Ayuso se rebela contra las medidas energéticas del Gobierno: «Madrid no se apaga»
«Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», ha asegurado la lideresa madrileña
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las medidas energéticas anunciadas este lunes por el Gobierno asegurando que «Madrid no se apaga». «Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo», ha zanjado la lideresa madrileña.
Su Gobierno, por tanto, no apagará la luz de los edificios públicos ni de los escaparates del comercio exterior para ahorrar porque, a su juicio, esto generará «inseguridad» y espantará «el turismo y el consumo».
La presidenta de la Comunidad de Madrid es la primera mandataria regional en manifestarse en contra de las nuevas normas aprobadas por el Consejo de Ministros este lunes antes de comenzar las vacaciones estivales.
«Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», se ha preguntado la presidenta madrileña.
Los monumentos y escaparates se apagarán a las 22h
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera ha indicado que este paquete de medidas, que complementa el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento. En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
La titular del ramo ha precisado también que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las «ornamentales», por ejemplo, las luces navideñas. «No hay previsión para las luces ornamentales, hoy hablamos solo de edificios», ha reiterado.
Respecto a las sanciones que podrían darse en el caso de no cumplirse esta normativa, Ribera indicó que «existe un régimen sancionador que se aplicaría», pero que la vigilancia corresponde a las comunidades autónomas.
