Zaplana contrata a una agencia de detectives para esquivar el banquillo en el 'caso Erial'
En un informe, no presentado aún en el juzgado, confirman que el piso donde se encontraron los papeles que dieron inicio a la causa tuvo tres dueños distintos
Eduardo Zaplana, exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana. | Ángel Díaz Briñas / Europa Press
Eduardo Zaplana ha contratado a una agencia de detectives para intentar esquivar el banquillo de los acusados en el llamado caso Erial. El exministro del Gobierno y expresidente de la Comunidad Valenciana ha recurrido a investigadores privados para elaborar un informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, con el que intenta desacreditar el «encuentro fortuito» y la cadena de custodia de los papeles que dieron inicio a la causa. Un caso en el que se investiga el presunto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana.
Ante la negativa de la juez instructora a practicar las diligencias solicitadas por Zaplana, el exministro solicitó a una agencia de detectives que hiciera una investigación sobre la finca inmobiliaria en la que aparecieron los papeles que dieron inicio a la causa. Un inmueble ubicado en Valencia que fue propiedad de Zaplana hasta el año 2006 y donde, según los informes de investigación del caso, un empresario sirio encontró los documentos que la Guardia Civil incautó once años después durante el registro del despacho del abogado Marcos Benavent, también conocido como El yonqui del dinero, en el marco del caso Taula. Papeles que dieron inicio al caso Erial, por el que están al borde de ser procesadas una veintena de personas junto a Zaplana, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
El expresidente de la Comunidad Valenciana podría utilizar el documento para que los jueces llamen a declarar al empresario sirio y a las dos personas que han sido dueños del inmueble desde que Zaplana lo vendió en 2006. También para desacreditar la cadena de custodia de los documentos ya que, de acuerdo a la versión de los detectives, estuvieron un piso que tuvo dos propietarios distintos hasta que el empresario sirio arrendó el inmueble donde encontró los documentos. Papeles que luego habrían permanecido en el despacho de Benavent durante casi una década hasta ser intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Precisamente este lunes, los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia se reunirán para deliberar y decidir sobre los recursos presentados por Zaplana y el resto de investigados en el caso Erial contra el auto de procesamiento dictado por la juez instructora en junio. En su recurso, el exministro del Gobierno critica que Erial ha sido una causa «netamente policial» y sin control por parte del juzgado en la que «en la que se ha evitado practicar diligencias sobre los elementos esenciales de la imputación».
El piso tuvo tres dueños
La investigación de los detectives se centra en esclarecer la identidad de las personas que han residido en la vivienda desde que Zaplana la vendió. Especialmente del empresario sirio que entregó los papeles a Benavent y al que se identifica como «colaborador y fuente activa» del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El informe, que aún no ha sido aportado al juzgado, también se centra en analizar la «verosimilitud» del «encuentro fortuito» de los documentos y de la declaración que el empresario sirio realizó ante la Guardia Civil después de la incautación de los papeles en el despacho de Benavent, en el año 2017, diez años después de su supuesto hallazgo en el piso que había sido propiedad de Zaplana.
Según consta en el Registro de la Propiedad, el expresidente de la Comunidad Valenciana traspasó el piso en 2006 a un notario que, a su vez, lo vendió dos años más tarde al actual propietario del inmueble. Este último es quien tuvo en régimen de alquiler al empresario sirio durante siete años, desde septiembre de 2008 y hasta 2015, según testigos y facturas que los investigadores contratados por Zaplana mencionan en su informe.
«En relación a lo anterior, se pone de manifiesto así una primera inverosimilitud pues, si tal como se ha conocido, el señor N. declaró haber encontrado los documentos en el 2007. Ello no es posible, pues no comenzó a residir en la vivienda hasta el mes de septiembre de 2008, más de un año después. Tal y como han refrendado las fuentes consultadas y el propio dueño de la vivienda», indican los detectives en el informe que Zaplana podría aportar antes o durante el juicio.
Niegan la existencia de un altillo en la vivienda
En la investigación, los detectives localizaron y entrevistaron a los dos propietarios que han sido dueños del piso después de que Zaplana lo vendiese. Ambos han asegurado que nunca vieron documento alguno en la vivienda. Y el segundo de ellos, siempre según el informe de los detectives, afirmó que «no existía ningún tipo de altillo en la vivienda, descartándose así que los documentos pudieran ser encontrados en dicho elemento, tal y como se ha referido en algunos medios de comunicación».
No obstante, los dos propietarios de la vivienda han confirmado la existencia de una caja fuerte en un armario del dormitorio principal del inmueble, otro de los lugares donde otros medios de comunicación refieren que el empresario sirio pudo haber encontrado los documentos. «En los armarios de la izquierda, concretamente en la parte baja del armario, está empotrada una caja fuerte de gran tamaño que no se ve a simple vista, ya que está oculta por una tapa de madera», indica el informe.
El actual propietario de la vivienda habría declarado que, antes de alquilar la vivienda al empresario sirio, «él abrió la caja» y añadió que «el interior estaba vacío». Sin embargo, «desconoce si en el minúsculo espacio existente entre las paredes de la caja y la madera del armario pudiera haber habido algo, aunque él no vio nada».
La UCO no registró la vivienda
Por otro lado, el informe de los detectives cuestiona la cadena de custodia de los documentos y la posibilidad de que hubieran sido manipulados para dirigir la causa contra Zaplana, a quien la UCO sitúa al frente de la red corrupta del caso Erial. Una investigación por la que también se encuentran al borde del banquillo de los acusados los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente valenciano Joaquín Barceló y Francisco Grau o el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.
«Resulta obligado señalar que, durante las investigaciones realizadas se ha conocido que con posterioridad al presunto encuentro fortuito por parte del señor N. de los documentos, no se practicó en la vivienda ningún tipo de registro o visita ni de funcionarios judiciales ni policiales», indican los detectives contratados por Zaplana. «Ello, pese a que el desarrollo lógico de las investigaciones así lo habría conllevado», añaden.
Los investigadores indican que, de ser ciertas las manifestaciones que el empresario sirio efectuó ante la Guardia Civil, «resultaría inconcebible que los estamentos policiales encargados en las investigaciones no hubiesen optado por practicar registros en el domicilio donde se encontraron los documentos». También cuestionan el hecho de que ni la UCO ni la juez han tomado declaración al propietario de la vivienda que alquiló el inmueble al empresario sirio, ni tampoco al anterior propietario -el que compró el inmueble a Zaplana- «por si alguno de ellos hubiese encontrado algún documento adicional a los que el señor N. dijo haber encontrado».
