El 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera
Los africanos cometen el 20% de las violaciones en nuestro país a pesar de que, demográficamente, tan sólo suponen el 2,4% de la población
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) no engañan, pero hay que encontrarlos. 491 personas fueron condenadas en 2021 en España por delitos de agresión sexual. De estas, 267 tienen nacionalidad española (el 54,38%) y 224 son extranjeros (el 45,62%). Dentro de este grupo, destacan 93 africanos, el 20%, cuando demográficamente los originarios de ese continente tan sólo representan el 2,4% de la población española.
En comparación con años anteriores, esto supone un claro auge de los delitos de agresión sexual. En 2020 se produjeron 428, de las que 238 fueron perpetradas por españoles y 190 por extranjeros (el 44,39%). Hace tan sólo cinco años, en 2017, este porcentaje era del 42,38%, dentro del cual el 13,44% eran africanos.
Si dentro de los delitos de agresiones sexuales se considera el más grave, el de violación, los datos son parecidos. De las 46 condenas por violación emitidas en 2021, el 22 respondieron a españoles frente a 24 a extranjeros: el 52,17%. Esto significa que el 11,39% de la población (5.440.118 personas sobre 47.435.597) comete más de la mitad de las violaciones.
THE OBJECTIVE ha obtenido estos datos filtrando la búsqueda en el portal del INE, ya que el informe facilitado por este organismo el pasado 15 de septiembre no ofrecía una criba por nacionalidad en el caso de condenados por un delito de agresión sexual. Sí especificaba, sin embargo, que «la mayor parte de los condenados en 2021 tenía nacionalidad española» (75,2%), en relación al cómputo global de delitos cometidos el año pasado, aunque estos fueran en su mayoría de menor gravedad: seguridad vial (23,7%), lesiones (17,2%) y hurtos (14%).
No obstante, atendiendo a la tasa de condenados por cada 1.000 habitantes mayores de edad, la de los condenados de nacionalidad extranjera (15,9%) es superior en 2,6 veces a los de nacionalidad española (6,1). Entre los extranjeros, los países de América representaron el mayor porcentaje de sentenciados (33,9% del total).
Dicho informe resaltaba que crecía la violencia sexual castigada por la Justicia en nuestro país, por cuanto en 2021 hubo un 34,6% más de condenas que en 2020, atribuyéndolo a que hay un auge de las denuncias, motivado por una mayor concienciación social. Y destacaba también que la mayoría de los criminales sexuales son hombres: el 97,9 % de las condenas fueron para adultos varones, una cifra del 96,8 % entre los menores.
Pero no resaltaba que este auge se ha producido cuando el Gobierno de España destinó 429 millones de euros al Ministerio de Igualdad; un gasto récord -superado en 2022, con 525 millones- que no ha impedido que se disparen las agresiones sexuales. Estas, en lo sucesivo, podrían ser castigadas con menor severidad gracias a la ley del sólo sí es sí de Irene Montero: los expertos advierten de que implica reducciones a la baja de aquellas condenas por violación, y ya hay presuntos violadores que esperan la aprobación de la norma para ser juzgados conforme a esta.
¿Y en 2022?
Tendremos que esperar al segundo semestre de 2023 para conocer los datos de condenas de este año, y ver si la inercia continúa siendo ascendente en cuanto al porcentaje de extranjeros que cometen delitos de agresiones sexuales. Por lo pronto, lo único de lo que disponemos es de los datos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad, que muestran una inercia preocupante. Las 1.211 agresiones sexuales con penetración registradas en los primeros seis meses de este curso suponen 256 más que las registradas en 2021 (955). Esto es, se han disparado en un 26,8%.
Pudiera parecer que este incremento se debe al desconfinamiento, pero la comparación con 2019, año previo a la pandemia, desmonta la tesis: hace tres años la cifra era de 825 casos (386 menos que ahora). Desde el Ministerio del Interior arguyen, por tanto, que se debe a que «las políticas de concienciación social que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar». Pero el departamento de Fernando Grande-Marlaska no ofrece, tampoco, datos disgregados por nacionalidad.
