El Govern alimenta la acusación de 'dumping' contra Ayuso para reactivar la reforma fiscal
El nuevo informe de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de patrimonio da munición a ERC y Junts para denunciar el dinero que deja de ingresar Madrid
El Govern quiere dar un nuevo impulso a la reforma fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió a ERC y al resto de socios de investidura y que tiene, entre sus objetivos, el de obligar a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos. Tanto la Consejería de Economía, en manos de Jaume Giró (Junts), como Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, hace tiempo que emplean sus esfuerzos en que dicha reforma se aborde antes de que finalice el año.
Los últimos datos ofrecidos este lunes por la Agencia Tributaria sobre la recaudación del Impuesto de Patrimonio, donde Cataluña aportó en 2020 el 45% del impuesto de patrimonio de todo el Estado, ha servido para estrechar el cerco sobre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el fin de que eleve la presión fiscal en su región.
El hecho de que Madrid bonifique el 100% de este impuesto se ha convertido en un asunto que los socios de Sánchez quieren abordar. Por esta razón, la reforma reforma fiscal que plantea la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluye un armonización fiscal de los tributos autonómicos, como son el de sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio.
Munición contra Madrid
Desde las consejerías economías del Govern, en coordinación con ERC, se busca que las comunidades autónomas no puedan bajarlos más allá de un mínimo. Un esquema que impediría que la Comunidad de Madrid pudiera dejar exento el impuesto sobre el patrimonio.
Para ello la estrategia pasa por destacar el dinero que se deja de ingresar con el régimen fiscal competitivo de Madrid. De acuerdo con la estadística de la Agencia Tributaria, se tendrían que haber pagado 992.012.970 euros en 2020, pero al tener una bonificación del 100% de la cuota a ingresar, los ciudadanos no tuvieron que abonarlo. Pese a ello, en la distribución por importe del patrimonio declarado, la clasificación regional cambia considerablemente: Madrid encabeza el ranking, con un patrimonio medio declarado por contribuyente de 10,3 millones de euros.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE no dudan de que los datos brindados por la Agencia Tributaria están siendo convenientemente explotados, como ya se hizo en febrero cuando la Consejería de Economía publicó una estadística sobre el impuesto sobre el patrimonio por comunidades autónomas (de 2014 a 2019) y señalaban que la «la bonificación del 100%» a dicho tributo suponía una «cuota a ingresar nula».
Pese a que el impuesto de patrimonio es estatal, el rendimiento total se cede a las comunidades autónomas. Es decir, la crítica lanzada por el Govern y sus terminales mediáticas sobre la supresión de este impuesto en Madrid no repercute negativamente a las arcas del Estado.
A este respecto, no es un nuevo ataque «contra el Estado», sino directamente contra la comunidad que preside Ayuso. De acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria, los más de 80.000 declarantes catalanes pagaron un total de 546.558.340 millones de euros en concepto de patrimonio. Se trata de una cantidad muy importante con la que cuenta Cataluña gracias a que el impuesto está cedido.
Por detrás de Cataluña, la comunidad que más engrosó sus arcas públicas con el impuesto de patrimonios fue la Comunidad Valenciana, con 156.372.632 euros, un 13% del total del Estado.
Presión a Sánchez
El jefe de filas de ERC en Madrid aprovechó el debate sobre el Estado de la Nación, el pasado julio, para pedirle a Sánchez una rectificación en su política económica y avanzar hacia la reforma fiscal.
Por su parte, la Consejería de Economía presentó este jueves un nuevo cálculo sobre el déficit fiscal del Estado con Cataluña. Según sus cifras, ascendía a 20.196 millones de euros, un 8,6% del PIB estatal. El propio conseller calificó este déficit de «maltrato económico» del Estado hacia Cataluña, y de ser «sistemático, endémico y desleal».
Más allá de los incumplimientos que el Govern reprocha a Sánchez en materia de financiación, su última baza es obligar a Madrid a subir impuestos y a recuperar este impuesto de patrimonio. Este impuesto se reinstauró en 2011, tras la crisis financiera de 2008, para incrementar la recaudación. En la actualidad ha desaparecido en todos los países de la Unión Europea menos en España.
