La nueva 'ley okupa' que propone el PSOE deja fuera el 70% de los casos que hay en España
La normativa se refiere solo a los casos de «allanamiento de morada», excluyendo a los inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda
El PSOE sorprendía este miércoles anunciando a bombo y platillo una modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para echar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, atendiendo a la letra pequeña de la enmienda vemos que, en la práctica, apenas cambia nada. Esta nueva normativa se refiere únicamente a los casos de «allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles», es decir, la clásica patada en la puerta, dejando fuera a los inquiokupas, inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda. Una ‘plaga’ que ya es el método más común de okupación en España, alcanzado el 70% de todos los casos, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
La pandemia dio alas a este nuevo fenómeno. Tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno prohibió los desahucios de todas las personas que estuvieran afectadas económicamente por la covid y en diciembre de ese mismo año ampliaron esos requisitos a todos los considerados «vulnerables». De esta forma, el okupa, alegando minusvalía, desempleo o menores a cargo, puede acudir a los servicios sociales para que se le considere una persona vulnerable y así el casero no podrá echarle en años. Según fuentes judiciales, en España hay unas 80.000 viviendas okupadas.
Es la situación que sufre Yolanda Florin, portavoz de la Plataforma Afectados por la ocupación. La que era su inquilina desde 2016 dejó de pagarle los 520 euros del alquiler en mayo de 2019. Con una sentencia en firme que reconoce que la okupa debe abandonar la vivienda por impagos, la ‘inquilina’ se acoge a la ley de escudo social que impide los desahucios. Alega que no tiene trabajo y, en consecuencia, el juez, atendiendo a los informes de los trabajadores sociales, no dicta un alzamiento por su condición de vulnerabilidad.
«A ella no le pasa absolutamente nada. Es una mujer española de 52 años que no trabaja porque no quiere», asegura Yolanda en declaraciones a THE OBJECTIVE. «Siempre ha trabajado en negro como tarotista, la última vez que trabajó cotizando en la Seguridad Social fue en 2007», señala la propietaria del inmueble, situado en el distrito madrileño de Villaverde, una de las zonas más afectadas por la inquiokupación.
Ahora, Yolanda y su marido se ven obligados a doblar turno en el trabajo para pagar la hipoteca de su vivienda okupada y la del piso donde residen junto a sus tres hijos. La madrileña asegura que la okupa le debe casi 20.000 euros y que servicios sociales le ha dado una solución habitacional de piso compartido pero lo ha rechazado «porque vive con cuatro gatos y no se quiere separar de ellos».
Falsos vulnerables
Es el mismo infierno que vive María Luisa Lozano. En su casa, ubicada en el barrio de Carabanchel, vive una familia de búlgaros: una mujer de unos 40 años, su hija de 16 y la abuela. Alegan que no tienen trabajo, por lo que también quedan protegidos por la ley de escudo social que impide los desahucios. Le deben más de 24.000 euros desde que en abril de 2020 dejasen de pagar los 620 euros del alquiler más los gastos de suministros.
«La vulnerabilidad es mentira. Ella ha trabajado en discotecas y restaurantes, pero entiendo que le pagarían en negro», cuenta la afecta a este diario, que denuncia la «falsa vulnerabilidad» de quien lleva años «trabajando en negro». Mientras tanto, María Luisa, que recibió el inmueble tras separarse de su marido y ahora se encuentra de baja por depresión como consecuencia de la situación, vive en casa de diferentes amigos debido a que su economía es «crítica».
«La ley te hace vulnerable. Los propietarios no podemos ser el escudo social de nadie», denuncia María Luisa, que para colmo ha sido denunciada por la propia ‘okupa’ «por acoso». El ‘acoso’ de María Luisa: dormir algunas noches en el portal de su casa –saco y almohada en mano– en protesta por la «surrealista e injusta» situación que está viviendo.
El 4% de los propietarios, con viviendas sin alquilar por miedo a los okupas
Esta situación de vulnerabilidad y sensación de desprotección jurídica a raíz de los recientes cambios normativos del Gobierno, ha hecho que cada vez haya más propietarios que prefieren tener sus casas cerradas y deshabitadas sin alquilar por miedo a que puedan ser okupadas por su propio inquilino.
El número de viviendas vacías en España aumentó desde 2001 en 336.943 (un incremento del 10,8%) hasta situarse en los 3,4 millones en 2011 según el último dato disponible del INE en su Censo de Población y Viviendas. En línea, un 61% de personas en España son propietarias de una o más viviendas, de las que un 4% tiene alguna vacía y, de ellas, un 42% la tiene vacía desde hace más de dos años, según el análisis ‘Viviendas vacías en España’ de Fotocasa.
«Los mayores temores suelen ser que el inquilino no pague el alquiler y que se produzca un maltrato a la vivienda. Y por supuesto también la okupación, ya sea del propio inquilino o de alguien externo que, a sabiendas que la vivienda permanece vacía decida ocuparla», señala a THE OBJECTIVE Joao Cardoso, CEO del distribuidor de seguros Lovys, que aconseja que ante esta «situación de incertidumbre» por parte del propietario la mejor opción es la contratación de un seguro de impago de alquiler «que garantiza a los propietarios el pago de las mensualidades de la renta y que ofrece apoyo legal en caso de ser necesitado e indemnizaciones en caso de actos vandálicos».
De esta forma, según una encuesta realizada el pasado mes de abril por el distribuidor de seguros, más de dos de cada tres encuestados que tienen una vivienda en alquiler (67,57%) indican haber tenido malas experiencias al alquilar, siendo la poca garantía de cobro de la renta (62,48%) uno de los principales obstáculos a los que han tenido que hacer frente.
En este sentido también se pronuncia a este periódico Jesús Pérez, director de Finaer, una compañía de garantías de alquiler que ha llegado a ser ‘número uno’ en Argentina y lleva un año en España, que defiende «dotar al propietario de un proceso más ágil y
veloz ya que la sensación es de indefensión aun contando con herramientas legales».
El precio del alquiler en España sube un 6,4%
La enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas ha abierto una nueva grieta son su socio de gobierno, Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado que la «‘okupación’ no es un problema» del país mientras que sí es una «urgencia» actuar ante la subida de las hipotecas o los precios del alquiler –que han subido un 6,4% interanual en agosto, el mayor alza de 2022– instando a prolongar la limitación de subida al 2% que está dentro del decreto anticrisis.
Los expertos consultados coinciden en que si bien es cierto que la situación socioeconómica actual y el alto coste de vida son factores que afectan tanto a propietarios como a inquilinos, «en el actual contexto de inflación, la situación económica actual empeorará y derivará en un mayor impago de rentas». «La limitación del precio del alquiler es una medida limitada en el tiempo, por lo que su impacto en el mercado de alquiler podría ser también limitado», apunta el CEO de Lovys.
Una teoría que también apoya el director de Finaer, quien hace referencia a las «consecuencias» que esta medida ha tenido en otros países o, incluso, Cataluña, donde los efectos «han sido contrarios a los esperados». «Creo que meter la tijera en el precio sin ninguna acción que lo compense no es la medida más acertada. Entiendo la preocupación de las instituciones por el acceso a la vivienda de familias vulnerables, pero la intervención del Gobierno en un mercado tan complejo como el del alquiler debe ser más de incentivo que de limite», concluye el experto.
