El Mar Menor se convierte en el primer espacio ecológico en Europa con personalidad jurídica
Durante la intervención plenaria en el Senado también se defendió que la Universidad de Cartagena pudiese formar parte del Comité Científico
Cadena humana por la recuperación del Mar Menor. | Europa Press
Las Cortes Generales del Estado han aprobado la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca por 230 votos a favor, tres en contra y 30 abstenciones; convirtiéndose en el primer espacio ecológico europeo en gozar de tal estatus.
Así lo ha decidido el Senado durante un Pleno celebrado este miércoles, en el que se ha tramitado la Proposición de Ley por el procedimiento de urgencia.
En el Pleno se ha debatido una propuesta de veto, formulada por Vox, que ha sido rechazada por 258 votos en contra, tres a favor y una abstención. También se ha debatido una enmienda del PP que ha sido rechazada con 137 votos en contra, 105 a favor y 21 abstenciones.
El primero en intervenir durante el Pleno fue el senador José Manuel Marín Gascón, de Vox, que rechazó la Proposición de Ley al entender que responde a «una apuesta ideológica y radical», con el fin de «dejar atrás nuestra sociedad, centrada en el ser humano», y «llevarnos a una sociedad ecocéntrica y basada en la Agenda 2030».
Para Marín, el deterioro de la laguna es consecuencia de la «falta de aplicación y el cumplimiento» de la normativa vigente sobre este entorno natural por parte de «las distintas administraciones implicadas», y no responde a la ausencia de leyes e instrumentos jurídicos creados para su protección.
«Esta proposición propone algo de implicaciones severas como es el sometimiento del principio fundamentales al derecho de la ecología», dijo el senador de Vox, para quien la representación y gobernanza a las que alude la iniciativa ciudadana es, en realidad, «un auténtico comisariado político».
Asimismo, indicó que su aprobación supondría la creación de «un chiringuito antidemocrático y totalitario» y «dominado por la extrema izquierda», que funcionará «al margen de las leyes» y conllevará «más despilfarro y más legislación», en lugar de «gestionar bien con los instrumentos existentes y sin aumentar el gasto público».
En el turno de réplica, el senador del PSOE Fernando Lastra lamentó que Vox considere «ideológicas» todas las opiniones que no comparte, como el cambio climático. Frente a ello, defendió que «sí se pueden unir los derechos humanos con los derechos de los seres vivos».
«El ser humano no es el centro de la naturaleza ni superior a la biodiversidad en la que se integra», según Lastra, quien vinculó esta «expansión de derechos» con la lucha que, en su día, libraron los esclavos o por la igualdad entre hombres y mujeres. A su juicio, la situación del Mar Menor «es la constatación de un fracaso de quien, en virtud de la autonomía, tiene la responsabilidad en medio ambiente, agricultura y ordenación del territorio».
Miguel Sánchez, de Ciudadanos, sostuvo que la ILP es «una prueba del fracaso de la política regional y la nacional», que «ha obligado a la sociedad civil a movilizarse para encontrar una solución al problema que hemos creado los políticos». «Mientras la laguna agoniza lentamente, la política, lejos de actuar, se sacudía las culpas y se arrojaba el ‘tú más’ al contrario», lamentó.
Sánchez indicó que el deterioro del Mar Menor «no es una casualidad», sino que ha tenido lugar de forma dilatada en el tiempo «mientras los responsables políticos, sobre todo regionales, miraban para otro lado». Ahora toca, manifestó, «ponerse del lado» de la laguna, de la sociedad civil y del patrimonio natural con un «sí claro» a la proposición ciudadana.
El portavoz de Izquierda Confederal, Vicenç Vidal, renunció a responder a cualquiera de los argumentos de Vox. «Si ya no podemos convencerles con la ciencia o el cambio climático, les pido que retiren el veto alegando la Encíclica del Papa o el artículo 45 de la Constitución Española, entendiendo que sí son un referente válido para ellos», ratificó.
Por parte del PP, el senador Juan María Vázquez recordó que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y los ‘populares’ ya han expresado su «respeto indubitado» a la voluntad popular de los firmantes de la ILP. Señaló que los ciudadanos exigen que se «acompase» la sostenibilidad medioambiental con la económica y la social.
«El veto solo conseguiría cercenar el debate de un texto legislativo», según Vázquez, quien sí que ha coincidido con Vox en defender «una agricultura del siglo XXI, injustamente señalada como responsable del estado del Mar Menor». De hecho, sostuvo que este sector «puede ser parte de la solución en su interacción con un acuífero actualmente rebosante». «Unos agricultores que, en su gran mayoría, ya han acreditado ante la CHS que su actividad no contamina», concluyó.
Debate de la enmienda
Vázquez también intervino en defensa de la enmienda presentada por su grupo que propone incluir a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) entre los candidatos a formar parte del Comité Científico. «Es paradójico que esta universidad, ubicada en un municipio al que pertenece la mayor parte del Mar Menor y que lleva décadas desarrollando investigaciones, no esté en el grupo de Universidades que si pueden proponer candidatos», subrayó.
Asimismo, Vázquez criticó el veto presentado por Vox, al tiempo que pidió «respeto para esta iniciativa popular firmada por más de 640.000 personas y que pone voz a miles de ciudadanos para la salvaguardia, protección y gestión de la laguna».
En su réplica, Lastra señaló que el texto que se somete a votación dice que pertenecerán al comité las universidades de Alicante y Murcia, lo que «engloba a la UPCT».
La senadora del Grupo Parlamentario Vasco, María Mercedes Garmendia, reconoció que, a pesar de tratarse de una iniciativa «novedosa», su grupo no ve «con claridad» que este estatus jurídico «sea una garantía eficaz» para que la laguna salada salga de la situación en la que está.
El senador del Grupo Parlamentario Popular Francisco Bernabé defendió que «es obligación de todos los partidos solucionar para siempre la situación del Mar Menor».
Bernabé afirmó que, cuando ocurrieron los desastres medioambientales del Prestige y de Aznalcóllar, hubo «una respuesta inmediata, coordinada e impulsada por el Gobierno de España» en el ejercicio de sus competencias sobre los dominios públicos marítimos. «Creo honestamente que en el Mar Menor también debe hacerse lo mismo», señaló.
Según explicó, «este verano se ha marcado un punto de inflexión muy positivo pues sus aguas han vuelto a estar más transparentes, sanas y limpias que nunca, gracias a la decisión del Gobierno de Fernando López Miras, que ha movilizado millones de euros y cientos de medios humanos y materiales para la retirada masiva de algas, evitado los tristes episodios de sopas verdes y de anoxias con peces muertos».
En este sentido, Bernabé resaltó que gracias a esta «iniciativa pionera», se han retirado más de 19.000 toneladas de algas, tanto en mar como en tierra.
Durante su intervención, el senador resaltó que el riesgo sigue existiendo porque las causas del problema siguen latentes. Así, puso de relieve que «el agua dulce cargada de nitratos sigue entrando a mansalva en el Mar Menor a través de una rambla pública de titularidad estatal, como es la rambla del Albujón».
Además, ha remarcado que este agua cargada de nitratos «sigue filtrándose a raudales en el Mar Menor a través de aguas subterráneas públicas de titularidad estatal, como son las del Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena; y hay playas públicas de titularidad estatal en las que no se puede entrar porque están llenas de lodos y fangos».
Por su parte, la senadora del PSOE, Lourdes Retuerto, arremetió contra las «políticas erráticas y codiciosas» de los últimos 28 años de gobiernos del PP, con la «falta de un modelo de gestión» y apostó por el «cambio de paradigma» auspiciado por la ILP. Se ha preguntado «qué hubiera pasado si la ley de protección y armonización de usos del Mar Menor que puso en marcha el PSOE en 1987 no hubiera sido tumbada por el PP».
