El Gobierno oculta quién paga los gastos del perro de Pedro Sánchez
El Ejecutivo rehúsa aclarar quién se encarga de los cuidados de Turca, la perra que vive con la familia de Sánchez en el complejo presidencial
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no aclara quién paga los gastos del perro de Pedro Sánchez en Moncloa. Así se desprende de una resolución del Consejo de Transparencia ante la petición de información de un particular que solicitaba conocer algunos detalles sobre el mantenimiento de Turca, la perra de la familia de Sánchez que convive con el presidente en el complejo presidencial.
El solicitante reclamó en un primer momento a Presidencia del Gobierno esta información. En concreto, pedía conocer el «gasto en el perro presidencial, conocido como Turca». Además, solicitaba «los contratos que se han adjudicado para esta mascota, los gastos ordinarios, las personas que se encargan de cuidarlo y cualquier otra información al respecto», según la resolución consultada por THE OBJECTIVE.
La Presidencia del Gobierno no respondió en tiempo a la solicitud, que fue elevada medio año después a Transparencia. Tras admitir a trámite la solicitud y pedir a Presidencia que formulara sus alegaciones, el Gobierno resolvió «conceder el acceso parcial a la información solicitada», aunque sin aclarar quién asume los gastos del perro de Pedro Sánchez.
Sin contratos de «mascotas» en Moncloa
ELa Secretaría General de la Presidencia del Gobierno aseguró en su escrito que «no se ha formalizado ningún contrato administrativo que tenga un objeto directo o indirecto relacionado con mascotas» y se negó a informar sobre quién se encarga del cuidado del animal.
Amparándose en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Presidencia del Gobierno arguyó que la normativa «delimita el ámbito material del derecho de acceso a la información pública a partir de un concepto amplio, abarcando cualquier documento o contenido, y a su vez, acota el alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos: que la información obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en su alcance y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones».
«Pues bien, no concurre en este caso ninguno de los requisitos señalados, por lo que no puede considerarse información pública al amparo del artículo 13 de la LTAIBG», sostenía en su respuesta la Presidencia del Gobierno, que pedía al Consejo de Transparencia que resolviera «de forma desestimatoria» la reclamación.
A pesar de que la respuesta de la Presidencia del Gobierno no aclara quién afronta los gastos de Turca, y que el solicitante de la información no respondió a las alegaciones, el Consejo de Transparencia «presume que entiende satisfecha» su petición, «sin que resulte necesario instar a la realización de más trámites». Sin embargo, admite la petición «por motivos formales», dado que Presidencia rebasó el plazo máximo para contestar al solicitante.
