El PP catalán sigue los pasos de Ayuso y pedirá al Govern la creación de una Oficina Anti-Okupa
En Cataluña se producen el 42% de las okupaciones ilegales de toda España, según datos del Ministerio del Interior
El PP catalán exigirá al Gobierno de la Generalitat la creación de una Oficina Anti-Okupa para hacer frente a la ocupaciones que se suceden diariamente en la comunidad. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en Cataluña se producen el 42% de las ocupaciones ilegales de todo el Estado, pero entre las distintas políticas sobre vivienda promulgadas por el Govern -como la de fijar un tope al alquiler– de momento no se halla de la abordar la cuestión legal sobre la ocupación.
Por esta razón, el partido liderado por Alejandro Fernández quiere liderar esta iniciativa que afecta a los municipios más poblados de la región y en vistas a las elecciones municipales de mayo. No es casual que el PP de Mataró, una de las ciudades de España que más sufre este fenómeno, sea quien haya puesto sobre la mesa esta propuesta. El presidente del partido en Mataró, Cristian Escribano, se reunió el pasado lunes con Fernández para «tratar el drama de la ocupación».
«En Mataró sobrepasamos las 300 ocupaciones antes de terminar el primer semestre del año, y las cifras indican que sobrepasaremos las 900 al acabar el año. Las mafias y la marginalidad se apoderan de vecindarios enteros, y causa problemas inenarrables a los vecinos», afirma Escribano en la nota de prensa tras el encuentro en el Parlament.
Oficina con servicio de 24 horas
Ambos dirigentes destacan la importancia de aprobar una ley anti-okupas, como lo que ha propuesto su partido a escala nacional para desalojarlos en menos de 24 horas y endurecer las penas de cárcel contra las mafias que se dedican a esta actividad ilegal. «Sería una solución eficaz al problema, pero no será una realidad hasta que el presidente Feijóo llegue al Gobierno», advierte el presidente del PP en Mataró.
Su propuesta de Oficina -y que trasladarán al Govern- estaría compuesta por agentes de los Mossos d’Esquadra y del cuerpo de la Policía Local. Dicha oficina tendría como objetivo formar a los agentes para especializaros jurídicamente. Además de contar con un servicio telefónico las 24 horas los 365 días al año para atender a la población que sufre esta «lacra». La oficina debería servir para informar al ciudadano sobre cómo y dónde denunciar, pero también agilizar la intervención policial en caso de que la ocupación se esté produciendo en el mismo momento de la llamada.
Como también recuerdan desde el PP catalán, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presido por Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha una oficina de estas características en el que policías especializados y formados jurídicamente atienden un servicio del 112 que funciona 24 horas los 365 días al año.
El exalcalde de Badalona del PP, Xavier García Albiol, es también una de las voces más duras con la «permisividad» que a su juicio muestra el Govern con la ocupación ilegal. El edil del PP se ha enfrentado directamente en alguna ocasión con okupas y su eje de campaña para las municipales versa sobre su compromiso de «luchar» contra esta actividad ilegal.
Desalojo exprés
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 18,1 meses en 2021. Por esta razón, varios partidos instan al Ejecutivo a abordar un cambio legislativo que facilite el desalojo exprés.
Como informó THE OBJECTIVE, el PDeCAT -que busca desmarcarse de Junts- negocia en el Congreso una proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles. Su iniciativa contempla que se pueda desalojar a los okupas de las viviendas en tan solo 24 ó 48 horas, tal y como ocurre en países como Francia o Reino Unido.
La iniciativa parlamentaria recoge una medida cautelar debatida en el Primer Congreso de Ocupación Ilegal de Málaga, celebrado el pasado 19 y 2o de mayo, y que fue defendida por la Abogacía de Málaga, junto al Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró. El evento fue inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, y las fuentes consultadas por este medio explicaron que hay un «amplio consenso social y político» para abordar una problemática que en otros países de nuestro entorno tiene fácil solución.
No obstante, el PP en Cataluña ve difícil que se apruebe una ley de esta naturaleza si no se produce un cambio en Moncloa. El partido de Alejandro Fernández tiene como primer objetivo lograr un avance en Cataluña, aunque lamentan que el Govern, muy probablemente, se pondrá de perfil en este asunto.
