El juez del 'caso Pegasus' pregunta a Robles y Marlaska si declararán en persona
La ministra de Defensa ya avanzó que querían hacerlo por escrito, como ya lo hiciera en su día Félix Bolaños
Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en el Senado. | Ricardo Rubio (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama, que investiga el ‘caso Pegasus’, ha requerido a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que le comuniquen de qué forma quieren prestar declaración como testigos, si lo harán de manera presencial en el propio juzgado, mediante videoconferencia o por escrito acogiéndose al privilegio procesal establecido a favor de los miembros del Gobierno.
Así lo plasma en un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que también acuerda librar un recordatorio a las autoridades judiciales de Israel con el objetivo de interesar una respuesta a la comisión rogatoria emitida el pasado 5 de mayo para requerir a la empresa NSO GROUP, propietaria del software Pegasus, para que emita informe sobre diversos aspectos «esenciales» para la investigación de los hechos.
Dicha solicitud, que todavía no ha obtenido respuesta, fue ampliada, recuerda Calama, el 5 de junio en el sentido de interesar autorización a las autoridades judiciales de aquel país para el desplazamiento de la comisión judicial a Israel, con objeto de practicar la declaración testifical sobre los hechos expresados en la comisión rogatoria inicialmente emitida.
Cabe recordar que Robles ya avanzó en declaraciones a los periodistas a principios del mes de agosto su intención y la del titular de la cartera de Interior de declarar ante el juez Calama por escrito, como ya lo hiciera en su día Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El juez de la AN empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue luego ampliada al confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
