Ofensiva de las víctimas en el Congreso para forzar a Bildu a esclarecer 379 crímenes de ETA

Iniciativa sin precedentes de las víctimas del terrorismo. Un total de 23 de asociaciones y fundaciones se han unido por primera vez para impulsar en el Congreso de los Diputados un cordón sanitario a Bildu. El objetivo es forzar a los líderes de la formación abertzale a colaborar con la Justicia para esclarecer los 379 crímenes de ETA sin resolver. Y para ello solicitan a todos los partidos del arco parlamentario que aíslen a Bildu y no voten ninguna iniciativa legislativa en la que participe la formación de Arnaldo Otegi hasta que sus líderes cooperen con los jueces.

«Todos los partidos deben trazar un cordón sanitario a los votos de sangre de Bildu hasta que sus miembros y los jefes de ETA no colaboren en la resolución de los 379 asesinatos que están aún sin resolver», reza el manifiesto que un total de 23 asociaciones y víctimas del terrorismo, incluidas las del 11-M, van a registrar este miércoles en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa que se produce en pleno inicio de las negociaciones del Gobierno con el resto de partidos para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

También en medio de la indignación de las víctimas con el traslado de etarras a las cárceles del País Vasco y pocos meses después de que el Parlamento Europeo instase a España a hacer todo lo posible por esclarecer los 379 asesinatos sin resolver, en un informe en el que la Eurocámara destacaba que ningún líder de ETA ni de su entorno ha colaborado jamás en el esclarecimiento de esos crímenes.

«Mientras los partidos democráticos continúen tratando a Bildu como una formación sin mochila, esa cifra no se reducirá. Todos los partidos tienen la obligación moral de exigir a la izquierda abertzale y a los jefes de ETA una cooperación con la Justicia que hasta el momento no han demostrado, así como de negar a ambos cualquier rédito o prebenda a cambio de contar con sus votos. No basta con dejar de matar para ser demócrata», indica el manifiesto, impulsado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y al que se han adherido la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Víctimas 11-M y la Fundación Miguel Ángel Blanco, entre muchas otras.

379 familias de víctimas esperan Justicia

Las víctimas apelan a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. El propio Parlamento Europeo mostró su preocupación por la situación de sufrimiento e impunidad consolidada en el tiempo que está provocando esa falta de colaboración que, según denunció la Eurocámara, es contraria al artículo 3 del Convenio Europeo.

«Cada día que pasa representa un nuevo sufrimiento para los familiares de las 379 personas asesinadas por la banda en atentados selectivos o masacres aún sin autor conocido. La Eurocámara, de hecho, hizo un llamamiento especial a España en ese punto para que las instituciones hiciesen todo cuanto estuviese en su mano para evitar esa impunidad», destaca el manifiesto dirigido al Congreso.

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El texto destaca que después de cinco años de investigación del Parlamento Europeo no hay ningún avance en el esclarecimiento de esos crímenes. Una situación de la que las víctimas culpan al «silencio cómplice y el cinismo vergonzante» de la izquierda abertzale. «Los que antes justificaban los asesinatos hoy no facilitan ni un solo dato que permita aclarar esos 379 asesinatos, que seguirán siendo los mismos dentro de otro lustro si no hacemos nada», señalan las víctimas.

«Por eso solicitamos a todos los grupos que entienden que las víctimas del terrorismo han sido el sustento de nuestra democracia que no voten ningún tipo de iniciativa con una organización heredera de ETA hasta que ésta no ayude a resolver los crímenes sin esclarecer. No son un interlocutor válido para negociar ningún asunto relacionado con nuestro estado de derecho mientras no cooperen en la resolución de estos crímenes», indican las asociaciones de víctimas que suscriben el manifiesto. Un texto al que, según sus impulsores, solo cuatro organizaciones han rechazado sumarse: el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa.

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Causas reabiertas

En los últimos meses, son varias las causas reabiertas en la Audiencia Nacional para intentar encausar a los exjefes de ETA por su responsabilidad intelectual en varios atentados. Algunos de ellos son asesinatos sin resolver, mientras que en otros solo se han condenado a los autores materiales. En los informes aportados a algunas de esas causas, la Guardia Civil y la Policía Nacional han acreditado que los asesinos materiales de cada atentado informaban a posteriori sobre cada crimen a los dirigentes de la banda y seguían instrucciones de la cúpula de ETA. Una organización cuya estructura los investigadores han descrito como jerarquizada.

Entre los casos reabiertos por delitos de autoría mediata de la organización y comisión por omisión, se encuentran los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y del asesinato del exjuez del Tribunal Supremo José Francisco Querol. También atentados como el de la T-4 en el aeropuerto de Barajas, el perpetrado en Santa Pola (Alicante) en 2002 que acabó con la vida de una niña de seis años, el que en 2003 mató a dos policías nacionales en Sangüesa (Navarra) o el cometido en 2008 contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya).

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