El Consejo Fiscal pide incluir en la ley del aborto tres días de reflexión para las menores
Propone también incluir expresamente la violencia ginecológica y obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo
El Consejo Fiscal se ha vuelto a dividir en el dictamen sobre el proyecto de ley del aborto, un texto que propone cambiar para recuperar los requisitos de información previa y de tres días de reflexión para las mujeres de 16 y 17 años que decidan interrumpir su embarazo, según informa la agencia Efe.
La Fiscalía General del Estado informó este viernes del aval del Consejo Fiscal al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo para, entre otras medidas, suprimir la obligatoriedad del consentimiento paterno para el aborto en esas edades y garantizar que la red pública sea la referencia en estas intervenciones.
Según la Fiscalía, el informe valora la iniciativa legislativa, ya que supone «un reforzamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de su efectividad y garantía», al tiempo que «incorpora además al ordenamiento jurídico español las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo y las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios internacionales, particularmente el Convenio de Estambul y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
De acuerdo con la información distribuida por la Fiscalía, el Consejo Fiscal propone incluir expresamente la violencia ginecológica y obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo y la adaptación de la Ley de Autonomía del Paciente al nuevo sistema de apoyos a las personas con discapacidad.
Pero la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha añadido en un comunicado que en el texto se introdujeron dos preceptos que figuraban en el anteproyecto de ley y que posteriormente fueron suprimidos en su último paso por el Consejo de Ministros: la obligatoriedad de proporcionar información previa a las menores de edad y el mantenimiento de un plazo de al menos tres días entre la información a la menor y la realización de la intervención.
En este caso, siete de los 12 miembros del Consejo votaron a favor, mientras que los miembros de la UPF anunciaron voto particular al dictamen, según han precisado a Efe fuentes fiscales.