostiene que la compra de este material es necesaria para «luchar contra el contrabando, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal». El texto especifica que los nuevos equipos irán destinados a los puertos de Canarias, Galicia y Algeciras, el de mayor tráfico por toneladas en España.
La intención de la Agencia Tributaria, encargada del control de Aduanas, es que la nueva infraestructura sirva para centralizar el sistema de escáneres que dispone. «La estrategia de uso de un equipamiento de las características de la furgoneta está orientada a que sea capaz de atender varios objetivos aprovechando al máximo su capacidad de movilidad», afirma la memoria justificativa. El documento insiste en que, además de adquirir los equipos, es necesario garantizar su mantenimiento, que la oferta posterior eleva a los dos años.
