Un presunto violador pide que se posponga su juicio para beneficiarse de la ley del 'solo sí es sí'
El abogado del procesado ha solicitado la suspensión del juicio hasta la entrada en vigor de la norma de Irene Montero, que podría rebajar sus penas
El acusado por violar y vejar a una mujer en Blanes (Girona). | ACN
La entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual -más conocida como ley del solo sí es sí– implica reducciones a la baja de aquellas condenas por violación. Así lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2021, y así lo ha venido apercibiendo THE OBJECTIVE en las últimas semanas de la mano de expertos penalistas. El tiempo ha demostrado que, en efecto, es así.
La Audiencia de Gerona ha suspendido este lunes un juicio por una violación en Blanes (Gerona) porque el abogado de la defensa ha solicitado que se posponga hasta que entre en vigor la norma impulsada por Irene Montero, el próximo 7 de octubre. Así, el reo se enfrentará a penas de 4 a 10 años de prisión, y no de entre 6 y 12, como preveía la legislación antes de esta modificación.
El juicio se celebrará, pues, el próximo 20 de octubre. Una semana después de que la ley del solo sí es sí pase a regir sobre los delitos de agresión sexual. El acusado se enfrenta a 12 años de prisión y a 30 días de localización por violación, maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer y vejaciones injustas. El procesado estaría dispuesto a reconocer los hechos y aceptaría una condena con la nueva ley.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular pedían en el escrito de conclusiones provisionales la pena máxima por el delito de violación, 12 años. Sus escritos recogen que el 24 de enero de 2018 el acusado lanzó sobre su cama a la víctima y se puso encima de ella. Al intentar darle un beso, la mujer le mordió el labio y entonces, según las acusaciones, la obligó a desnudarse y la violó. Tras atacarla, y mientras esta aún lloraba, el procesado exclamó «qué asco de tía» y fue a darse una ducha.
El violador se podría beneficiar
Este podría ser el primer beneficiado en España de la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual. Pero no el único. El abogado Agustín Martínez, defensor de los cinco jóvenes de La Manada condenados por haber violado a una joven en los Sanfermines de 2016, ya ha anunciado que estudiará esta vía para beneficiar a sus clientes con la reducción del mínimo legal de penas.
La ley preconizada por Irene Montero borra la distinción entre los delitos de abuso y agresión sexual, lo que reduce estas dos horquillas, dando pie a condenas más laxas que la vigente al quedar un margen de entre 13 y 18 años. Teniendo en cuenta que el Supremo justificó los 15 años anteriores señalando que «se encuentra muy próxima al mínimo legal» vigente, con la nueva normativa los cinco acusados habrían logrado penas más laxas.
La última palabra en el caso de La Manada la tendrá el Tribunal Supremo, que debe dirimir si aplica la retroactividad favorable, un principio que se emplea siempre que beneficie a los reos. La mayoría de los penalistas considera que la revisión es posible, y vaticinan que el castigo impuesto en su día -15 años- podría rebajarse hasta los 13 años y siete meses.
Denuncias falsas
Pero este no es el único hándicap con el que viene la norma impulsada por la rama ministerial que dirige Unidas Podemos. Esta podría derivar en un incremento considerable de las denuncias falsas. ¿El motivo? Que, en lo sucesivo, si una mujer denuncia haber sido víctima de violencia sexual podrá pedir una renta de reinserción o, si gana menos del salario mínimo, podrá tener acceso prioritario a una vivienda y programas de ayudas. Esto, sin que medie condena: con tan solo una denuncia o, según los expertos consultados en su día por THE OBJECTIVE, con un mero informe de servicios sociales.
