Llop, sobre la renovación del CGPJ: «Voy en metro y escucho a la gente hablar del tema»
La ministra de Justicia ha defendido que a los ciudadanos les importa el Poder Judicial y ha atacado al PP por no tener en cuenta estas demandas
La ministra de Justicia, Pilar Llop. | Eduardo Parra (Europa Press)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cuando va en metro o autobús escucha a la gente hablar de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cuatro años en funciones, algo que ha considerado que es síntoma de que «ya ha entendido la trascendencia» de la situación de bloqueo porque «les afecta directamente».
«Antes decíamos que a nadie le importaba la renovación del CGPJ, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya… Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y escucho a la gente que habla de este tema» ha dicho, incidiendo nuevamente en la necesidad de que el PP se avenga a pactar los nuevos vocales del Consejo.
A su juicio, estos comentarios entre la ciudadanía se deben a que «la gente ya ha entendido la trascendencia de esto» porque «les afecta directamente». En este sentido, ha subrayado que las decisiones del Consejo «no solo afectan a la trascendencia de las leyes, sino a todos y cada uno de los ciudadanos» porque impactan también sobre sus derechos fundamentales.
El CGPJ «está costando una millonada»
Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que la situación de interinidad del CGPJ «está costando una millonada» porque el Ministerio de Justicia tiene que estar poniendo «constantemente» refuerzos de jueces y magistrados en el Tribunal Supremo (TS) y en otro órganos jurisdiccionales «para que la Justicia pueda funcionar con normalidad».
Entre las funciones del CGPJ se encuentra la de cubrir dichas vacantes, sin embargo, no puede realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial debido a la reforma legal impulsada por el Gobierno en marzo de 2021 para prohibirlo mientras esté en funciones.
A través de una segunda reforma, igualmente impulsada por el Ejecutivo, se devolvieron los poderes al Consejo pero solo para que pudiera designar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de modo que Moncloa pueda nombrar también a los suyos.
