Un sindicato acusa a Colau de hacer caja con las residencias de ancianos de Barcelona
USOC denuncia que el Ayuntamiento prorroga los contratos a las prestadoras y que no aplica el incremento de las tarifas aprobadas por la Generalitat
Ada Colau durante un pleno en Barcelona. | David Zorrakino (Europa Press)
La Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC) está en pie de guerra contra Ada Colau. Acusa al Ayuntamiento de Barcelona de hacer caja con las residencias de ancianos. El año pasado, la Generalitat aprobó un incremento de las tarifas que paga por cada plaza a las entidades prestadoras del servicio. El sindicato denuncia que el Consistorio no revierte el dinero que recibe por los cuatro centros que gestiona porque ha prorrogado los contratos. Esto supone que los trabajadores tampoco se beneficien de la medida. Un portavoz municipal explica a THE OBJECTIVE que las compañías están obligadas a incrementar los salarios con el IPC, pero no aclara el asunto de los contratos.
La Generalitat de Cataluña aprobó en febrero del año pasado un decreto ley para legislar el incremento en las tarifas en las plazas públicas de residencias y centros de día. La partida, de 50,1 millones de euros, tenía carácter rectroactivo desde principios de año y suponía un aumento del 4% respecto al precio del año anterior. De esa manera, el Gobierno regional pasó a abonar 1.944 euros de media por plaza, por los 1.869 que pagaba hasta el cambio de tarifa. Sin embargo, la USOC critica que Colau, alcaldesa de la Ciudad Condal, no ha actualizado estas condiciones y eso no solo perjudica a las compañías, sino también a los empleados.
Los concursos de Colau
En Barcelona hay 400 centros para mayores, pero el Ayuntamiento solo gestiona cuatro, cuyos servicios subcontrata. Lo hace a empresas como Clece, Domusvia y L’Onada. Los pliegos de condiciones que vinculan a estas compañías con el Consistorio datan de 2018 y ya se han agotado. Según USOC, Colau no ha convocado nuevos concursos, sino que ha prorrogado los pliegos que ya existían. Los más recientes son los de la Residencia Fort Pienc, que gestiona Sacyr y datan de 2019, por lo que tampoco se benefician de la subida aprobada por el Gobierno regional. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión de las patronales.
El decreto que aprobó el año pasado la Generalitat también suponía un incremento del 6% para los trabajadores del sector. Un empleado de uno de los centros que gestiona el Ayuntamiento, que prefiere mantener el anonimato, revela que en su residencia, Layret, las subidas se han comenzado a aplicar en julio, aunque los convenios laborales se firmaron en enero del año pasado. El aumento es del 6,5%, lo que supone unos 70-80 euros netos al mes, según la categoría del empleado. En el resto de centros no lo han conseguido aún. Los más perjudicados son los técnicos sociosanitarios (gerocultores) y los auxiliares, con un sueldo mensual bruto de apenas 1.100 euros.
«La Generalitat subió las tarifas, pero Colau mantiene los precios de 2018. Nos parece una inmoralidad. Si este dinero no repercute en las empresas, estas no pagan la subida salarial a sus trabajadores», sostiene Israel Álvarez, miembro de USOC, un sindicato creado en 1966. En estos momentos es la tercera organización en número de afiliados entre los empleados de estas residencias. Según sus cálculos, las compañías adeudan una media de 2.800 euros a cada trabajador. Algunos han cobrado el aumento correspondiente a julio, pero aún tienen que percibir los atrasos.
Álvarez afirma que ha escrito en varias ocasiones a la alcaldesa para comunicarle la situación, pero que no ha atendido sus demandas. «Es una déspota. Me tiene vetado en el Ayuntamiento. Hasta los técnicos municipales escribieron a las residencias para que me prohibieran el acceso». No obstante, reconoce que no se ha puesto en contacto con el Consistorio a través de los cauces ordinarios. Sí lo ha hecho con las empresas, aunque también han hecho caso omiso. USOC convocó a Sacyr para una mediación en el Tribunal Laboral de Cataluña en febrero, pero no se presentó.
«Convenios desfasados»
Un portavoz municipal explica a THE OBJECTIVE que se están mezclando dos cuestiones. «Una cosa es el impacto de la sentencia por la subida del IPC que las empresas están obligadas a asumir, que es sobre el convenio estatal y, por tanto, no tiene nada que ver con las Administraciones locales. El otro tema es el precio por cama que paga la Generalitat, que en teoría subió la tarifa, pero esto sobre todo impacta en el grado de copago de las familias y no en los salarios, que van determinados en el convenio y que fija igualmente la Generalitat».
Un trabajador de una residencia de la Ciudad Condal consultado afirma que incluso los convenios laborales firmados en 2021, y que aún no han disfrutado, están desfasados. «Los sueldos son muy precarios. Es un problema endémico estatal. Por eso cada vez cuesta más encontrar gente. Además, los países ricos pagan muy bien por esta mano de obra, así que los jóvenes se marchan sin pensárselo».
Los problemas que denuncia USOC no se circunscriben a las nóminas. Relata que los empleados de las residencias han advertido del empeoramiento de las condiciones de los centros. Lo atribuye a las condiciones que incluía el concurso convocado por el Ayuntamiento. En uno de los centros, la empresa anunció a las trabajadoras que dejaba de lavar los uniformes, pese a los riesgos que suponía durante la pandemia, y que dejaba de dar la comida a los empleados, un derecho que llevaban años disfrutando.
