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El Congreso aprueba tramitar los impuestos a la banca y a las energéticas con los votos en contra de PP, Vox y Cs

El Gobierno pretende recaudar 7.000 millones con la medida, asegurando que no afectará a los consumidores

El Congreso aprueba tramitar los impuestos a la banca y a las energéticas con los votos en contra de PP, Vox y Cs

El Gobierno pretende recaudar 7.000 millones con la medida, asegurando que no afectará a los consumidores

El Pleno del Congreso respaldó este martes la admisión a trámite de la proposición de ley para la creación de unos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas, con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.

Con 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones, esta proposición de ley -presentada por los grupos PSOE y Unidas Podemos- comienza ahora su trámite parlamentario con el objetivo de que esté en vigor en 2023 para poder recaudar 7.000 millones de euros en dos años, mediante las dos figuras tributarias.

«Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios», dijo la diputada socialista Patricia Blanquer al comienzo de su intervención, argumento al que se ha sumado el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro al defender «un reparto justo y equilibrado en una situación sobrevenida».

La norma prevé la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, que no podrán trasladarse a los consumidores, una obligación que será vigilada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento sería una falta «muy grave» sancionada con el 150% del importe trasladado.

Estas prestaciones afectarán a una veintena de grandes empresas durante dos años, a pagar en 2023 y 2024, aunque referidas a los resultados del año previo, y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.

El debate ha provocado que los grupos de la Cámara se hayan dividido en dos bandos claros: quienes apoyan que los sectores beneficiados por la crisis aporten más a las arcas públicas y quienes creen que generará inseguridad jurídica y que lo acabarán pagando los ciudadanos.

Fuente: EFE.

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