Una juez reactiva la causa contra tres altos cargos del Gobierno por los contratos covid
Desoye a la Fiscalía y les volverá a tomar declaración en noviembre. A raíz de una querella de Vox, se investigan contratos por los que el Ejecutivo pagó 310 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al exministro de Sanidad Salvador Illa (i). | Europa Press
El caso sigue vivo a pesar de que la Fiscalía pidió su archivo. El Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid ha ampliado diligencias y volverá a tomar declaración, el próximo mes de noviembre, a los dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y la directora general del Ministerio de Hacienda investigados por presuntas irregularidades en una docena de contratos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola de la pandemia. Una investigación que ha sido prorrogada hasta finales de año a pesar de que el Ministerio Público solicitaba cerrar el caso, según han informado fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
La Fiscalía Provincial de Madrid había pedido a principios de junio el archivo de la causa, iniciada a raíz de una querella de Vox que iba dirigida contra tres altos cargos del Ejecutivo, a quienes se investiga por posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario. El Ministerio Público consideraba que la querella formulada por esa formación política se sustentaba «en meras conjeturas y sospechas». Añadía que Vox no había concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» necesarios para llevar a cabo una investigación.
Sin embargo, la juez a cargo del caso no solo ha descartado la solicitud de la Fiscalía sino que ha decidido prorrogar la causa y practicar nuevas diligencias para esclarecer si los hechos denunciados pudieran concurrir con un presunto delito de malversación. Las pesquisas se centran por el momento en una docena de los 56 contratos incluidos en la querella de Vox, por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa.
La titular del Juzgado acordó prorrogar otros seis meses la investigación el pasado 13 de junio, en contra de la solicitud de archivo de la Fiscalía, tras la ampliación de la querella interpuesta por Vox. Y como parte de las nuevas diligencias acordadas, el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid ha tomado la decisión de citar a declarar de nuevo a los tres investigados para el próximo mes de noviembre, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario. El partido de Santiago Abascal sostiene que los contratos firmados por el Ingesa se suscribieron sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, en su querella inicial, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de «dudosa» existencia puesto que no tenían denominación social ni fiscal en España.
Altos cargos del Gobierno
La propia juez Concepción Jerez tomó declaración el pasado mes de abril, en calidad de investigados, a los tres altos cargos del Gobierno contra los que iba dirigida la querella: Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ahora jubilado; Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Dgrcc) del Ministerio de Hacienda, y Patricia Lacruz, exdirectora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (Dgsnsf).
Esta última funcionaria fue cesada en su cargo el pasado 30 de agosto -después de que la jueza decidiera ampliar y prorrogar la investigación-, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). La directora general de Farmacia, que protagonizó la polémica adquisición de test fallidos a una empresa china a principios de la pandemia, presentó su dimisión alegando motivos personales, según avanzó el diario La Razón.
La juez les tomó declaración sobre las adjudicaciones a empresas, en su mayoría chinas, que no tenían domicilio fiscal ni razón social en España. Los tres investigados defendieron ante la juez haber actuado conforme a la normativa vigente y aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores, según informaron fuentes jurídicas. En concreto, Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados. La Fiscalía, que ni siquiera estuvo presente el día en que se les tomó declaración, exculpó a los investigados y pidió archivar la causa contra ellos.
Los contratos que investiga la juez
El principal de los contratos contratos investigados por el momento es el que Ingesa adjudicó a la mercantil Hongkong Travis Asia Limited. Una operación por la que se pagaron 196,5 millones de euros a cambio de 56,2 millones de mascarillas sin clasificación de nivel de protección a una misteriosa mercantil cuyo domicilio fiscal estaba fuera de España y que no registraba ninguna actividad en Internet. Además, tampoco se conocía quién estaba detrás de ella, a pesar de que ese contrato suponía casi el 20% del fondo de contingencia de mil millones que el Gobierno había reunido de urgencia para el suministro de material sanitario durante la primera fase de la pandemia.
Según reveló Vozpópuli, en base a información del Registro Mercantil de Hong Kong, la gestión administrativa derivaba en sociedades de reciente creación, muchas de ellas constituidas con un capital social de 10.000 dólares hongkoneses (aproximadamente 1.200 euros). La figura de secretario la ostentaba una persona jurídica, Hung Kai Registrations (HK) Limited, multada por las autoridades locales con 90.000 dólares hongkoneses (cerca de 11.000 euros) por incumplimiento de la ordenanza «contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo».
De acuerdo a la querella de Vox, en los contratos investigados por la juez Concepción Jérez se detectaron sobrecostes muy elevados, con una media de un 300% de incremento en el precio. Otras de las adjudicaciones denunciadas por Vox son la compra de 1.000 respiradores a la empresa china Sysmed; la adquisición de batas desechables a la Weihai Textile Group; o el suministro de reactivos e hisopos para PCR por valor de 4,2 millones de euros a la empresa Value and Bro SL, cuyo objeto social era el asesoramiento legal o laboral. Además de este último proveedor, la querella destaca también otra serie de empresas a las que Sanidad y Hacienda adjudicaron contratos para traer material sanitario a empresas cuyo objeto social otro muy distinto a el suministro de material sanitario.
Es el caso de FCS Select Products, que se dedicaba a la comercialización de bebidas alcohólicas y a la que se compraron 10 millones de guantes nitrilo y 150.000 gafas de protección. También se compraron respiradores a Hyperin Grupo Empresarial, una sociedad que acababa de crearse para la fabricación de elementos de yeso. Se le abonaron 2,7 millones de euros por adelantado por unos respiradores para el suministro de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva del modelo Vivo-65 que nunca llegó a suministrar.
La Fiscalía exculpa a los investigados
En el escrito en el que solicitaba el archivo de la investigación, la Fiscalía exculpaba a los tres querellados en los hechos denunciados por Vox. Para el representante del Ministerio Público resultaba «relevante» la declaración que en sede judicial hizo el director de Ingesa quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, «donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases».
En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común de Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el fiscal aseguraba que la primera de ellas asumió el cargo del órgano de contratación respecto del Ingesa durante solo cinco días, «sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa». Respecto a la segunda de las investigadas, indicaba el Ministerio Fiscal, «nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal».
La Fiscalía provincial de Madrid consideraba que existe una falta «total» de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y los indicios existentes contra los investigados. Añadía que era no era posible exigir responsabilidades a los investigados en el contexto de un procedimiento penal. No obstante, algunos de los contratos investigados en esta causa son objeto también de la investigación abierta el pasado mes de abril por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia del PP de Madrid para esclarecer posibles irregularidades por parte del Gobierno en la adquisición de material sanitario durante la primera ola de la pandemia a empresas vinculadas a varios ministros. Entre ellos, Nadia Calviño, Salvador Illa y José Luis Ábalos.
