Los ayuntamientos redujeron su deuda gracias al ahorro de las inversiones por el confinamiento
El Tribunal de Cuentas urge a una reorganización de las empresas públicas en su último informe sobre el sector público local, correspondiente al año 2020
El Ayuntamiento de Madrid fue, de los grandes consistorios de España, el que más redujo su deuda en 2020. | EFE
El confinamiento decretado en 2020 por la crisis sanitaria de la covid no solo supuso un ahorro para las familias, sino también para las administraciones públicas. En concreto, los ayuntamientos pudieron recortar su inversiones gracias a la reducción de la actividad económica, lo que se tradujo en una reducción de la deuda contraída por las entidades locales, tal y como ha constatado el Tribunal de Cuentas en su último informe.
El endeudamiento de las entidades locales en el ejercicio 2020 ascendió a 16.273 millones de euros. En comparación con ejercicios precedentes, este nivel es un 6% inferior respecto al ejercicio anterior y un 16% en relación con el ejercicio 2018. Sin embargo, «el comportamiento de los ayuntamientos con mayor población no fue homogéneo, observándose ayuntamientos que incrementaron el gasto en el ejercicio y otros que redujeron el importe del gasto ejecutado», apunta el Tribunal de Cuentas.
En particular, el endeudamiento disminuyó en los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, en especial el Ayuntamiento de Madrid, con una reducción del 11%, Valencia, con un 18%, Zaragoza, con un 2%. El mayor nivel de endeudamiento en términos absolutos de las entidades supramunicipales correspondía al Área metropolitana de Barcelona, con una deuda de 138 millones de euros, seguida del Consell Insular de Mallorca, con 122 millones, equivalentes respectivamente a un 19 % y un 29 % de sus ingresos corrientes.
De los grandes ayuntamientos, el de Madrid fue el que más redujo su deuda en 2020: un 11%
El presupuesto de gastos del ejercicio 2020, para el conjunto de las entidades locales que han remitido sus cuentas, presentaba un presupuesto definitivo a 63.550 millones de euros, de los que se reconocieron obligaciones por importe de 47.314 millones, lo
que supone un grado de ejecución presupuestaria del 74%. Por ende, los ayuntamientos españoles dejaron sin gastar uno de cada cuatro euros con los que contaban ese año, aproximadamente.
«Del análisis de varios de los indicadores contenidos en las memorias de sus cuentas anuales, se observa, con carácter general, una mejora de la solvencia a corto plazo, manifestada en una liquidez inmediata positiva, que pone de manifiesto una disponibilidad de recursos de tesorería para atender el pago de las deudas a corto plazo», apunta el informe, que «refleja también una tendencia a la reducción global del endeudamiento para el conjunto de las entidades locales, en especial, a largo plazo».
Reorganizar las empresas públicas locales
El informe de fiscalización del sector público local del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2020, consultado por THE OBJECTIVE, revela esta y otras cuestiones sobre la situación de los ayuntamientos, y arroja también algunas recomendaciones. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas aboga por reorganizar las empresas dependientes de las entidades locales, «con especial referencia a las entidades instrumentales que se encuentran inactivas o en situación de disolución», así como las sociedades mercantiles con pérdidas recurrentes y significativas o en situación de desequilibrio patrimonial.
El Tribunal de Cuentas vuelve a instar, una año más, al Gobierno central a retener los tributos estatales que corresponden a los ayuntamientos que no cumplan con la obligación de rendir las cuentas generales
El órgano fiscalizador vuelve a instar, una año más, al Gobierno central a retener los tributos estatales que corresponden a los ayuntamientos que no cumplan con la obligación de rendir las cuentas generales. Igualmente, recomienda que se proceda a una modificación legislativa para establecer como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas, procedentes de cualquiera de las administraciones públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas.
Además, el Tribunal de Cuentas pide modificar los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades del sector público local, con el fin de homogeneizar los previstos en la normativa estatal y autonómica, y reducirlos significativamente para disponer de las cuentas rendidas con mayor antelación. Según este informe de fiscalización del sector público local, el 55 % de las entidades locales -excluidas las del País Vasco y Navarra- rindieron la cuenta general dentro del plazo legal y, a 31 de diciembre de 2021, habían rendido cuentas el 69 %.
Estos porcentajes fueron inferiores a los del ejercicio anterior, consecuencia de la ampliación de los plazos de rendición regulados en las medidas para hacer frente a la covid-19, de aplicación, exclusivamente, para la rendición de las cuentas del ejercicio 2019, tal y como recoge la agencia Efe. Los niveles de rendición de las cuentas de 2020 se mantuvieron en niveles similares a los del ejercicio 2018.
