El Constitucional dirime la lentitud de los tribunales: «Una Justicia lenta no es Justicia»
El tribunal de garantías resuelve este lunes el recurso de amparo contra los señalamientos tardíos que presentó un abogado sevillano
Exterior de la sede del Tribunal Constitucional. | EFE
Una mujer se convierte en madre soltera, pero le niegan la prestación para cuidar al niño en su primer año de vida. Presenta una demanda y los tribunales fijan la vista para dentro de tres años. Un recién doctorado denuncia a la Universidad de Sevilla por un conflicto laboral, pero el juicio se demora tres años. Son solo algunos ejemplos de la lentitud de los tribunales en España. El segundo caso llevó a un abogado sevillano a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que se pronunciará este lunes. Daniel Sánchez Bernal argumenta que lo hizo porque «una Justicia lenta no es Justicia».
En la legislación española no existe ninguna referencia a un plazo de tiempo máximo para celebrar un juicio. «En Sevilla se están enviando señalamientos para mediados de 2026, cuatro años de demora. Hay retraso en muchos sitios, pero depende del ámbito territorial y del tipo de juicio», señala Sánchez Bernal. Los similares al suyo, por la vía social, son los que padecen mayor dilación.
La Constitución establece en su artículo 24 el derecho de los ciudadanos a recibir una tutela efectiva y un proceso sin dilaciones. Algo que los letrados consultados por THE OBJECTIVE ponen en tela de juicio. Entre ellos, Sánchez Bernal, que asegura que no tuvo más remedio que presentar una demanda de amparo al Tribunal Constitucional en diciembre por vulneración de derechos. Los tribunales habían desestimado sistemáticamente todos recursos que interpuso por la tardanza.
Pronunciamiento del Constitucional
El abogado recibió en verano del año pasado un señalamiento que tuvo que leer en varias ocasiones. El motivo, la fecha en la que se fijaba el juicio: 7 de noviembre de 2024. A tres años vista. Una demora que resta sentido a la demanda de su cliente, un recién doctorado que reclama a la Universidad de Sevilla una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la formalización del contrato posdoctoral. El letrado sostiene que los tribunales padecen un mal endémico y que «una Justicia lenta no es Justicia».
Sánchez Bernal pidió apoyo institucional al Colegio de Abogados de Sevilla en su lucha contra los señalamientos tardíos. La institución hizo oídos sordos. El letrado recurrió entonces al Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional irrumpió en el asunto en mayo, cuando decidió admitir a trámite la petición, lo que supone todo un triunfo, ya que este órgano suele rechazar el 97% de los recursos que recibe. Se pronunciará este lunes.
«Tengo la corazonada de que va a ser un gran día para los justiciables. Seguro que vamos a brindar», afirma el letrado. El tribunal de garantías deberá posicionarse sobre si los señalamientos tardíos conculcan el derecho fundamental de los ciudadanos a una tutela judicial y, en ese caso, qué consecuencias tiene. Lo hará en virtud al artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sánchez Bernal cuenta con un aliado en esta batalla, el Ministerio Público.
El fiscal Fernando Cabedo ha emitido un informe de 11 páginas que apoya la demanda de amparo. Considera que se ha vulnerado el derecho del demandante a «un proceso sin dilaciones indebidas». Las posibilidades del tribunal de garantías son limitadas, pero Sánchez Bernal confía en que declare que el señalamiento tardío que recibió vulnera los derechos de su cliente y exija al juzgado de origen que establezca una fecha más acorde para la vista.
«Va a abrir una vía para pedir responsabilidades patrimoniales a la Administración de Justicia», reconoce el letrado. En su opinión, el pronunciamiento del Constitucional también permitirá solicitar responsabilidades disciplinarias y penales a los operadores judiciales, a los letrados y a los jueces que «insistan en hacer este tipo de señalamientos tardíos». Menos optimista es el abogado Roberto Mangas Moreno, que lleva un caso parecido.
Una madre soltera contactó con él para demandar a la Seguridad Social, que le había negado una prestación para cuidar a su hijo durante el primer año de vida. Mangas Moreno presentó la denuncia en el juzgado Social de Cádiz y recibió en junio el señalamiento. Se llevó una sorpresa cuando descubrió que habían fijado el juicio para el 13 de enero… de 2025. «Mi clienta tendrá que esperar tres años para estar con el niño. La demanda entonces ya no le servirá de nada», reconoce a THE OBJECTIVE.
Una demanda pionera
Mangas Moreno se lamenta porque los retrasos se han normalizado, especialmente los relacionados con el derecho laboral. Expone otro caso juzgado en diciembre en el que se reconoció una incapacidad permanente a su cliente. «La demanda se puso en 2020. Todavía no ha cobrado un euro». El abogado se queja de que estas demoras causan un gran perjuicio a los ciudadanos. Aunque reconoce que el gremio está «muy contento» con el recurso al Constitucional por los señalamientos tardíos, él es escéptico con el pronunciamiento. «Qué va a decir, que los retrasos existen?».
Hay un precedente, aunque el caso tuvo lugar hace muchos años, explica el abogado que ha recurrido al tribunal de garantías. «Fue un asunto de extranjería en el que el Constitucional amparó al recurrente porque se vulneró su derecho a un proceso sin dilaciones. Esta es una demanda completamente diferente, pionera, porque trata de combatir expresamente los señalamientos tardíos, da igual que se trate de una vista o de un juicio», insiste Sánchez Bernal.
Los ritmos judiciales son tan desesperantes que, en una encuesta reciente realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 72% de los españoles declaró que la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella. Tres de cada cuatro. Un porcentaje aún mayor, el 79%, sostenía que no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar de forma más rápida y eficaz.
«Soy consciente de los déficit de la Administración de Justicia. Hacen falta más medios materiales y más recursos humanos. Pero los tribunales no se pueden amparar en la falta de ellos para eternizar los procesos», esgrime Sánchez Bernal. En su opinión, la solución no depende solo de crear más juzgados o aumentar los recursos. Aboga por una reforma sustancial de la planta judicial, reorganizar los días de audiencia, fomentar los medios tecnológicos (como se ha hecho durante la pandemia) y adjudicar plazos máximos a los procedimientos.
