Sánchez inaugura el curso político con la descentralización de organismos estatales
El Gobierno crea este martes el Centro Estatal de Salud Pública y tiene previsto dar a conocer la ubicación de otros entes públicos antes de que finalice el año
Pedro Sánchez visita la zona afectada por los incendios en Castellón. | Rober Solsona (Europa Press)
Viento en popa a toda vela. El Gobierno inaugura este martes el curso político con un ojo puesto en las convocatorias electorales del próximo año: municipales y autonómicas en mayo, generales en diciembre. El primer Consejo de Ministros de la temporada servirá para crear el Centro Estatal de Salud Pública, aunque por el momento se desconoce su ubicación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez acelera con el plan de deslocalización de organismos estatales. Su intención es anunciar la sede de varios entes de nueva creación antes de que finalice el año. El proceso abre una pugna entre los barones de su partido y ha generado críticas entre los dirigentes regionales del PP, que lo califican como un movimiento electoralista.
La creación del centro se anunció a mediados de julio, durante el Debate sobre el estado de la Nación. Sánchez afirmó que el proceso comenzaría ese mismo mes, aunque se ha demorado hasta la última semana de agosto. La intención es mejorar la gestión de las emergencias sanitarias. El nuevo ente cuenta con una dotación de 9,45 millones de euros en los presupuestos de este año y la intención del Gobierno siempre fue sacarlo de Madrid para «cohesionar el territorio nacional». Eso sí, descarta llevarse de la capital las instituciones centrales del Estado.
El plan de Sánchez
El presidente del Gobierno ya mostró su predisposición a descentralizar la Administración Pública en 2019. El proyecto quedó aparcado hasta la contundente victoria de Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de la Comunidad de Madrid del año pasado. El resultado y la caída de Sánchez en las encuestas hizo saltar las alarmas en Ferraz. La idea de la «desconcentración» comenzó a tomar forma a finales de 2021, tras la reestructuración del Ejecutivo y ante las inminentes citas electorales en Castilla y León y Andalucía.
Sánchez comenzó a aprovechar sus desplazamientos para anunciar los nuevos centros. La primera parada tuvo lugar en Benidorm. En una cita con representantes del sector turístico informó de que la ciudad alicantina albergaría la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos. El proyecto está dotado con 130 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unos días más tarde, en el Congreso del PSOE en Castilla y León, comunicó que Soria albergaría el Centro Nacional de Fotografía y que Segovia sería la sede del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional.
Los movimientos se enmarcan dentro de un plan para distribuir organismos del Estado por todo el territorio nacional. La intención del Gobierno es construir un país «mucho más cohesionado». Para ello atiende a criterios de despoblación y socioeconómicos. La mayoría de estos centros son de nueva creación, excepto el Centro de Datos de la Seguridad Social, que se trasladará de la capital hasta Soria a partir de 2024. Creará medio centenar de empleos y tendrá un coste de 60 millones de euros. El Museo Postal y Telegráfico de Correos abrirá a finales de este año en Toledo y Cuenca será la sede del Centro de Estudios Penitenciarios del Estado.
Otro de los entes de nueva creación que ya cuenta con sede decidida es la Base Logística del Ejército de Tierra. El Gobierno desestimó la opción de Jaén y se llevó el proyecto a Córdoba. Un partido localista, Jaén Merece Más, judicializó el caso con la intención de esclarecer qué sucedió en el proceso de adjudicación, en el que estuvo involucrada la exvicepresidenta Carmen Calvo, natural de la provincia que se llevó el gato al agua. En juego, más de 1.600 empleos directos.
Agravios regionales
Ayuso ya alzó la voz a finales del año pasado. La presidenta regional calificó la descentralización como «un ataque frontal contra Madrid» y aseguró que haría todo lo que estuviese en su mano para impedirlo. Llegó a acusar a Sánchez de generar «agravios» contra la región para «buscar votos» en otros territorios. Una polémica por la que pasaron de puntillas otros dirigentes regionales del PP, confiados en que el plan del Ejecutivo podría beneficiarles con alguna pedrea. Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de Galicia, acogió el proyecto «siempre que fuese razonable».
El escenario ha cambiado. Los dirigentes populares observan con escepticismo el movimiento de Sánchez y lo califican de electoralista. Le acusan de redoblar esfuerzos en plena recta final de la legislatura, con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina (se celebrarán en mayo). Los más explícitos han vuelto a ser los gestores de la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este lunes que llevarse el futuro Centro Estatal de Salud Pública fuera de Madrid sería «un error estratégico».
Andalucía, Aragón y Valencia, estas dos últimas gobernadas por el PSOE, son los territorios que cuentan con más opciones de llevarse el premio. En la pole aparece la candidatura valenciana. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya habría visitado algunas instalaciones destinadas a albergar este centro que, según Sánchez, servirá para «mejorar la gestión de las emergencias sanitarias».
Una portavoz del Ministerio de Política Territorial explica a THE OBJECTIVE que el Consejo de Ministros creará el ente este martes, pero que una comisión consultiva tendrá que emitir un informe antes de elegir la ubicación. Se abrirá «un ámbito de concurrencia competitiva» entre las comunidades autónomas para decidir su ubicación, ha precisado este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
El proyecto de Puig
La última palabra la tendrá el Ejecutivo, algo que critican algunos dirigentes socialistas porque abre una puja entre territorios. Muchos miran con recelo a Valencia, que antes del verano presentó su propio plan de descentralización. Sánchez tuvo que frenarlo. La propuesta de Ximo Puig pasaba por llevar Puertos del Estado a su región; el Senado a Barcelona; el Tribunal Constitucional a Cádiz; el Tribunal Supremo a Castilla y León y el Tribunal de Cuentas a Aragón. Incluía el traslado del Instituto Oceanográfico a Galicia, la Agencia Española de Medicamentos a Cataluña y la Agencia de Investigación a Euskadi.
Los tiros van por otro lado. La mayoría de las sedes están en el alero y muchos de esos centros ni siquiera se han creado. Es el caso de la Agencia Espacial Española, que se pondrá en marcha en enero. El Gobierno deberá elegir su ubicación en otoño. Teruel parte con ventaja, aunque también se han postulado Sevilla, León, Cebreros (Ávila) y los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Tres Cantos, aunque el Gobierno ya ha indicado que no se quedará en Madrid. Para realizar la selección es preciso que se apruebe la Ley de Ciencia, que es la que establece su creación. Está a la espera de un último trámite en el Congreso.
No es el único centro que espera su turno. La intención del Gobierno es poner en marcha otros entes y completar la descentralización. Entre ellos, destaca la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, para la que se han propuesto Granada y Santiago de Compostela, y el Centro de Investigación y Almacenamiento de Energía, que se ubicará en Cáceres, aunque aún no está claro si será un centro nacional o una cooperación conjunta con la Junta de Extremadura y Portugal.
La descentralización afecta a otras Administraciones, como Renfe, que dispersará sus centros por diferentes puntos de la geografía española, o la UNED, que ha puesto en marcha diversos proyectos en la denominada España vaciada. Uno de los casos más polémicos es el del futuro Centro Nacional de Vulcanología. Sánchez anunció la semana pasada que se ubicaría en Canarias, pero dejó en manos de los técnicos si lo haría en La Palma o en Tenerife. El nuevo ente ha levantado ampollas en el Instituto Geográfico Nacional, donde temen perder buena parte de sus competencias.
