Acusan a una alcaldesa del PP de prevaricar con las exhumaciones en el Valle de los Caídos
Familiares de las víctimas han remitido una carta a la regidora de San Lorenzo de El Escorial para quejarse por no renovar la licencia urbanística
Imagen del Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
Las exhumaciones en la cripta del Valle de los Caídos siguen varadas seis años después. Un juzgado reconoció en mayo de 2016 su derecho a dar una «digna sepultura» a las víctimas. El caso volvió al punto de partida cuando una asociación solicitó medidas cautelares. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial suspendió la licencia urbanística hasta que la sentencia fuese firme, pese a la petición de las familias. Tienen la intención de pedir amparo al Defensor del Pueblo. La Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia denunciar a la alcaldesa, Carlota López, del PP, a la que acusa de un delito de prevaricación administrativa.
«La decisión de la alcaldesa impide y cortocircuita una decisión judicial. Se pone de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias», subraya Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH. En su opinión se dan las condiciones para llevar a la regidora a los juzgados por un presunto delito de prevaricación administrativa. El artículo 404 del Código Penal establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público».
La cripta del Valle de los Caídos
Sánchez afirma que la licencia estaba concedida. Se otorgó después de que un juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial reconociera el derecho de varios familiares a inhumar a las víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros. El Ayuntamiento la suspendió en noviembre después de que un juzgado estimara la petición de medidas cautelares solicitada por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica para detener el proceso. Familiares y Patrimonio Nacional solicitaron reanudar la licencia, pero el Consistorio se opone hasta que exista sentencia firme.
Los portavoces del Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones a THE OBJECTIVE. «Alegan que existe un recurso, pero nos parece un argumento básico. No tiene sentido que se incumpla una sentencia anterior. Tampoco se tiene en cuenta el daño humano que se está causando», sostiene Sánchez. No le extraña que haya razones políticas de fondo. En su opinión, el Gobierno debe tomar cartas en el asunto porque el recinto en el que se encuentran los restos pertenece a Patrimonio Nacional.
«No se puede utilizar un cargo público para impedir el ejercicio de sus derechos a decenas de familias que llevan años luchando. El deber de una representante y de cualquier ser humano es ayudar a cualquier persona a dar sepultura a un ser querido. Quien se oponga está suspendiendo en primero de derechos humanos», insiste el portavoz de la ARMH. Sánchez pone de manifiesto que los descendientes de las víctimas son personas mayores y que muchas fallecen sin conseguir su propósito. Entre ellas Manuel Lapeña, de 97 años, que falleció hace uno tras toda una vida luchando por recuperar los restos de su padre y de su tío.
Los familiares de las víctimas han remitido una carta a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial para pedirle que autorice una nueva licencia que agilice las exhumaciones. Entre ellas, la familia de José Antonio Marco Viedma, inhumado en el Valle de los Caídos «tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver» en la fosa común del Cementerio Municipal de Calatayud (Zaragoza). Una de las firmantes es su sobrina-nieta Silvia Navarro, que acusa a la regidora de poner trabas a un derecho que tienen reconocido. «Se basa en un supuesto informe jurídico del Ayuntamiento».
Recuperar los restos
«Lo justo sería denunciarla por prevaricación, pero no estamos por la labor de seguir judicializando una cuestión que ya está resuelta. Además, todo esto tiene un coste emocional». Navarro se lamenta porque, a estas alturas, los descendientes de los republicanos tengan que estar luchando en los juzgados. Cuenta que son gente humilde, sin recursos, y que muchos desean recuperar los restos de sus parientes antes de morir.
Es el caso de Mercedes Abril, de 88 años, y de Francisca González, de 85, a cuyos padres asesinaron. El mausoleo franquista acoge los restos óseos de 33.833 personas, un tercio enterrados de forma anónima y sin el conocimiento de sus familias. Navarro afirma que están cansados de luchar. «No es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de reparación».
Bonifacio Sánchez subraya que la ARMH va a interponer una denuncia por prevaricación administrativa para recordarles a las víctimas del Valle de los Caídos que no están solos. Navarro lo agradece, aunque explica que su interés es pedir amparo al Defensor del Pueblo español y europeo. El encargado de ese cometido es Íñigo Jaca, sobrino de un miliciano vasco inhumado en Cuelgamuros. No obstante, reconoce que no lo tendrán fácil porque estas instituciones piden que el proceso judicial está concluido.
